La Defensora: el Gobierno incumplió la ley con los inmigrantes de Isla de Tierra

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, habitualmente templada en sus apreciaciones, considera que el Gobierno incumplió la ley el pasado mes de septiembre cuando entregó a Marruecos a 71 inmigrantes que habían llegado al islote español Isla de Tierra, frente a la costa marroquí. El Ejecutivo siempre ha mantenido que la llegada de decenas de inmigrantes al peñasco “precisaba una reacción inmediata y coordinada con las autoridades de Marruecos” (como consta en una reciente respuesta parlamentaria a UPyD), pero nunca ha reconocido la acusación de numerosas ONG que ahora asume la Defensora del Pueblo: que para resolver el problema se vulneró la ley y no se respetaron los derechos que el ordenamiento prevé en España para los inmigrantes.

“A pesar de que esta institución es consciente de las dificultades que conlleva el control de los flujos migratorios, especialmente en estos enclaves geográficamente tan cercanos a Marruecos, inhabitados y carentes de las infraestructuras mínimas para la acogida de personas, no se puede compartir que las actuaciones llevadas a cabo se adecuaran al ordenamiento jurídico vigente”, indica la Defensora del Pueblo en el informe anual.

El documento revela, además, que ya en su día se “advirtió” a la Secretaría de Estado de Seguridad de que "cuando se intercepta a un extranjero cuyo propósito sea entrar de manera irregular en España, este ha de ser puesto a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para que se incoe el oportuno expediente de devolución, en cumplimiento de lo previsto en la ley orgánica 4/2000”. No ocurrió así en el caso de Isla de Tierra. Los inmigrantes fueron expulsados de madrugada, al margen de cualquier procedimiento legal e individualizado, y entregados sin más a las autoridades marroquíes en la playa de enfrente. Ninguno pudo hacer valer ningún tipo de derecho.

“Por último”, prosigue el informe, “tal como señaló la Comisión Europea en su Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo, con motivo de la evaluación de los Acuerdos de Readmisión de la UE, resulta necesario, además, garantizar el respeto a los derechos humanos de aquellas personas que son readmitidas en un país de tránsito donde pueden encontrarse en una situación especialmente precaria, sobre todo en países con un sistema de protección insuficiente de los derechos humanos, incluida la protección internacional”.

El problema de Isla de Tierra no fue solo el procedimiento de expulsión de territorio español, sino también la suerte de los inmigrantes en suelo marroquí. De nuevo, no tuvieron acceso a ningún procedimiento legal para pedir asilo o hacer valer sus derechos, sino que fueron directamente conducidos a la frontera con Argelia en autobuses desde Isla de Tierra y obligados a caminar hacia Argelia sin más trámite. La mayoría regresó después a pie a Oujda, ciudad marroquí junto a la frontera, donde buscaron cobijo en la Universidad o en los bosques cercanos.

En la última comparecencia del ministro del Interior para dar las cifras de 2012 de inmigración en España, el pasado enero, ante preguntas de este diario Jorge Fernández aseguró que la cooperación con Marruecos era “excelente” y que no iba a enjuiciar en ningún caso lo que había ocurrido en el país vecino –“aliado y amigo”- con los inmigrantes de Isla de Tierra una vez que fueron entregados por España.