“Los contratos de Baltar son una auténtica chapuza”

El baltarismo no se fraguó solo. El poder omnímodo con el que el fundador de la dinastía, José Luis Baltar, hizo y deshizo durante dos décadas cientos de contratos laborales a enchufados en la Diputación de Ourense —que le sirvieron para perpetuarse en el poder del PP y de la propia institución provincial a través de su hijo— tuvo colaboradores necesarios desde un punto de vista judicial. Entre otros, los jefes de personal, en su mayoría colocados por él mismo, y parientes suyos o de cargos públicos del PP. Y también los sindicatos. Así se desprende de la querella del fiscal contra el viejo cacique ourensano, que ayer admitió a trámite el juez Leonardo Álvarez.

El titular del juzgado número 1 de Ourense se incorporó el lunes a su puesto, se topó con la querella del Ministerio Público y no dio crédito. Algunos de los hechos denunciados y contrastados por la fiscalía “son una auténtica chapuza, en el caso de que no sean un error”, destaca perplejo el juez Álvarez. Hoy mismo hará público el auto que supone la imputación del exbarón del PP de Galicia, a quien citará a declarar después de que desfilen por el juzgado cuatro jefes de personal —supuestamente colocados a dedo por Baltar—, los tres representantes sindicales en la comisión de control de la Diputación — que, según la querella, no controlaron nada— cuatro de los enchufados y, finalmente, ya hacia el próximo mes de febrero, el propio imputado. “Apenas les haré dos preguntas a cada uno”, advierte el titular del juzgado ourensano.

Entre las “cosas tan extrañas” que sorprendieron a Leonardo Álvarez tras la lectura de los 800 folios de la denuncia penal presentada por el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado —referida solo a los presuntos 104 empleados a dedo, vinculados al PP, en las vísperas del congreso provincial del partido de 2010, que encumbró a la presidencia provincial al hijo del exbarón, Manuel Baltar— destacan casos como que una sola persona figure contratada, en el mismo periodo de tres meses, para cuatro empleos distintos en otros tantos organismos dependientes de la Diputación. En realidad, ese tipo de prácticas no eran novedosas en el entramado administrativo que crearon los Baltar.

A finales de 2009, cuando ató la sucesión de su hijo al frente del PP de Ourense, José Luis Baltar ya era un experto avezado en la contratación masiva de personas vinculadas al partido a través de la Diputación que presidía. Cuando el bipartito formado por PSOE y BNG se hizo con la alcaldía de Ourense, en las elecciones municipales de 2009, desbancando al PP; se encontró con un sistema de sillas calientes utilizado por los enchufados del exbarón: como no había sitio para todos en las oficinas municipales, los colocados por Baltar en la institución local se turnaban para usar las sillas. Mientras unos salían a tomar el café o a hacer recados, las ocupaban otros. Y todos, aunque trabajaban en el Ayuntamiento de la capital provincial, cobraban de la Diputación.

Cuando, a finales de 2009, Baltar padre pugnaba para amarrar la sucesión de su hijo Manuel al frente del partido, contra una candidatura alternativa auspiciada por Feijóo, la espiral de contrataciones se disparó. El fiscal denuncia en su querella el empleo —sin informes ni proceso de selección, es decir, a dedo— en ese momento, de 104 personas en 19 organismos; ayuntamientos, fundaciones y otras instituciones dependientes o controladas por la Diputación. El gerente del edificio cultural (entonces con 33 porteros para cuidar tres puertas, aunque, según Baltar, se han reducido ahora a 16) solicitó por vía de urgencia 12 personas más. La primera mujer de Manuel Baltar, enchufada desde hace tiempo como gerente del Teatro Principal de la ciudad, reclamó nueve personas más por la misma vía. Y así hasta 19 organismos. Uno tras otro.

Se contrató a una persona para cuatro empleos distintos en tres meses

El fiscal acusa ahora a Baltar de un delito de prevaricación continuado basado en el enchufismo. Pero solo en el de las vísperas del congreso del PP. Aunque el juez reconoce que podría ampliar esa querella “siempre que los hechos que se documenten estén relacionados con esas contrataciones”. Álvarez explica que su instrucción se ceñirá a los más de un centenar de empleos que el fiscal ourensano tilda de ilegales en ese periodo precongresual. Pero puntualiza que si se presentasen pruebas que evidenciaran que fueron concedidos a cambio de “dádivas”, podría añadir al imputado otros delitos.

Tanto el PSOE, autor de la denuncia registrada en la fiscalía, como el sindicato Manos Limpias han solicitado personarse como acusación particular. Manos Limpias presentará la misma documentación sobre el supuesto incremento patrimonial del autodenominado “cacique bueno” que el pasado año un anónimo registró en la Fiscalía Anticorrupción y de la que este diario informó el pasado julio. Se trata de una extensa documentación que incluye datos sobre el patrimonio personal del ahora jubilado Baltar (diversos inmuebles en Galicia, además de una colección personal de más de un centenar de coches antiguos supuestamente concedidos a cambio de empleos, según la documentación del denunciante) así como de otros políticos de su núcleo duro. Los socialistas intentan aportar, además, documentación relativa a fondos europeos “que no fueron destinados al fin requerido”.

El gerente del edificio cultural (entonces con 33 porteros para tres puertas) solicitó 12 personas más

Mientras el baltarismo se enfrenta por primera vez a la justicia, el heredero del fundador de la dinastía, Manuel Baltar Blanco, evita las comparecencias públicas. Su padre sí da la cara, pero el hijo ha puesto a su brazo derecho en la Diputación y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Rosendo Fernández, a despejar balones.