Una investigación policial “muy discreta y reservada” al ‘número dos’ de Aguirre

Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de su presidenta, Esperanza Aguirre, fue objeto durante medio año de una investigación policial “muy discreta y reservada” sobre el origen de su patrimonio y su presunta relación con el caso Gürtel. El Ministerio del Interior negó el mes pasado que se hubieran producido tales pesquisas, asegurando que no aparecían en los registros de investigaciones, pero finalmente las ha reconocido y las ha calificado de “ilegales”. EL PAÍS ha tenido acceso a media docena de informes policiales del caso, fechados entre agosto y diciembre de 2011. Todos ellos, sin membrete oficial ni firma de sus autores, llevan este doble encabezamiento: “Diligencias Indagatorias. Informe Gürtel”. Fuentes policiales al tanto de esa investigación aseguran que los documentos eran entregados al comisario Miguel Ángel Fernández-Chico, jefe policial de los agentes autores de las pesquisas y fallecido en enero.

El origen de esta polémica, que ha puesto a González en el ojo del huracán, se remonta al viaje que el número dos de Aguirre hizo a Colombia en el verano de 2008, acompañado de un alto cargo de la constructora Martinsa. Meses después, se difundieron fotos y vídeos del viaje y González denunció haber sido objeto de un espionaje. Tres detectives privados acabaron imputados en la causa durante las investigaciones policiales al respecto. Fueron algunos de los policías que actuaban en esta causa los que creyeron descubrir que, al margen del espionaje en sí, había presuntas irregularidades en el patrimonio de González y por ello iniciaron esa investigación paralela preliminar, “discreta y reservada dada la importancia del objetivo”, como consta al menos en dos de los informes.

En uno de esos informes, el policía autor explica que “un colaborador relacionado con la trama Gürtel ha comunicado que, en relación con la operación de Arganda [municipio madrileño en el que la trama cobró importantes comisiones por una venta municipal de terrenos a Martinsa] había sido fundamental la intervención de Ignacio González”. A partir de esa declaración, en al menos dos de esas “diligencias indagatorias” policiales se afirma: “Inmediatamente después del viaje a Colombia de Ignacio González, se detectó su presencia en un inmueble de una urbanización de alto standing de la Costa del Sol”. Se trata de un amplio ático dúplex de 495 metros cuadrados en la urbanización Alhambra del Golf, en Guadalmina (Marbella).

El vicepresidente madrileño pidió al juez cambios entre los investigadores

Añade un informe de agosto que ese inmueble, con un precio de 1,35 millones de euros, se escrituró en 850.000 euros y que el resto se abonó en efectivo. “Una fuente consultada señala que esos fondos en metálico procedían de una cuenta corriente numerada de Fernando Martín [propietario de Martinsa] de las islas Caimán y que la escritura de compraventa no llegó a inscribirse registralmente”. El policía autor del documento agrega de inmediato esta precaución: “Datos a confirmar”. Ignacio González ha desmentido varias veces ser el propietario de ese inmueble y haber aceptado ninguna prebenda de Fernando Martín.

Los agentes determinaron que la “aparente venta” de la casa se realizó con la inmobiliaria Villa Gest. El promotor de la urbanización, Javier Villate, a cuyo nombre continúa la casa que González asegura alquilar, responde a las preguntas de EL PAÍS: “Yo no he vendido la casa, un dúplex con sauna y piscina en la terraza, a González, sino a la empresa norteamericana Coast Investors”, al frente de la que aparece el ciudadano mexicano Rudy Valner. Además, Villate asegura desconocer el motivo por el que la sociedad de Delaware no ha escriturado la casa a su nombre: “No lo sé, será por motivos fiscales, pero no tengo ni idea. Yo no conocía a Ignacio González”, relató Villate, que fue el promotor de toda la tercera fase de la urbanización. Una persona muy cercana a la operación inmobiliaria, consultada por este periódico, desmiente a Villate, asegurando que este sí sabía que el comprador era González.

Las diligencias indagatorias se daban al comisario Fernández-Chico

Fuentes que han seguido de cerca la investigación policial han asegurado a EL PAÍS que en las investigaciones sobre el patrimonio de González participaron agentes de Madrid y de Marbella. Esos agentes se entrevistaron con personas implicadas en el caso Gürtel, se desplazaron a Guadalmina para entrevistarse con el portero de la finca y con la inmobiliaria que la gestiona y contactaron con la oficina estadounidense que, según González, es la verdadera propietaria del ático. Se trata de la sociedad Coast Investors, constituida en Delaware (EE UU). Esas fuentes sostienen que, en el curso de las pesquisas, agentes de la policía se entrevistaron informalmente con el propio González. El vicepresidente mantiene que tiene alquilado el ático durante todo el año por 2.000 euros al mes, y está pensando en adquirirlo en breve al haber bajado los precios por la crisis.

El portero de esa finca, David, aseguró, según el informe policial, y “de forma espontánea, que el ático del bloque 11 [el de González], en realidad pertenecía al vicepresidente de la Comunidad de Madrid”. La policía comprobó que Rudy Valner, de Coast Investors, era el encargado de pagar los gastos de la comunidad del ático y de tres plazas de garaje.

En un documento se admite que las acusaciones están sin confirmar

La policía contactó también con Isabel, una empleada de la empresa Golf Valley, que hasta julio de 2010 se encargó de la administración del inmueble. Esta mujer explicó a los agentes que era ella la que contactaba con Rudy Valner en Estados Unidos, “añadiendo que el resto de la oficina y otras personas de la propia urbanización sabían que este abogado americano era en realidad un hombre de paja, pero que el verdadero dueño del ático era un alto cargo de la Comunidad de Madrid”, según el documento.

Los propios policías autores de un informe fechado en agosto del año pasado señalaron: “Por la superioridad, interesa: gestionar la capacidad probatoria de esta información antes de judicializarla. Actuar de manera muy discreta (…) previniendo que trascienda a los medios de comunicación en perjuicio del investigado”. Los policías cruzaron los datos obtenidos con otras pesquisas obtenidas tras la declaración de un testigo de Arganda. “Ignacio González habría recibido por su implicación en el tema de Arganda unos dos millones de euros”, indicaba el documento policial.

El ministro del Interior explicará de nuevo la operación policial

Ninguna investigación policial o judicial oficial posterior ha ratificado esa acusación. Tampoco periodística.

En este punto, la investigación del espionaje en Colombia que se inició con la denuncia de Ignacio González sufrió un parón. El cambio de Gobierno, el pasado 20 de noviembre, coincidió con los últimos informes sobre González, que según agentes que participaron en la operación no había finalizado.

Según explica ahora un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) citando al propio magistrado, cuando finalizó la investigación del espionaje por el viaje a Colombia con la Policía Judicial de los juzgados, el juez recibió una petición por escrito del propio Ignacio González. El vicepresidente madrileño solicitó ahí que se averiguara aún más sobre ese caso, principalmente quería saber quién pagó a esos detectives. Según el juez, el vicepresidente pidió que la investigación fuera retomada por la Policía Científica y la Comisaría General de Información en el punto en el que la tenía en ese momento la UDEF (Policía Judicial). González reclamó ahí que la investigación la dirigiera el comisario Enrique Barón, ahora al frente de esa unidad de información y que hasta antes de las elecciones generales había ejercido como director general de Seguridad en el Gobierno de Aguirre.

El juez accedió a esta petición hace dos meses, aunque a fecha de hoy todavía está a la espera de recibir los informes. Fuentes del caso aseguran que la gestión solicitada al departamento de Barón está relacionado con la Interpol.

El último informe de los que tiene este periódico se fecha en diciembre, días antes de que Interior destituyera en enero a la mayoría de la anterior cúpula policial. El reciente viaje a Colombia por parte de Barón ha levantado las suspicacias sobre si acudió para investigar el espionaje a González. Estas suspicacias las cortó de raíz el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, esta semana en el Senado: “Ese viaje tenía que ver con la supuesta relación de ETA con las FARC”, aseguró, porque si hubiera estado relacionado con esa investigación a González “no sería” comisario.

Un portavoz de la policía dijo ayer que el viaje de Barón no tuvo nada que ver con el espionaje a Ignacio González: “Este tema no se trató en absoluto, sino que el viaje se realizó en el marco de una investigación de lucha antiterrorista”.

El vicepresidente madrileño, Ignacio González, que desde un principio aseguró que el piso de Marbella no era de su propiedad, sino que pagaba 2.000 euros a una sociedad de Estados Unidos en concepto de alquiler, ha declinado hacer nuevas declaraciones a EL PAÍS, según una portavoz de su departamento. En todo momento, el número dos de Aguirre ha negado la existencia de las investigaciones, y se ha remitido a la declaración del ministro del Interior en el Senado en la que aseguró que los trabajos policiales realizados sobre González habían sido “ilegales”. El ministro volverá a la cámara Alta a explicar el caso, según ha solicitado el senador socialista Enrique Cascallana.