El Gobierno evita el examen previo para cubrir las instituciones

El Consejo de Ministros ha hecho un nombramiento que podría ser ilegal y que, en todo caso, se salta la ley que regula la comparecencia previa de altos cargos en el Congreso. En concreto, el nombramiento del presidente del Consejo de Estado, la institución que asesora al Gobierno sobre el cumplimiento de la ley, podría ser ilegal. Según denuncia el PSOE, el Consejo de Ministros ha omitido el trámite obligado de comunicar el nombramiento al Congreso y esperar a la comparecencia del designado ante la Cámara baja.

El pasado viernes, el Ejecutivo aprobó el nombramiento de José Manuel Romay Beccaría y lo envió al BOE. Sin embargo, la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración del Estado, exige un trámite previo en el Congreso.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el portavoz del PP, Alfonso Alonso, explican que buscarán una fórmula para que Romay comparezca en la Cámara, pero a posteriori, cuando haya tomado posesión. La explicación del Gobierno se basa en un problema normativo, consistente en que la ley invocada por el PSOE y elaborada bajo el mandato de Rodríguez Zapatero no tiene carácter orgánico, sino ordinario, mientras que la del Consejo de Estado sí es orgánica, es decir, de mayor jerarquía normativa y, por eso, no se puede considerar modificada.

No obstante, al final de la anterior legislatura el Gabinete cumplió con el trámite de comparecencia previa en el nombramiento del responsable de la Agencia de Protección de Datos, a pesar de que la ley que regula este organismo es también orgánica.

La exigencia de comparecencia previa recogida en la ley es clara, porque el artículo 2 de la ley de conflictos de intereses señala: “El Gobierno, con carácter previo al nombramiento del Presidente del Consejo de Estado, pondrá en conocimiento del Congreso el nombre de la persona propuesta para el cargo a fin de que pueda disponer su comparecencia ante la comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su Reglamento. (...) La comisión emitirá un dictamen en el que establecerá si se aprecia o no la existencia de conflicto de intereses”. Por eso, el PSOE ha pedido al presidente del Congreso, Jesús Posada, que intervenga.