¡Salvad al presidente Dívar!

Hubo que salvar al soldado Ryan, como contaba en 1998 el filme dirigido por Steven Spielberg y protagonizado por Tom Hanks, todo un hito en el género épico norteamericano. Aquí también desde el pasado mayo se puso en marcha otro operativo con el objetivo de salvar al presidente Dívar y mantenerle al frente del Consejo General del Poder Judicial, después de que afloraran sus 32 fines de semana caribeños en compañía del escolta Jerónimo en quien tenía puestas todas sus complacencias con cargo al contribuyente. Para lograrlo se movilizó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con declaraciones de pleno respaldo. A la vicepresidenta del Congreso de los Diputados Celia Villalobos, con invocaciones a la separación de poderes para impedir la comparecencia de Dívar ante la comisión correspondiente, en abierta tergiversación con el habitual proceder de sus predecesores en el Consejo y descarado intento de confundir la función de presidente del CGPJ con la de presidente del Tribunal Supremo. También se empleó a fondo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con la búsqueda de los teléfonos móviles de los consejeros a quienes solicitar el apoyo para el cuestionado presidente.

Se trata de un penoso episodio con perfiles delictivos por tráfico de influencias, que se inscribe en la línea de degradación de nuestra democracia. Una actitud que ya se manifestó en la toma de Radiotelevisión Española mediante la adopción de un Decreto Ley que modifica el sistema de designación del presidente de la corporación. De forma que deja de requerirse el acuerdo de los tres quintos de la Cámara y se rebaja a la mayoría simple, de la que dispone el Grupo Parlamentario Popular. Una decisión gravísima, que permite terminar con la naciente independencia de RTVE para someterla de nuevo a la antigua condición de servicio doméstico del Gobierno de la que había sido liberada por la ley que promovió el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Se diría que se busca la instrumentalización de RTVE para inocular en los televidentes la dosis propagandística precisa, que incentive la docilidad de la ciudadanía, al modo en que el desayuno con bromuro añadido en los acuartelamientos militares calmaba otros ardores libidinosos en los soldados de reemplazo.

La enumeración podría seguir con la pasividad tolerante frente a los informes de Hacienda y de la policía, recibidos ya por los magistrados Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, y José Ceres, del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que acreditan la financiación ilegal del PP. Fondos que sirvieron entre 2007 y 2008 a través de la red Gürtel para pagar actos electorales en Madrid y en Valencia, cuando era presidente de la comunidad el inolvidable Francisco Camps. Mientras, sigue la disputa encarnizada por conseguir los favores del empresario del juego Sheldon Adelson, se pide sin más la desaparición del Tribunal Constitucional cuando una sentencia no gusta, se amnistía a los defraudadores, se encubre a los afines de Bankia o de las Cajas gallegas, se miente en los déficits de Madrid, de Valencia o de Castilla y León y aumenta la distancia entre lo que se sabe y lo que se publica.

De vuelta al caso Dívar, es de general conocimiento que el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, número dos de Ruiz-Gallardón, llamó antes del pleno extraordinario del CGPJ del pasado sábado a Jesús Chamorro, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador y mayoritaria entre los jueces, para advertirle de que Dívar debería ser mantenido en su puesto y que retirarle la confianza sería considerado una “declaración de hostilidades”. En el mismo sentido se activaron las gestiones denunciadas por la vocal del CGPJ Margarita Uría, quien detalló a sus compañeros que la vicepresidenta del Gobierno había presionado al PNV para que ella respaldara a Dívar.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría admitió la llamada a los líderes del PNV, aunque no la interpretaba como presión y señalaba que eran quienes así la considerasen los que habrían de dar explicaciones. Estos deterioros en el sistema democrático pasan factura y alguien debería explicar por qué era necesario salvar al presidente Dívar. Mientras, como ha escrito Mark Strand en Casi invisible (Colección Visor de Poesía. Madrid, 2012), “no hay manera de dispersar la niebla en que vivimos, no hay manera de saber que hemos aguantado un día más. La silenciosa nieve del pensamiento se derrite antes de que pueda cuajar. Nadie tiene idea de dónde estamos. Las puertas a ninguna parte se multiplican y el presente queda tan lejos, tan profundamente lejos”. Atentos.