Testigos (des)protegidos

Entré en la sala pasando a un escaso metro y medio de los 24 acusados, de quienes me separaba el vidrio de la llamada pecera, a la vista de todos ellos, hasta sentarme en la butaca ante el tribunal.

 —¿Cuál su profesión?

—Tengo entendido que soy un testigo protegido… Si lo digo doy una pista sobre mi persona…

—Tiene la obligación de decir la verdad. Si no lo hace puede ser multado hasta 3.000 euros y después ser procesado por desobediencia.

—Soy profesor.

—¿En qué centro?

—En...

—¿En qué departamento?

—En el de….

—¿Qué días va a trabajar y qué horario hace?

Al final de mi declaración se me hizo salir de la sala unos breves minutos para luego entrar de nuevo. Así, pasé cuatro veces por el lado de los acusados, sin olvidar que, dada la situación de la butaca que ocupé, al salir estaba frente a los 24 acusados en un espacio de recorrido de unos cuatro metros.

Cuando respondía a un segundo abogado hacia el que tuve que girarme, el señor presidente, después de un rato, me advirtió de que en el fondo de la sala se hallaba una cámara que me estaba grabando y que por tanto se me distinguía claramente. En mi cédula de citación constan mi nombre y apellidos, así como mi dirección completa.

A pesar de mi silencio, mantenido durante dos años sobre la razón de mi declaración, al llegar a mi clase el lunes siguiente, toda ella sabía que había sido yo el profesor que había declarado en el mencionado juicio, cosa que me molestó profundamente… Lo habían concluido a través de las noticias de prensa e Internet… Hoy en día sigo manteniendo a mi familia ignorante de la experiencia que me llevó ante la Audiencia Nacional. Por todo lo expuesto, me considero un testigo protegido absolutamente desprotegido”.

Hay medio millar de testigos protegidos, la mayoría miembros de las Fuerzas de Seguridad y peritos

Este relato figura en una queja remitida por un testigo al Consejo General del Poder Judicial. Una misiva en la que pedía responsabilidades, advertía que actuaría contra el tribunal si él o su familia sufría cualquier perjuicio moral o físico y explicaba los motivos de su declaración: “Lo hice porque era un deber moral conmigo mismo y sobre todo por apoyo a las víctimas del 11-M. Volvería a hacerlo aun a sabiendas de cómo transcurrió mi declaración y de cómo me sentí tratado”. La comisión disciplinaria del CGPJ archivó su queja y la Fiscalía General del Estado le remitió una carta en la que afirma que su relato “hará reflexionar sobre la forma y modos de aplicar” las medidas de la ley de protección de testigos. “No me queda sino expresarle el reconocimiento de la labor que como testigo usted asumió”, concluye la misiva del fiscal inspector.

Alrededor de medio millar de personas tienen la condición de testigos protegidos. La mayoría son miembros de las Fuerzas de Seguridad y peritos judiciales, pero varias decenas son simplemente ciudadanos anónimos. Sus testimonios, en muchas ocasiones, han empujado a la cárcel a terroristas, narcotraficantes, capos de la prostitución o blanqueadores de dinero. Algunos viven atormentados por temor a ser descubiertos y aseguran sentirse desprotegidos por una ley orgánica de 1994 que jueces, fiscales y policías critican por su ambigüedad. Su falta de seguridad provoca que, a veces, procesados por terrorismo o tráfico de drogas queden en libertad: el testigo protegido desaparece y no comparece en el juicio oral.

“El problema es que la legislación es incompleta, mala, antigua y pacata”, afirma Javier Gómez Bermúdez, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y titular del Juzgado de Instrucción número tres, uno de los magistrados que mejor conoce esta figura por haber presidido el juicio del 11-M. “De 400 testigos, más de 150 eran protegidos, entre miembros de las Fuerzas de Seguridad, peritos y personas cercanas a los procesados. Había varias familias enteras”, asegura. “No tenemos ley, tenemos un sistema de cómo se puede intervenir en el proceso que deja muchas lagunas en el aire. Casi nada está previsto en la ley”, critica José Ricardo de Prada, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. “Es manifiestamente mejorable”, reconoce Vicente González Mota, fiscal y coordinador de terrorismo en ese organismo judicial.

Absueltos por desaparición

Se hacían llamar El Ejército del Mesías, tenían su base en la mezquita ceutí Darkawia, la misma en la que rezaban los tres jóvenes que el pasado mes de junio viajaron a Siria para unirse a la yihad y morir luchando contra las tropas de Bachar el Asad. En las empinadas calles y recovecos del barrio de El Príncipe, habían susurrado al oído de algunos su intención de “liberar” Ceuta y Melilla para atender a la petición que en 2006 hizo Ayman al Zahawiri, el actual emir de Al Qaeda; escribieron poemas de despedida —“no os aflijáis ni me lloréis. Siempre estaré en vuestros corazones”—, se disfrazaron de muyahidines con una imitación del rifle Kaláshnikov en las manos, un pañuelo palestino en el rostro y las Torres Gemelas ardiendo a sus espaldas; Mustafá y Yusef Abderramán, hermanos de Hamed, el talibán ceutí expreso de Guantánamo, y otros siete jóvenes procesados por integración en banda armada fueron absueltos porque el Tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por Ángela Murillo, entiende que no se pueden condenar las ideas y que no se acreditó que fueran a cometer atentados. La fiscalía cree que el plantón del testigo protegido debilitó su acusación. “Desapareció de Ceuta y se escondió en Marruecos. La sala pidió a las autoridades marroquíes que lo localizaran para que testificara, pero no dieron con él”, relata Carlos Bautista, fiscal de la Audiencia Nacional que dirigió la acusación.

“A pesar de mi silencio, al llegar a clase todos sabían que había sido yo el profesor que había declarado”

Meses después de la absolución de todos los procesados, el hombre sobre el que pivotaba toda la causa ha reaparecido en Ceuta como por arte de magia. “Ha vuelto porque ya ha pasado el peligro. Deberíamos reflexionar sobre lo que hemos hecho mal. Quizás a esta persona no se le dieron suficientes garantías de seguridad”, confiesa uno de los agentes que participó en la operación. “Algo falló. Demasiadas personas sabían quién era”, afirma una fuente judicial. La sentencia invalidó el testimonio de otro testigo protegido porque no se le informó de que no estaba obligado a declarar por ser familiar de uno de los detenidos.

La DEA no declara

No solo fallan los ciudadanos que se juegan la vida por denunciar a unos presuntos yihadistas, también los profesionales de la seguridad. El 14 de junio de 2008, los agentes encubiertos de la Drug Enforcement Agency (DEA) Mario, Jaime, Barry, J. Dubois, T. Hartman y Joe Bond aterrizaron a bordo de un avión de la agencia en el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria. Trasladaban 25 bultos con 500 kilos de cocaína de una pureza del 44,57% y un valor de mercado de 26 millones de euros. En la pista les esperaban varios policías españoles. La droga se trasladó custodiada a un almacén del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Veinte capos de la droga fueron absueltos porque agentes de la DEA se negaron a comparecer. Temían ser reconocidos

Cuatro días después, uno de los agentes de la DEA tomó el volante de una furgoneta y la condujo hasta el aparcamiento del centro comercial Las Arenas. Apagó el motor y esperó. A sus espaldas descansaban los 25 bultos de cocaína traídos a España desde un lugar ignoto. El colombiano Jorge Antonio Brito Rodríguez no tardó en llegar. Lo hizo acompañado de un conductor, el canario Álamo Santana. Cuando pagaron la coca y comenzaron a cargarla descubrieron que aquel aparcamiento estaba plagado de policías españoles. Se habían tragado el anzuelo de una operación organizada por la DEA. El resultado fue devastador: 20 detenidos, en su mayoría colombianos, peruanos y españoles, que acabaron en la cárcel. Entre ellos, un agente de la Unidad Contra el Crimen Organizado destinado en Galicia que mediante SMS había pedido 300.000 euros a los narcos a cambio de la información de la que disponía.

Todo fue sobre ruedas hasta la vista del juicio oral. Los seis agentes de la DEA que durante toda la instrucción de la causa figuraron como testigos protegidos desaparecieron envueltos en el mismo halo de misterio con el que llegaron a España en el avión Gulfstream de la agencia. La Sala Penal de la Audiencia Nacional haciendo gala de una “paciencia bíblica” envió providencias, en febrero de 2011, a la representación de la DEA en Madrid para que al menos declararan por videoconferencia, pero recibió una respuesta “desabrida y escasamente colaboradora”. Barry y sus colegas estaban participando en otras actividades encubiertas; Joe Bond se había “jubilado”; la videoconferencia presentaba “dificultades tecnológicas”. Una nueva petición recibió como respuesta “las razones ya dadas”. Guillermo Ruiz Polanco, ponente de la sentencia por la que se absolvió a los 20 procesados, calificó la negativa de los agentes a comparecer de “indigna, indignante e inadmisible”, destacando que habían sido ellos los impulsores y actores de la investigación. Y recordó que el desaparecido Joe Bond se había comprometido ante el instructor de la Audiencia Nacional a mantenerle informado del desarrollo de la operación y a colaborar “lealmente” con las autoridades españolas.

“La ley solo tiene cuatro artículos: no prevé nada, ni trabajo, ni dinero, ni deslocalización”, dice el juez Gómez Bermúdez

Durante el juicio, los magistrados Alfonso Guevara, María de los Ángeles Barreiro y Ruiz Polanco no ocultaron su malestar. Sin el testimonio de estos testigos privilegiados no había caso. Además, la cadena de custodia de la droga se había roto porque el tribunal ignoraba cuál era su verdadero origen. ¿Isla Margarita? ¿Un velero llamado Diandra? Sin los testigos de la DEA casi todo era humo sin valor probatorio. Los 20 procesados pensaron que la vida les brindaba una nueva oportunidad. A todos menos al cabecilla, el colombiano Jorge Antonio Brito, el narco que recibió la coca en Las Palmas. Murió en la sala de un infarto durante una de las sesiones del juicio oral.

El magistrado José Ricardo de Prada cree que la negativa de los agentes de la DEA a declarar en este y otros procesos en España es por temor a ser identificados. En EE UU no se les exige comparecer en el procedimiento. Los agentes franceses también ponen toda clase excusas para declarar y reclaman una seguridad integral. Y los españoles cuando lo hacen suelen aparecer caracterizados, según afirman fuentes judiciales y policiales. “Yo no lo permito”, puntualiza Gómez Bermúdez. “Estos u otros testigos pueden ser liquidados. En los casos de los agentes infiltrados no sabemos muy bien como gestionarlos”, reconoce el juez De Prada.

Una ley de mínimos

Cuando un juez otorga a un testigo la condición de protegido se le asigna en la causa un número y se introduce su verdadero nombre y apellidos en un sobre cerrado y lacrado que el secretario del juzgado guarda en la caja fuerte. Ningún funcionario tiene acceso a su identidad. Su nombre solo puede ser revelado al acusado o a su abogado durante el transcurso del juicio oral. Gómez Bermúdez pide un cambio: “Si la defensa lo pide hay que facilitarlo por si se tratara de un caso de enemistad. Ahora está mal resuelto y el legislador lo sabe. Cuando hay un policía infiltrado la ley prevé que no se dará su identidad. La solución es fácil. No revelar la identidad del testigo salvo que a la vista de la sentencia ese testimonio sea el que sustenta la condena. No deberíamos levantar la protección antes. Ahora están desprotegidos. La ley tiene solo cuatro artículos. No prevé nada: ni trabajo, ni deslocalización, ni dinero y, sin embargo, se hace porque lo pedimos los jueces”.

De Prada fue juez internacional en la Sala de Crímenes de Guerra de la Corte de Bosnia-Herzegovina donde conoció casos de testigos protegidos a los que se les dio una nueva identidad y buscó otros países donde vivir. “En Bosnia testificaban en otra habitación, se les distorsionaba la voz y la imagen. Solo los veía el tribunal. Los programas son muy importantes: una nueva identidad, un trabajo, un medio de vida. Nada de esto está previsto en la ley española. Es una ley para andar por casa. No está acabada, no prevé multitud de supuestos con los que nos encontramos. La delincuencia organizada obliga a muchas cosas y nos deberíamos plantear llegar más lejos. Ahora hemos elaborado una cierta jurisprudencia que no lo resuelve todo”. El magistrado Ruiz Polanco define la situación con una breve frase: “Es una ley de mínimos”.

Escoltado desde 2005

Es testigo protegido desde 2005. Vive con escolta y no recibe ninguna asignación económica. Veinte años después de perder a su pareja y a una amiga en el atentado que en 1985 acabó con la vida de 18 personas en el restaurante El Descanso en Madrid reconoció al sirio español Mustafá Setmarian, de 53 años, como el presunto terrorista que colocó la bomba. Lo hizo al ver su fotografía en un periódico. La declaración que efectuó entonces a la policía y el retrato robot diseñado con su testimonio y el de otras victimas coincide con algunos rasgos del yihadista. La causa que estaba a punto de ser archivada se reabrió y sigue viva a la espera de que el que fuera número tres de Al Qaeda, casado con una madrileña y padre de cinco hijos, reaparezca después de su detención en Pakistán y entrega a la CIA que lo ha mantenido oculto en sus cárceles secretas. Documentos del Ejército norteamericano aseguran que fue entregado a Siria. “Te hacen un interrogatorio fuerte y duro. Te tratan bien, pero quieren concluir que dices la verdad. Me pusieron escolta cuando se filtraron datos sobre mi persona. Yo seguí mi camino, sin calor ni frío. Me puse a averiguar y comprobé que estábamos vendidos. Eso que ves en las películas americanas no existe aquí. Me sorprendió comprobar que no hay un reglamento”, afirma.

El testigo dice sentirse seguro y agradecido a sus escoltas y a sus jefes —“a veces son balsámicos”, dice—, pero reclama una normativa que evite la improvisación y garantice su seguridad. “Esto no es una broma. Corres un riesgo y asumes una gran responsabilidad. Hacemos una labor que nos puede costar la vida. No se valora el servicio que prestamos a la sociedad. A nadie le gusta ser testigo protegido. Deberíamos tener más información sobre los casos en los que estamos involucrados. No espero nada, no pido nada, solo quiero que se haga justicia”.

La falta de garantías de seguridad para los testigos protegidos provoca que muchas veces no se conozca toda la verdad. La mayoría de las diligencias que llegan a los juzgados arrancan con esta coletilla: “Este servicio ha tenido conocimiento por distintas fuentes que...”. Vicente González Mota, fiscal coordinador de terrorismo en la Audiencia Nacional, lo explica así: “Se trabaja con información policial o de inteligencia, y al juicio llega el resultado de esa información. No podemos condenar sobre informes de inteligencia. Si alguien ha colaborado hay que llevarlo a juicio con un sistema verdaderamente eficaz. No se pueden presentar las operaciones como fruto de la casualidad. Con la ley actual o no se lleva a juicio a la fuente o si se lleva, como el proceso es largo, el testigo no aparece o se desdice de sus declaraciones”.

Para transformar la información de inteligencia en prueba es imprescindible un sistema eficaz de protección de testigos. “No es suficiente decirle al testigo: no se preocupe que usted no va constar en las diligencias. Hay que arbitrar un sistema, aunque sea caro, de medios de vida, de cambio de identidad, de muchas cosas más. Hoy no tenemos un sistema idóneo. No es lo bueno que debería de ser”, arguye el fiscal de la Audiencia Nacional.

Una nueva identidad

La ambigüedad de la ley y la ausencia de un reglamento no impide que algunos testigos lleguen hasta el final. Las declaraciones a la Guardia Civil, al juez y, más tarde, al tribunal del testigo F-1, un paquistaní que entrenó en campos terroristas de Pakistán, provocaron en 2008 la detención de una célula islamista que pretendía volar el metro de Barcelona. El testigo había sido elegido para participar en el ataque suicida ordenado por Amir Baitulá Mehsud, emir de los talibanes en Waziristán, una región montañosa del noroeste de Pakistán. “¿Llevaremos chalecos explosivos?, preguntó el confidente. “El artefacto lo cargaremos en una mochila: una tercera persona lo detonará a distancia”, respondió uno de los yihadistas, vecino del Raval. El fiscal Mota dirigió la acusación y trató a este testigo. “Fue necesario para la operación y para el juicio, aunque no como único medio. Su testimonio debe estar apoyado en más elementos de prueba. Este caso es una figura excepcional y como excepcional debe ser tratada”. Interior ha facilitado a este testigo una nueva identidad, un domicilio y una asignación económica, según aseguran fuentes policiales.

¿Se producen fraudes o abusos? El juez Gómez Bermúdez no duda: “Sí, en ocasiones sí se producen. Hay testigos desde hace 20 años de que no tienen ningún sentido que sigan en esa situación. Gente que todavía sigue cobrando dinero. Cantidades superiores a mil euros mensuales. He retirado muchas protecciones por innecesarias lo que genera problemas, pero si esto no se regula no tiene salida”.

Cada seis meses el Ministerio del Interior pide a los jueces que renueven o no la condición de los testigos protegidos. El juez debe valorar en un informe la situación del testigo. “Es absurdo que la policía te pregunte y te pida que valores. Eluden su responsabilidad porque no te dan un informe de seguridad y tenemos que decidir nosotros. ¿Y si ocurre algo? ¿Quién es el responsable?”, se pregunta un magistrado de la Audiencia Nacional. Interior ha declinado responder a las preguntas de este periódico por tratarse de una materia sensible, según un portavoz.

Testigo Portabales

Hace 23 años Ricardo Portabales y Manuel Fernández Padín empujaron al banquillo a 52 acusados en la Operación Nécora, uno de los golpes más duros y eficaces contra el narcotráfico gallego. Sus testimonios fueron determinantes para encarcelar a capos como Laureano Oubiña, Manuel Charlín Gama y buena parte de sus adláteres. Se convirtieron en los testigos protegidos más famosos del país. Nueva identidad, nueva vida, nuevo país en el que vivir y una asignación económica. El 29 de septiembre de 2009, la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional dictó un auto por el que 19 años después se ordenó a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía retirar la protección de la que gozaban. Informes policiales remitidos a los jueces se quejaban de que ambos prescindían de la escolta “cuando así les ha convenido”. Ambos recurrieron, pero perdieron.

El auto, cuyo ponente fue el juez Ruiz Polanco, es rotundo: “Han transcurrido casi veinte años desde la adopción de las medidas protectoras siendo de toda lógica entender que los riesgos se han aminorado sustancialmente, si no totalmente… Las normas de protección del servicio de protección han venido siendo incumplidas reiterada y descaradamente desde prácticamente los primeros momentos de establecerse el servicio”. Y añadía: “Las medidas protectoras, sean de naturaleza personal o económica, no pueden prolongarse ad infinitum, ni tienen la finalidad de subvenir a necesidades que los protegidos han tenido tiempo sobrado de cubrir adecuadamente y sin riesgo concreto conocido de clase alguna”. Portabales y Padín cobraban entonces 992 euros mensuales.

Portabales vive desde hace años en Montevideo (Uruguay), alejado de su mujer y de sus hijos. Ricardo tenía ocho años cuando su padre se convirtió en testigo protegido. “Después de haber sido la familia más protegida de España, con 15 escoltas, hemos pasado al olvido... Y si mi padre hizo las cosas mal, ¿qué culpa tenemos, por qué vamos a pagarlo nosotros? A mí lo único que me preocupa es mi madre, que se ha quedado en la calle, sin una pensión, después de todo lo que ella y nosotros hemos sufrido por culpa de mi padre”. Padín asegura sentirse “engañado”. “Arriesgué mucho, una parte de mi vida escondido a cambio de nada”. Ambos, en sus alegaciones calificaron los informes policiales de “sesgados, incompletos y erróneos”.

Detrás de cada testigo hay un oficial de seguridad que atiende sus inquietudes. “Son muy sensibles a las crisis de seguridad. Sobre todo cuando creen haber visto algo o alguien que les inquieta. Se comprueba, y en el 99% de los casos son infundadas. Piensan que la protección tiene que ser visible, pero la buena protección es la que no se ve”, asegura un juez.

Juan del Olmo, instructor del 11-M, tramitó la concesión de testigo protegido a numerosos testigos. Al menos a ocho de ellos se les facilitaron nuevas identidades y asignaciones económicas, según fuentes policiales. Gómez Bermúdez, que presidió el tribunal, las mantuvo todas. “Hay que ser cuidadoso y no equivocarse porque el sueldo genera dependencia. Si les das medios de vida plantea cierta dificultad de credibilidad”. En pleno juicio, un confidente al que se conocía como Cartagena pidió un aumento de su asignación.