Los vocales del Poder Judicial evitan salir en defensa del presidente Dívar

Los vocales del Consejo General Poder Judicial, lejos de salir de defensa de su presidente, Carlos Dívar —denunciado por presunto delito de malversación de fondos públicos, por los gastos de sus viajes de fin de semana a hoteles de lujo en Marbella—, le han dejado solo. Cada vez que alguno de los miembros del Consejo ha sido objeto de algún ataque, la institución ha replicado con un comunicado y declaraciones a los medios de comunicación de la portavoz, Gabriela Bravo, o de los presidentes de alguna de las comisiones. Este miércoles, no.

La mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial consideran que la denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez ante el fiscal general del Estado por los gastos suntuarios del presidente Carlos Dívar en restaurantes caros y hoteles de lujo los fines de semana de cuatro días es algo ajeno al propio Consejo y que debe de ser el propio presidente el que salga al paso si lo desea.

“No se trata de actos realizados durante su actividad oficial del Consejo, sino de los fines de semana. Por tanto, se trata de una cuestión personal del propio presidente y el Consejo no tiene por qué pronunciarse sobre la cuestión”, manifestó una vocal que estuvo reunida con varios de sus compañeros por la mañana para debatir la cuestión y aseguró que ese era su sentir mayoritario. “Los vocales creemos que, como se dice ahora, es momento de dejar trabajar a la fiscalía”, para que aclare la cuestión, precisó.

Mientras tanto, Dívar declaró a la cadena SER que los gastos por los que ha sido denunciado “son una miseria”. Los gastos en cuestión, correspondientes a seis viajes de fin de semana de cuatro días a un hotel de gran lujo en Puerto Banús (Marbella, Málaga), ascendieron a 5.658,88 euros, que fueron cargados al presupuesto del Consejo por entender Dívar que se trataba de viajes oficiales, aunque en la denuncia se hacía constar que en los expedientes no consta ninguna actividad oficial que los motive, especialmente porque esas actividades no suelen tener lugar los fines de semana.

El presidente Dívar hizo público un comunicado en el que mostraba su sorpresa porque Gómez Benítez denunciara los hechos ante el fiscal general del Estado, en lugar de informar previamente al órgano del que forma parte.

En la nota de la Presidencia (no del Consejo), Dívar señala que confía en “la actuación rigurosa e independiente de la Fiscalía” y le ofrece su colaboración para poner a su disposición la información y documentos que precise.

Insiste en que hay que diferenciar entre gastos personales, que, según dice, han sido asumidos por el propio presidente, y gastos con cargo al presupuesto del Consejo, “que están perfectamente documentados y justificados, tramitados legalmente con la fiscalización de la interventora delegada de la Intervención General del Estado, una vez comprobada la corrección del gasto”. Dívar recuerda que el Consejo siempre ha actuado con transparencia en su gestión, como lo demuestra que actualmente sus gastos estén siendo auditados por el Tribunal de Cuentas.

Señala que el dispositivo de seguridad y el número de escoltas no le corresponde decidirlo al Consejo, sino al Ministerio del Interior, y precisa que al vocal denunciante se le seguirán facilitando los documentos y justificantes de los viajes del presidente y de los vocales que ha solicitado.

Precisamente, las reiteradas peticiones del vocal Gómez Benítez que no fueron satisfechas determinaron que este invocara el artículo 18.6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, en el que se especifica que cualquier vocal tiene derecho a conocer cualquier documento que se encuentre en el Consejo. Las pocas facilidades prestadas por Dívar para conocer los documentos de sus viajes obligaron a Gómez Benítez a pasar largas jornadas en el despacho del secretario general, ante el que podía cotejar los gastos y facturas sin poder hacer copia de los documentos.

El vocal Gómez Benítez ha reclamado la documentación de todos los viajes del presidente realizados entre 2008 y septiembre de 2010, así como los posteriores a noviembre de 2011, pero todavía no le ha sido facilitada.

Dívar viajaba en AVE, clase club, hasta Málaga, pero después utilizaba entre cinco y siete escoltas, y hasta tres coches oficiales de séquito en su desplazamiento a Marbella. El presidente cargaba al Consejo los gastos de hotel, comidas y bar, así como las cenas protocolarias. En la nota enviada, Dívar señala que confía en “la actuación rigurosa e independiente de la Fiscalía” y le ofrece su colaboración para poner a su disposición la información y documentos que precise.

Insiste en que hay que diferenciar entre gastos personales, que según dice, han sido asumidos por el propio presidente, y gastos con cargo al presupuesto del Consejo “que están perfectamente documentados y justificados, tramitados legalmente con la fiscalización de la interventora delegada de la Intervención General del Estado, una vez comprobada la corrección del gasto”. Dívar recuerda que el Consejo siempre ha actuado con transparencia en su gestión, como lo demuestra que actualmente sus gastos estén siendo auditados por el Tribunal de Cuentas.

Señala que el dispositivo de seguridad y el número de escoltas no le corresponde decidirlo al Consejo, sino al Ministerio del Interior, y precisa que al vocal denunciante se le seguirá facilitando los documentos y justificantes de los viajes del presidente y de los vocales que ha solicitado.