Interventores

Aleluya. Habemus consensum. Como si se tratara del final feliz de un cuento de Navidad, parece que los Reyes Magos nos han traído por fin un consenso entre nuestros dos grandes partidos estatales, cuando ya desesperábamos de que pudieran alcanzar algún acuerdo mínimamente relevante. Me refiero a la futura reforma de la Ley de Bases de Régimen Local: el primer nivel de las Administraciones Públicas que se encuentra más próximo a la ciudadanía de a pie, cimentando y sustentando a todas las demás. Es verdad que aún no podemos echar las campanas al vuelo, pues dado el precedente historial de consensos abortados, hay que ser muy escépticos tras sufrir demasiados escarmientos, el último de los cuales fue la fallida negociación de la reforma de los desahucios, que se saldó con un decreto unilateral del gobierno parcial y contraproducente. De modo que, hasta que la futura ley no se vote en las Cortes, no podremos respirar tranquilos.

Pero de momento se mantiene un margen de esperanza. Al parecer, el Gobierno, su partido, el PSOE y la FEMP (Federación de Municipios y Provincias) están a punto de alcanzar un pacto en torno a tres puntos de importancia desigual: la limitación proporcional del sueldo de los ediles (algo fútil en principio, aunque de gran eco mediático), la clarificación de las competencias impropias (servicios públicos que prestan los Ayuntamientos sin financiación específica) y lo más relevante de todo, la recuperación por parte del Estado del cuerpo de interventores municipales (además de tesoreros y secretarios), que hasta ahora eran nombrados por los Ayuntamientos. Esto último es trascendental.

Del cúmulo de problemas que aquejan a nuestra democracia, rebajando su calidad hasta niveles ínfimos, la corrupción es uno de los peores, lo que justifica la merecida desconfianza de la ciudadanía hacia una clase política que tan indignamente nos representa. Y ese cáncer de la corrupción política, cuya metástasis se ha extendido a todo el cuerpo del Estado, arranca de su origen basal en las Administraciones locales, internamente corroídas por el mal de las comisiones ilegales, fraudulentas y clientelares derivadas del boom de la burbuja constructora y urbanística que arrasó España desde los años 80, según el ejemplo del célebre 3% denunciado por Maragall. La lista resulta interminable, desde su inicio en Marbella hasta su generalización en los ayuntamientos de las comunidades de Madrid, Valencia y Baleares, sin olvidar los casos Palau y Pretoria. Pero tras el estallido de la burbuja seguimos igual, como revela la reciente imputación a los alcaldes de Sabadell, Orense, Lugo y los dos de Santiago de Compostela.

¿Cómo se explica esta epidemia? Al decir de Alejandro Nieto (catedrático de Derecho Administrativo y autor de Corrupción en la España democrática), la causa de semejante patología proviene de la supresión del cuerpo estatal de interventores municipales, creado en 1924 para acabar precisamente con el caciquismo territorial. Pero en nombre de la autonomía local garantizada por la Constitución, los interventores municipales fueron colocados desde los años 80 bajo la dependencia orgánica de los mismos Ayuntamientos a los que debían controlar. Así fue como se hizo posible la resurrección del caciquismo clientelar, pues ¿cómo fiscalizas las cuentas de la corporación que te elige, te nombra, te paga el sueldo y te suspende si quiere? Recuérdese la célebre ecuación de Klitgaard: Corrupción política = Monopolio de la decisión + Discrecionalidad del decisor - Rendición de cuentas ante un órgano de control independiente. Ésta es la función a desempeñar por el interventor, que debe fiscalizar las decisiones adoptadas. Pero si depende orgánicamente de la alcaldía, la alcaldada se hace inevitable.

De modo que la restauración del cuerpo estatal de interventores municipales podría significar el inicio del saneamiento de la corrupción política desde la base misma de la pirámide administrativa. Pero para completar el proceso de limpieza democrática haría falta que la intervención estatal se elevara de escala para pasar a controlar también las cuentas de las comunidades autónomas desde el Estado central. Este sería el verdadero federalismo que necesitamos, para reformar las evidentes disfunciones surgidas tras el desarrollo del Título VIIIº de la Constitución, que ha degenerado en una deriva autonómica en clave confederal. No la recentralización política, como reclaman los nostálgicos del centralismo estatal, sino la fiscalización de los poderes locales y autonómicos por parte de los interventores federales del Estado. Por eso, ahora que se habla de una segunda transición, nada mejor para ello que federalizar la rendición de cuentas (accountability) de los poderes locales y autonómicos desde una hipotética Intervención Federal del Estado.