33 abogados critican a su consejo por "distorsionar" el juicio de las escuchas

Un grupo de 33 abogados del Colegio de Madrid, encabezados por Cristina Almeida, han enviado un escrito al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) desvinculándose del comunicado que esta organización emitió el pasado 19 de enero a propósito y coincidiendo con la última sesión del juicio a Baltasar Garzón por la intervención de las comunicaciones de imputados de la trama Gürtel. En él, el Consejo tachaba de "repugnantes" las escuchas. Para este grupo de abogados, ese comunicado supuso "una injerencia manifiesta en la actuación de los tribunales" que  "distorsiona burda y gravemente lo acaecido en el juicio".

Este grupo de abogados no está de acuerdo ni con la forma ni con el contenido de ese comunicado, con el que no se sienten representados. Opinan que "pese a que realiza un llamamiento a la responsabilidad colectiva para que la justicia pueda actuar con serenidad", el CGAE emite una opinión "ignorando y manipulando descaradamente lo que todos hemos podido ver y sobre todo escuchar en las retransmisiones de las sesiones del juicio que han venido realizando los distintos medios de comunicación"."Cabe preguntar cuál es el verdadero interés de este Consejo en distorsionar la realidad de lo que se ha dicho".

Los abogados llaman la atención sobre una aparante contradicción del Consejo cuando "se abstiene, por ejemplo, de efectuar consideración alguna sobre la irregular actuación del abogado querellante Ignacio Peláez, al comunicar en prisión, estando su cliente en situación de libertad provisional, con los acusados de ser los principales cabecillas de la trama Gürtel, sin ser su abogado ni ellos sus clientes, sin autorización del juez instructor ni del colegio de abogados, y sin haber podido acreditar a lo largo de todo el procedimiento que hubiera sido expresamente llamado por cualquiera de los internos con los que se comunicó". 

El escrito de este grupo de letrados recuerda que Peláez ya fue objeto de investigación "porque prevaliéndose de su condición consiguió el acceso de dos personas a los calabozos de la Audiencia Nacional como falsos compañeros de despacho con el fin de que pudieran comunicar con un militar argentino extraditado por España por crímenes contra la humanidad".

Los abogados denuncian que han tenido conocimiento de que "implicados en la trama Gürtel hacían valer entre sus supuestos méritos para las adjudicaciones de diversos concursos el haber trabajado para el propio Consejo General de la Abogacía en la realización de actos", razón por la que la organización debía haber guardado "un prudente silencio y desde luego un respeto a lo verdaderamente acaecido en el juicio ante el Supremo".

Los letrados concluyen que son conscientes de que hay abogados "vinculados a tramas de corrupción y blanqueo de capitales o creación de sociedades interpuestas para la comisión de delitos" y que ellos, "no necesitan ninguna defensa" del Consejo General de la Abogacía.

Este escrito de denuncia lo firman los siguientes abogados: Cristina Almeida, Ignacio Montejo, Jaime Sanz, Juan Puig, Jesús Calpe, Virginia Castillo, Francisco José Conde Morales, Jorge Danés Rubio, Lydia Falcón O'neil, Fátima González Ortiz, María del Pilar Hildalgo-Barquero, Andrés Miguel Martín García, Manuela Montejo, Jacinto Lara, Ángeles López, Andrés López, Raúl Muñoz, Guillermo Ortiz, Juan Carlos Rico, Carlos Slepoy, Eric Sanz de Bremond, Marc Sanz de Bremond, Sara Vicente Collado, Ana Belén Vicente Miñarro, Mónica Ruiz Butragueño, Anna Salort Pons, María Luz García Carrillo, Rocío Martínez de Tejada, Elena Benítez Imedio, Tania Pose Insua, Sol Palacios-Cuelo González, Julia Clavero Navarro y Ana Sanz Rojas.