El Congreso pide por unanimidad la reforma profunda del Poder Judicial

“El Congreso de los Diputados expresa su preocupación ante la situación de desprestigio y deterioro del Consejo General del Poder Judicial en que se encuentra actualmente”, reza la proposición no de ley que este miércoles aprobó, por unanimidad y a propuesta de IU-La Izquierda Plural, la comisión de Justicia de la Cámara baja. El texto, que no es vinculante aunque sí un gesto político ante la crisis del órgano de gobierno de los jueces, insta al Ejecutivo a acometer una “reforma del funcionamiento” del Consejo para favorecer “la transparencia y austeridad” de sus miembros y una “profunda reflexión acerca de la composición, funcionamiento, órganos y funciones del CGPJ”. El Consejo del Poder Judicial está formado por 20 vocales y un presidente que cobran sueldos muy superiores al del presidente del Gobierno.

El Ministerio de Justicia ya ha anunciado una próxima reforma del funcionamiento del órgano, y el propio Consejo aprobará este jueves un plan de austeridad tras la crisis por los viajes del expresidente Carlos Dívar. Pero la proposición de IU-La Izquierda Plural había sido redactada antes de eso, y permitió a todos los grupos sumarse a la crítica.

Antes del debate había comparecido en la comisión el secretario de Estado, Fernando Román, y él también se mostró muy afectado: “La situación es ciertamente preocupante”, dijo cuando el diputado de IU Gaspar Llamazares le pidió una opinión sobre todo lo ocurrido en las últimas semanas en el Consejo General del Poder Judicial. Román no aclaró si lo preocupante es la aparente falta de control del dinero público en el Consejo, la dimisión de Dívar o el descrédito de la institución resultante de todo eso. Pero sí pidió, apelando al “sentido de Estado” en un momento en el que España necesita “fortalecimiento institucional”, que la “credibilidad” se recupere cuanto antes. El número dos del ministro Alberto Ruiz-Gallardón defendió también que el ministerio no hiciera nada (salvo, en todo caso, respaldar a Dívar) durante todo el proceso: “Respetamos el principio de separación de poderes”.

Llamazares afirmó que la “deslegitimación del Consejo del Poder Judicial” ha acabado derivando en el descrédito “de la justicia, del Gobierno y de la política”. “Da la impresión de que ante una denuncia de mala utilización del dinero público el Gobierno mira para otro lado y finalmente esto [la dimisión de Dívar] sale adelante por la presión de la opinión pública. No hay liderazgo político en cuanto a la asunción de responsabilidades”, protestó el diputado.

Todos los grupos apoyaron la proposición no de ley de IU-La Izquierda Plural (después de enmendarla para hacer el texto original un poco más vago), aunque PNV y CiU reclamaron un debate más “sereno” y “prudente”, no al calor de lo sucedido estas semanas, para abordar un asunto tan “complejo” como el del funcionamiento del Poder Judicial. El portavoz socialista Antonio Camacho avisó de que “cualquier reforma [del CGPJ] deberá hacerse con el máximo consenso posible”, y subrayó que el PSOE está de acuerdo en modificar su composición, funcionamiento, órganos y funciones pero no el sistema de elección de sus miembros, algo que el Gobierno sí ha anunciado que va a hacer pero que este miércoles no se metió en la proposición. José Miguel Castillo, del PP, se limitó a recordar que el Ministerio de Justicia ya lleva meses trabajando en la reforma del CGPJ. Y prometió: “Cuanta más transparencia y austeridad mejor, porque es necesario que los ciudadanos recuperen la confianza en ese órgano institucional. Hay que elevar los niveles de ejemplaridad y los controles internos y externos”.