El PP afirma que “nunca” conoció ni amparó el caso y respalda a González

“Obviamente, no. Bajo ningún concepto”, respondió Lucía Figar, portavoz del PP de Madrid, cuando le preguntaron si Ignacio González debe dimitir al haber sido señalado por un imputado como responsable del presunto espionaje político en la Comunidad de Madrid en 2008. “Lo que ha declarado este señor a un medio de comunicación carece de la más absoluta credibilidad”, dijo Figar en referencia al guardia civil José Oreja, que ha acusado al presidente madrileño.

Este guardia civil no ha declarado nada a un medio de comunicación, sino que lo ha hecho, por escrito, a la juez que investiga el caso. Y en esa declaración firmada ha asegurado tres cosas: que los seguimientos ilegales existieron; que le fueron ordenados —a él y a otros dos agentes— por el entonces vicepresidente y hoy presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a través del director y el subdirector general de Seguridad; y que no solo fueron espiados Manuel Cobo y Alfredo Prada —dirigentes del PP pero enfrentados a la entonces presidenta Esperanza Aguirre—, sino también el a la sazón alcalde y hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, los alcaldes socialistas de Fuenlabrada y Getafe o la actual delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.

“Nosotros nunca conocimos ni amparamos ni permitimos ningún espionaje. La justicia hasta el momento nos ha dado la razón”, añadió la portavoz del PP. La juez instructora ha archivado dos veces el caso, y dos veces lo ha vuelto a abrir la Audiencia Provincial.

El Partido Socialista de Madrid (PSM), que está personado en la causa, pedirá la dimisión de González si una resolución judicial confirma que él estuvo implicado en el espionaje. “Si se verifica esto, solo tiene una solución: la dimisión de la Presidencia de la Comunidad”, afirmó el secretario general del PSM, Tomás Gómez, que tachó el presunto espionaje de “asunto muy grave” y se mostró “seguro” de que finalmente se depurarán “responsabilidades penales”.

Uno de los políticos supuestamente espiados, el alcalde de la localidad madrileña de Fuenlabrada, se declaró “indignado” y anunció que estudia personarse en la causa. “Se trata de un caso muy grave de espionaje, utilizando métodos ilegales. Se sale del marco democrático”, dijo el socialista Manuel Robles. Fuentes del Ayuntamiento de Fuenlabrada creen que el presunto seguimiento a Robles pudo estar relacionado con el hecho de que una concejal del PP en la localidad estaba emparentada con el ex director general de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, quien supuestamente comunicó a los guardias civiles, de parte de Ignacio González, que debían espiar al alcalde de Fuenlabrada. “Para así favorecer la estrategia del PP de acoso al Gobierno municipal”, conjeturan estas fuentes, citadas por Europa Press.

El socialista Pedro Castro, exalcalde de Getafe y otro de los políticos que figuran en la lista de los presuntamente espiados facilitada a la juez, escribió en su cuenta de la red social Twitter: “Lo que ya sabíamos muchos se demuestra”.