El presidente del Tribunal de Madrid expedienta al juez que instruyó Gürtel

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, ha abierto “un expediente” a quien durante casi tres años ha sido el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, una de las causas de corrupción más complejas y voluminosas que se instruyen en España en los últimos años.

Entre otros argumentos, Vieira fundamenta el expediente en la no tramitación por parte de Pedreira de una cuestión de competencia negativa ante el Tribunal Supremo para dilucidar qué órgano —si el Tribunal Superior de Madrid o el de Valencia— debía investigar el cohecho que Anticorrupción atribuye a Pedro García, exdirector general de Canal 9. Este cohecho tiene relación con los contratos fraudulentos de la visita del Papa a Valencia en 2006, que depararon comisiones a las empresas de la red Gürtel por casi tres millones de euros, de los que 500.000 fueron supuestamente para García.

El principal delito que se imputa a García, el cohecho, habría prescrito el pasado 8 de enero, según entiende la Fiscalía Anticorrupción. La Sala de lo Penal, en una decisión de Vieira y su colega Emilio Fernández Castro, rechazó imputar a Pedro García a pesar del voto particular en contra del tercer juez de la Sala, José Manuel Suárez Robledano, que alertó sin éxito a sus colegas sobre la prescripción del delito.

En este contexto, Vieira envió el pasado 13 de marzo la incoación de su expediente contra Pedreira a los servicios de inspección del Consejo del Poder Judicial. Y, además, pidió un informe a la secretaria de su tribunal, Julia Fabián, para que explique por qué no se tramitó esa incidencia, subsanada sin mayor problema hace poco más de un mes por el actual instructor del caso Gürtel, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Fuentes jurídicas sostienen que detrás de expediente se halla un intento de Vieira de apartar a Pedreira de la Sala de lo Penal y Civil que preside para poder ejercer sobre ella un mayor control, dadas las fuertes desavenencias que existen entre los cuatro magistrados que la conforman: el propio Vieira, Suárez Robledano, Pedreira y un juez de apoyo nombrado por el anterior Consejo del Poder Judicial, pero que no es titular de la misma: Emilio Fernández Castro. Estos jueces son los que tramitan las causas en las que hay aforados (diputados autonómicos madrileños o miembros del Gobierno regional) y también la que enjuicia las querellas que se interponen contra los jueces de la región. Según estos medios, apartando a Pedreira, Vieira trata de exhibir su poder de presidente en la Sala. Y evitar así los constantes votos particulares a que son sometidas muchas de las resoluciones que ha adoptado junto al juez de apoyo Fernández Castro.

Casi todos los votos particulares han sido emitidos por el magistrado Suárez Robledano, ex portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y se han hecho más patentes durante el tiempo en que Pedreira estuvo fuera de la Sala instruyendo el caso Gürtel. Decenas de resoluciones adoptadas por mayoría entre Vieira y Fernández Castro se han topado con votos particulares de Suárez Robledano. Uno de esos votos particulares fue, por ejemplo, el que formuló en la resolución en la que Vieira y Fernández Castro decretaron anular las escuchas que mantuvieron en la cárcel los cabecillas de la red mafiosa Gürtel con sus abogados. Y que supuso un precedente para la posterior condena por el Supremo del juez que ordenó esas escuchas, Baltasar Garzón.

Detrás del expediente incoado a Pedreira, los citados medios jurídicos atisban la siguiente jugada: Pedreira es magistrado de elección autonómica. Es decir, por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial tras optar entre una terna de candidatos propuesta por la Asamblea de Madrid. Lleva 20 años en el Tribunal Superior, al que accedió tras ocupar la jefatura de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid, cargo al que accedió por oposición y obtuvo el número uno. Si Pedreira tuviera que marcharse de la Sala Penal y Civil, la asamblea madrileña, controlada ahora por el Gobierno de Esperanza Aguirre, sería la encargada de nombrar la terna con sus posibles sustitutos, todo ello en un momento de especial convulsión.

Robledano advirtió sin éxito de que uno de los cohechos iba a prescribir

Fuentes jurídicas señalan que Vieira y Fernández Castro han pedido verbalmente a Pedreira, de 66 años, que pida la baja médica y deje el tribunal debido a su problema de movilidad física, lo que daría luz verde a la Asamblea de Madrid para proponer una terna de sustitutos. De ahí extraen las citadas fuentes el expediente abierto ahora por Vieira a Pedreira luego de casi tres años instruyendo el caso Gürtel, causa que Pedreira remitió a finales del año pasado al juez Ruz con más de medio millón de folios.

El expediente se debe a que Pedreira no tramitó ante el Supremo una cuestión de competencia negativa. Es decir, cuando empezaron a salir implicados en el caso políticos y funcionarios de Valencia, Pedreira remitió a sus colegas de esa comunidad una parte de la causa al entender que los delitos se habían cometido allí. Pero Valencia rechazó investigar esa parte y la devolvió a Pedreira. Al ver que le llegaba devuelta la causa, Pedreira, con fecha 20 de septiembre de 2011, firmó una resolución, que ocupa 20 folios, en el que eleva este incidente ante el Supremo. Sin embargo, el escrito no llegó al alto tribunal. Hecho ya subsanado por Ruz.

La secretaria judicial del Tribunal Superior de Madrid, Julia Fabián, ha comunicado a Vieira que Pedreira solía despachar con la oficial encargada de tramitar Gürtel, y que ella no tuvo conocimiento de esa resolución. Vieira ha pedido también a Fabián información sobre dos colaboradores que tuvo Pedreira en el tramo final de la instrucción de Gürtel. Según los citados medios, se trata de un asistente del magistrado para ayudarle en su problema de movilidad y de un funcionario judicial que le fue designado como apoyo por la Consejería de Justicia de Madrid.

Al periodo de tensión que vive ahora la Sala de lo Penal se une el hecho de la posible prescripción del delito de cohecho que se atribuye al exjefe de Canal 9 por la visita del Papa, Pedro García. Vieira y Fernández Castro desatendieron un voto particular de Suárez Robledano en el que les advertía que había que actuar contra García antes del 8 de enero pasado o el delito prescribiría. Pasó esa fecha y no se hizo nada. El pasado viernes el juez Ruz acabó por fin con la nebulosa que se cernía sobre García y le imputó cinco delitos, incluido el de cohecho. Si ha prescrito o no se verá en el juicio.