Doce meses de acusaciones desmontadas por los hechos

El Supremo recibió en plena campaña de las pasadas elecciones generales una pieza separada remitida por un juzgado de Lugo. En ella se acusaba al entonces ministro José Blanco de haber cobrado 200.000 euros por hacer gestiones para que el empresario Jorge Dorribo, imputado por corrupción, lograse una autorización del ministerio de Sanidad y una subvención del Ministerio de Economía y Hacienda. Dorribo era quien hacía esa acusación y nunca logró ni la autorización de Sanidad ni la subvención de Economía para sus negocios.

Dorribo declaró a la juez del caso que tenía un documento que probaba que había sacado 150.000 euros de un banco andorrano en febrero de 2011 para sobornar al ministro. Pero la investigación del Supremo comprobó que ese dinero lo empleó Dorribo en pagar unas deudas que tenía con una farmacéutica de Andorra.

Dorribo también señaló que esos pagos ilegales constaban en la contabilidad de su empresa. Cuando la juez ordenó el registro de la empresa, no pudo encontrar “ningún elemento relativo a las fichas a las que aludía el declarante”.

Desmontadas las pruebas falsas que Dorribo construyó contra Blanco y difundió primero en El Mundo y luego ante la juez, el Supremo siguió investigando un posible tráfico de influencias y un posible cohecho de José Blanco por conversaciones telefónicas incluidas en la causa. En una de ellas, Dorribo aseguraba que su socio, el empresario José Antonio Orozco, le había dicho que había pagado parte del chalé de Blanco en Las Rozas (Madrid). La policía no halló rastro de ese pago, aunque sospecha que Blanco abonó una parte del precio del chalé en dinero negro.

Tráfico de influencias

Otra conversación entre Orozco y Blanco probaba que el entonces ministro medió para agilizar una licencia a favor del empresario, que quería construir una nave en el aeropuerto de Barcelona.

La policía intenta acreditar que la concesión de la licencia se hizo por la presión del ministro pese a que el empresario no cumplía las condiciones establecidas en la Ley. Sin embargo, los informes técnicos aportados a la causa no señalan nada parecido. Por eso los agentes quieren un experto medioambiental que elabore un informe pericial sobre esa cuestión. Pero el juez se ha negado.