Rosa Díez: “La sentencia de Estrasburgo sobre ANV es una bofetada al Gobierno”

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que confirma la ilegalización de la formación Acción Nacionalista Vasca (ANV) decretada por el Supremo en 2008 supone "un espaldarazo a la democracia" y "una bofetada al Gobierno". Así lo cree la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien considera además "lamentable" que este pronunciamiento tenga que llegar de un tribunal europeo ante la "pasividad" del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La líder de la formación magenta, que ha comparecido ante los medios junto al diputado Carlos Martínez Gorriarán y Andrés Herzog, responsable de las querellas contra Bankia y Banca Cívica, se ha mostrado asimismo convencida de que lo ocurrido en el caso de ANV se repetirá también con Bildu, la formación abertzale sobre la que UPyD sigue reclamando al Gobierno que inste a su ilegalización por tratarse de ETA.

Díez ha anunciado, por otro lado, que UPyD ha registrado para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que exige que los rescates a comunidades autónomas o Administraciones locales demuestren tener requisitos previos concretos antes de recibir el dinero. Estos mecanismos de ayuda deberán ser, además, de carácter "finalista", para que la concesión este condicionada al mantenimiento de los servicios públicos, lo contrario de lo ocurre en Cataluña, donde en su opinión se está utilizando ese dinero del Estado para financiar los planes soberanistas del presidente de la Generalitat, Artur Mas. "¿Se imaginan que Europa diera cientos de miles de millones a España si el Gobierno dijera que en cuanto los reciba se va a ir de Europa?", se ha preguntado Díez, quien también ha planteado en su comparecencia que "para no dejar caer a Cataluña, quizás hay que dejar caer a su Gobierno".

"Pedimos que no se dé el dinero hasta que no hagan determinadas cosas y no garanticen que no harán otras. El rescate con dinero de todos los españoles debe estar condicionado previamente a que se destine a políticas que garanticen la igualdad, preserven los servicios esenciales y eviten que se sigan produciendo despilfarros, usando el dinero en cuestiones no esenciales ni para los ciudadanos ni para el desarrollo futuro de esos territorios", ha señalado.