El Constitucional acepta la abstención de un magistrado sobre el matrimonio gay

El Constitucional ha admitido la petición del magistrado del denominado "bloque conservador" del tribunal Francisco José Hernando, quien ayer solicitó abstenerse del debate previsto sobre el recurso presentado por el PP contra el matrimonio homosexual. 

La decisión de Hernando se relaciona con el informe que, a pesar de no haber sido solicitado por el Gobierno, emitió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en enero de 2005, radicalmente contrario al proyecto del Ejecutivo socialista. Salió adelante con el respaldo de los 10 vocales designados entonces a propuesta del PP más el del presidente del Consejo, que era Hernando.

No obstante, y a instancias de este último, se eliminó un párrafo muy polémico en el que el ponente del informe, el vocal conservador José Luis Requero, decía que "llamar matrimonio a las uniones homosexuales supondría un cambio tan radical como llamar matrimonio a la unión entre un hombre y un animal". El informe del órgano de gobierno de los jueces era favorable a la regulación de las uniones entre homosexuales, pero contrario a que se hiciera bajo la forma del matrimonio y de que se les permita adoptar niños.

Además de expresar dudas de constitucionalidad sobre el que entonces era un mero proyecto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Poder Judicial señalaba que un elemento esencial del matrimonio es que une a un hombre y una mujer, por lo que si no es heterosexual no es matrimonio.

El CGPJ añadía que la reforma se funda sobre "bases movedizas" como la conciencia o la demanda social, o "en un mal entendido sentido de la dignidad de la persona o la igualdad". En este sentido, sugería la figura de un contrato o pacto de convivencia y las uniones de hecho.

Pese a que el incidente se resolverá previsiblemente en los próximos días, el Constitucional no tiene previsto entrar en el fondo del recurso hasta que se haga efectiva la renovación de los nuevos magistrados designados el pasado viernes a propuesta de los dos partidos mayoritarios.

El PP denunció que la ley vulnera el artículo 32 de la Constitución, que establece el derecho al matrimonio, y vio igualmente quiebra constitucional en otros seis artículos (10.2, 14, 39, 53.1, 9.3, y 167), además de acusar al legislador de un uso fraudulento del término, en consonancia con lo dicho en su día por el Poder Judicial.

La ponencia sobre este asunto ha recaído en el magistrado del denominado "sector progresista" Pablo Pérez Tremps, que ha presentado un texto contrario a la aceptación del recurso que confirmaría la constitucionalidad de la norma. La mayoría de magistrados adscritos a este sector parecen apuntar a la denegación del recurso.

La importancia del asunto y el hecho de que el recurso se presentara hace ya casi siete años podría motivar el aplazamiento de las deliberaciones hasta que se produzca el relevo efectivo de los magistrados Elisa Pérez Vera, Javier Delgado, Eugeni Gay y el fallecido Roberto García-Calvo, lo que se espera para finales de este mes, según las mismas fuentes.

Pese a eso, la renovación no parece que vaya a variar mucho el equilibrio de fuerzas existente en el tribunal de garantías, ya que se pasaría de una mayoría de siete magistrados "progresistas" frente a tres "conservadores" (los cuatro designados a propuesta del PP menos Hernando, si bien el designado por el PSOE Manuel Aragón ha venido votando en diversos asuntos con el bloque conservador) a una situación de siete a cinco.

El Partido Popular (PP) ha designado como nuevos miembros del Tribunal Constitucional al exdiputado por Granada Andrés Ollero y al magistrado del Tribunal Supremo Juan José González Rivas. A propuesta de PSOE se incorporan Fernando Valdés, que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y la magistrada del Supremo Encarnación Roca.