El precursor de la austeridad y sus recortes

Alberto Núñez Feijóo (Os Peares, Ourense, 1961) ganó las elecciones autonómicas de 2009 con una estrepitosa campaña contra “los despilfarros” que habían marcado la gestión de la anterior Xunta bipartita de socialistas y nacionalistas. Los populares la identificaron como un bigobierno que, por su propia condición, duplicaba gastos y cuya acción se diluía por las rendijas de su falta de cohesión. Feijóo llegaba precedido por cierta fama de gestor al frente del Insalud y Correos, pero en la Xunta esa condición se ha limitado a algunos retoques cosméticos, como la reducción de dos consejerías cuando sus respectivas titulares fueron reclamadas por Rajoy para desempeñar cargos de segunda fila en Madrid, tras las elecciones generales de 2011. Todo lo demás ha sido un desmantelamiento de los hitos del Gobierno anterior.

Feijóo impulsó alguna reforma, como el catálogo de medicamentos —prescripción de genéricos—, en aras de la austeridad, de la que se convirtió enseguida —antes de que Rajoy llegara a La Moncloa— en adalid y precursor. Galicia hacía sus deberes —la contención del déficit— antes de que nadie lo exigiera, lo que permitía a su presidente presumir de rigor y, a su vez, de que Galicia se situaba con ello en una posición de ventaja con respecto al conjunto remolón de las comunidades autónomas.

La anticipación de los recortes acercaba la recuperación económica; esta era la doctrina que se pregonaba. Pero la realidad demuestra que no ha sido así y que a los primeros recortes, con los socialistas aún en el Gobierno, sucedieron los promovidos por el Ejecutivo de Rajoy, con un impacto devastador sobre los índices macroeconómicos de la autonomía y sobre la economía básica de las familias.

Feijóo mostró inusual presteza para atacar el gallego en la educación —el “bilingüismo armónico”, asentado sin el menor conflicto desde su implantación por Manuel Fraga—, un área donde se han sucedido los episodios de conflicto hasta llegar al último, la defensa de las subvenciones públicas a los colegios concertados (del Opus Dei) pese a su discriminación por sexo. Por el camino, también cerró el grifo de las ayudas a las empresas y organizaciones dedicadas a la promoción cultural.

Otra de sus primeras medidas de gobierno fue la anulación del concurso eólico que había resuelto la Xunta bipartita. El reparto de megavatios conllevaba para los adjudicatarios la obligación de desarrollar iniciativas industriales llamadas a reactivar la economía. El PP convocó otro concurso que no ha llegado a materializarse y, para colmo, el Tribunal Superior de Galicia ha declarado ilegal la anulación del primero: difícilmente podrá mejorarse ese desastre. Algo parecido sucedió con el plan de acuicultura, igualmente estancado tras duplicarse, y tampoco la polémica fusión de las cajas de ahorros le aporta créditos políticos.

El presidente ha tratado de neutralizar esos fiascos con gestiones personales para que la petrolera Pemex dé carga de trabajo a los astilleros, sector estratégico de la economía gallega que lleva más de la mitad de la legislatura en coma, pero de momento tampoco ha cuajado.

La consigna de austeridad ha amparado severos tijeretazos en sanidad y dependencia, en educación y en las políticas de empleo, pero la reforma de la Administración, con adelgazamiento de organismos y chiringuitos para ahorrar, se ha quedado en puro amago. Como su interesado propósito de reducir el número de escaños para estas elecciones. La oposición la pintó como una tentativa de pucherazo, atajado ahora por la precipitación de la convocatoria. Feijóo ha gobernado con la exigua mayoría de un escaño, que ha impuesto frecuentemente sin concesiones, pero ahora apenas suma a sus logros algo que no sean los efectos comprobados de la austeridad.