Daños colaterales de la paz

A João Pedro de Oliveira no le reconocerían ahora si le vieran sus antiguos clientes. De vestir discretamente, con la pistola semiautomática de 9 milímetros Parabellum bien oculta, ha pasado a lucir camisetas llamativas con la palabra Euskal Herria y la ikurriña. “Prefiero no tener problemas. Si te reconocen, y yo soy vicepresidente de la Asociación de Escoltas del País Vasco y Navarra, te montan un pollo”, cuenta. En su etapa como guardaespaldas, siempre a cara descubierta, mucha gente tuvo la oportunidad de fijarse en él. “Me han llamado de todo, perro, txakurra, me han humillado, me han escupido, me han pinchado las ruedas del coche, y tuve que denunciar a un tío por amenazas de muerte. Ahora todo ha mejorado, pero para nosotros no. Nos siguen mirando mal”, dice. Esa es la razón de que se vista como un radical abertzale cuando acude al curso de soldador para desempleados en Markina.

De Oliveira, portugués de 34 años, casado con vasca, está sin trabajo desde enero, pero no se siente un parado más. Durante los últimos seis años fue la sombra de algunos vascos amenazados por ETA. “Salía de mi casa a las cinco de la mañana y regresaba a las once o las doce de la noche”. Siempre vigilante. Siempre con la mirada alerta, pendiente de portales, balcones, coches, motocicletas. Encajando en silencio los insultos, los gestos de desprecio de los simpatizantes de la banda. Estaba claro que la situación tenía que acabar, pero nunca pensó que de una manera tan abrupta.

Tras el comunicado de ETA de octubre de 2011 en el que anunciaba el fin de la violencia, el Gobierno vasco y el Ministerio del Interior (los dos principales contratantes de escoltas) dejaron en el esqueleto las abultadas plantillas de seguridad. La reducción afecta a un millar largo de policías y a unos 1.600 guardaespaldas privados, si se suman las cifras de Interior y del Gobierno vasco. La Asociación Española de Escoltas (Ases), calcula, sin embargo, que son 3.000 los escoltas privados que se han quedado en el paro.

La medida ha dejado sin protección a centenares de cargos públicos y altos funcionarios. Y eso incluye a los jueces de la Audiencia Nacional, que se ocupan de casos de narcotráfico, terrorismo y delitos económicos a gran escala. “Es una barbaridad dejarnos sin escolta policial sin más avisos”, afirma el magistrado Santiago Pedraz, sentado en su nuevo despacho, que da a un sombrío patio. “Somos personas conocidas, y encima se ha dado mucha publicidad a la supresión de nuestra seguridad”. Pedraz, decano de los jueces de la Audiencia, no duda de que haya habido excesos en el reparto de escoltas, pero cree que ahora se corre el riesgo de caer en el otro extremo.

La Asociación Española de Escoltas calcula que 3.000 profesionales privados se han quedado en el paro

Y muestra unos folios con las conclusiones del informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces, de 2009, en el que se concluye que la seguridad de los jueces “es un factor fundamental para asegurar su independencia”. Especialmente en el caso “de los que instruyan causas relacionadas con la corrupción y la delincuencia organizada a gran escala, el terrorismo y los crímenes de lesa humanidad”.

A José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), los recortes le parecen, sin embargo, una medida justa. “Al amparo del terrorismo de ETA se ha despilfarrado en escoltas”, sostiene. “Nadie analizaba de verdad quiénes estaban en situación de riesgo. Se le concedía escolta a todo el que la pedía”. Tener guardaespaldas policiales, arguye, “era un signo de distinción para muchos y un modo de asegurarse un coche oficial, que resulta muy cómodo”.

Las relaciones entre protector y protegido, asegura Benito, pueden entrar además en un terreno pantanoso. “Muchos estábamos hartos de hacer de mayordomos de la personalidad”, manifiesta un policía familiarizado con el trabajo de escolta. “No es normal tener que recorrer todos los centros comerciales de Madrid para comprar un cartucho de tinta de impresora para la personalidad. O tener que hacer dos viajes a su casa porque se han olvidado unos papeles”.

Aunque los policías de escolta que han pasado a otros destinos han perdido algún dinero extra —lo paga el organismo al que pertenece el protegido—, su situación dista mucho de parecerse a la de los guardaespaldas privados que se han quedado en la calle. “Los que somos de Euskadi y seguimos aquí, hablo de unos 400, tenemos el peor panorama”, incide Santiago Fontenla, presidente de la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra. “Todos nos alegramos de la paz. Pero para nosotros es casi imposible encontrar otro empleo. Hay compañeros que han montado negocios y se han encontrado con un boicot total. La izquierda abertzale nos rechaza”.

Fontenla cree que el Gobierno autónomo y el de Madrid tienen una deuda con ellos. “Se nos prometió reconocer nuestra contribución a la estabilidad y a la democracia. Y nos aseguraron que seríamos lo primeros en ocupar otros puestos de trabajo, como seguridad de edificios públicos o vigilancia en penitenciarías. Pero no se ha hecho nada”, dice. No cree que el Ministerio del Interior pueda lavarse las manos en este asunto. Después de todo, es el organismo que regula la titulación, dicta requisitos de formación y examina a los candidatos a escolta privado. Y el Gobierno, razona, echó mano de ellos cuando las necesidades de seguridad en Navarra y Euskadi así lo exigieron.

Fue en 1999 cuando, siete años después de que se promulgara la ley de Seguridad Privada, se autorizó a los escoltas privados a proteger a cargos públicos. A partir de esa fecha se produjo un verdadero boom, con un incremento constante de las plantillas de seguridad. “No era solo la amenaza de ETA, es que cada vez que había elecciones y salía elegido un nuevo concejal, por ejemplo, se le ponía un escolta, y no se le quitaba a su antecesor. Primero se les destinaba una persona de protección, luego dos”, cuenta Vicente de la Cruz, presidente de Ases.

“El nivel profesional era muy bajo. Ni cambios de coche, ni de rutas, ni de rutinas. En mi barrio, todos conocían a mi escolta y su coche. Yo creo que con la demanda creciente llegó gente poco preparada, gente de gimnasio, que hacía un cursillo apresurado y enseguida era contratado”, opina un periodista vasco que ha vivido con protección durante una década. La demanda disparó también los sueldos. Y los escoltas empezaron a ganar fortunas. “Muchos cobraban 6.000 euros al mes. Ahora es raro el que gana más de 2.500 o 2.800”, añade De la Cruz. El declive ha sido brutal. “En 2009 había 5.000 guardaespaldas privados, hoy quedan en activo unos 2.000. La mayoría trabajando en Madrid, donde permanece el negocio tradicional, protección a ejecutivos, artistas, etcétera”, dice el presidente de Ases. De la Cruz está convencido de que muchos de los guardaespaldas parados podrían sustituir a los policías que ha retirado Interior en la protección de altos cargos o jueces. “La factura sería siete veces más barata. Los escoltas privados trabajan jornadas largas, y no hay absentismo laboral” aduce. Porque lo que está claro es que los peligros subsisten. “ETA no está disuelta, y ahí está la amenaza del extremismo islamista. Por no hablar de la conflictividad social que se puede disparar con la crisis; los riesgos están ahí, y no van a desaparecer”, concluye.