¿Una cuestión de negocio?

El Ministerio de Cultura fue creado en Francia, en 1958, por (y hasta podría decirse para) André Malraux, con tres objetivos principales: a) aumentar el “brillo” y el prestigio de la cultura nacional en el mundo; b) difundir la cultura a nivel municipal entre los jóvenes (las “casas de cultura” de los Ayuntamientos), y c) proteger aquellos bienes del patrimonio estatal (tanto material como inmaterial) que se consideraban de especial valor y que, abandonados a la lógica mercantil, habrían perecido o sufrido graves daños; y estos tres objetivos han venido siendo, hasta nuestros días, la justificación general de este tipo de ministerios allí donde han existido. A mi modo de ver, el objetivo c) conserva toda su vigencia en nuestros días, e incluso la ha aumentado, y sería una perfecta legitimación para defender la necesidad de esta institución.

Tengo la impresión, sin embargo, de que el objetivo b) ha sido corrompido o pervertido (al menos en nuestro país) por las políticas demagógicas y/o identitarias practicadas efectivamente por Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, y de que el objetivo a), que a mí particularmente siempre me pareció sospechoso, se ha convertido en algo completamente distinto y ha invadido el terreno del objetivo c) en la medida en que, merced a una confusión (si no colusión) entre poderes públicos y privados, se ha producido una modificación de facto del estatuto de los bienes culturales, que, en lugar de considerarse relativamente a salvo de la lógica mercantil, tienden hoy día a evaluarse como un área de negocios como cualquier otra, es decir, por su valor económico producido en términos de resultados (¿quién no se acuerda de la patriótico-comercial exaltación del “valor económico del español”?), lo que ha envenenado la mayoría de los sectores culturales (empezando por el editorial) con su práctica reducción al marketing.

Lo que a uno ha de preocuparle, en todo caso, es la cultura, no el ministerio.

Me he referido en diversas ocasiones a la manera en que esta operación ha causado un mal mayor: expropiar a los creadores de cultura de los instrumentos para evaluar autónomamente sus producciones al margen del mercado (incluido el mercado de las identidades). Y si la cultura queda reducida a negocio, no solamente se trastornan por entero las jerarquías de los valores culturales, sino que un ministerio del ramo podría no significar más que un ministerio del negocio. Dicho en menos palabras: el Ministerio de Cultura está justificado precisamente porque se parte de la suposición de que la Cultura no es un negocio ni puede gestionarse o evaluarse como negocio.

Si esta suposición desaparece —y hay que reconocer que al menos no está atravesando su mejor momento—, hay que reconocer que la existencia del Ministerio de Cultura podría llegar a resultar, como mínimo, igual de perversa que su abolición. Dicho lo cual, añado que por supuesto lo que a uno ha de preocuparle, en todo caso, es la cultura, no el ministerio. Y que, puestos a suprimir alguno, yo propondría que quitasen primero el de Fomento (por lo menos hasta que se viese claro qué es lo que hay que fomentar) y el de Economía y Hacienda (al menos mientras Goldman Sachs lo tenga reducido a la trivialidad o a la ventriloquia).

José Luis Pardo es escritor y filósofo, autor de Esto no es música. Introducción al malestar en la cultura de masas, entre otros títulos.