Reformas ideológicas

El Gobierno del PP ha comenzado a mostrar, al mes de su constitución, sus planes de reforma preferentes en campos ajenos a la economía. De manera sorpresiva, y sin dar opción de réplica a la oposición, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció en el Congreso la intención del Gobierno de que sean los jueces, y no el Parlamento, quienes elijan a la mayoría de los miembros —12 de 20— del Consejo General del Poder Judicial.

A esta reforma, sin duda la de más calado institucional, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha añadido la introducción de la cadena perpetua para delitos graves —“prisión permanente revisable”, en la terminología del político—, la eliminación de la ley de plazos para el aborto con expresa voluntad de exigir el consentimiento paterno para menores de 16 y 17 años que decidan abortar, el juicio conjunto de adultos y menores en causas por delitos graves en que estén implicados y el copago judicial a partir de la segunda instancia bajo el pretexto de reducir la litigiosidad.

Por el tipo de asuntos a que se refiere, esta batería de reformas parece responder, más que a objetivos de regeneración democrática, a motivaciones ideológicas sentidas por la mayoría de votantes del PP. Se observa especialmente en la propuesta de llevar el castigo penal al límite de la Constitución con la cadena perpetua, a pesar de que la pena máxima en España ya está en los 40 años o en devolver a la familia su sentido jerárquico al permitirse que una menor, previa información a sus padres, decida sobre algo tan íntimo como su embarazo. Solo motivos ideológicos puede haber también detrás de la posible eliminación de la ley de plazos aprobada hace dos años y que consagraba el derecho de la mujer a decidir libremente, por cuanto dicha norma no supone un mayor acceso al aborto.

De otro lado, sustraer al Parlamento la elección del Consejo General del Poder Judicial para atribuírsela a los jueces ha sido una tentación permanente del PP, acuciado por una derecha judicial que considera que el poder jurisdiccional es suyo y no del Estado. Aunque la elección parlamentaria ha dado lugar a una exacerbada instrumentalización partidista del máximo órgano de gobierno de los jueces, como sabe bien el actual partido gobernante, el remedio no está en desvincularlo del Parlamento, sede de la soberanía popular.