Tres funcionarios serán juzgados por el primer escándalo de Matas

Por el caso Formentera, escándalo de supuesta corrupción política del Gobierno de Baleares de Jaume Matas, del PP, destapado en 1999 y el primero de los asuntos de la época Matas que llegó a los tribunales, serán juzgados tres funcionarios, acusados por el fiscal de falsedad en documento oficial y con una petición de tres años de cárcel para cada uno. El Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado rechazaron investigar a Matas mientras era ministro (2000/2003) sobre su responsabilidad en la creación de una supuesta trama para la compra votos por correo de emigrantes en América.

Según los indicios y testimonios acumulados se ideó un operativo para favorecer el voto en Formentera de ciudadanos baleares en el exterior, en especial en Argentina y Uruguay. Los captados debían apoyar -por correo- al PP en la demarcación de la isla balear, aun sin tener arraigo familiar. En la menor isla de las Baleares se elige un solo diputado que es determinante para el color del poder en la comunidad, en el caso de mayorías justadas.

La acusación del fiscal -firmada en 2009- no contempla a ninguno de los políticos y cargos de confianza investigados del Gobierno Matas (una vicepresidenta un consejero, directores generales y asesores) porque fueron exonerados tras una alambicada instrucción en el Tribunal Superior de Baleares, en 2005 y el Tribunal Supremo. El fiscal de Baleares y distintos magistrados del tribunal eran partidarios de imputar a Matas. El caso se atascó en el Tribunal Superior que se dividió en dos bloques, siendo necesario acudir a la sala de la discordia donde por cuatro votos frente a tres se liberó de cargos a los políticos del PP.

La Audiencia de Palma analizará, pues, una de las raíces de la posible trama delictiva, un episodio menor, con funcionarios sin protagonismo político imputados en la trama, según la acusaciones iniciales de los grupos de izquierda, PSOE y PSM. El caso Formentera es llamado también operación Mapau por el nombre de la supuesta agente de captación de votos contratada para obrar en el exterior, Mapau Segura, hija a su vez del redactor de discursos de presidentes del Gobierno del PP Miquel Segura, presunto ideólogo de esta operación.

El caso se denunció por el sospechoso aumento del censo de votantes de residentes ausentes en Formentera. Los indicios se acumularon con el hallazgo en el Gobierno de Baleares de posibles informes escritos por Miquel Segura sobre sus expediciones a Argentina y Uruguay, con identificación de colectivos emigrantes y su aparente afinidad ideológica. La supuesta manipulación del proceso de selección y contratación por el Gobierno de Mapau Segura es el único episodio penal a dirimir en el juicio, aún sin fecha.

Este fue el primer episodio denunciado en el que se puso bajo sospecha pública y de los jueces a Jaume Matas. En 1999, Matas perdió las elecciones autonómicas y regresó en 2003 al poder en Baleares. Entre 2000 y 2003 fue ministro del Gobierno Aznar y sus casos eran competencia del Supremo. Al salir del Gobierno, para que el caso Formentera fuera competencia del Tribunal Supremo promovió para senador autonómico a un funcionario imputado. El asunto retornó a Palma, al cabo de nueves meses.

En el escándalo se investigaron un posible delito electoral y otros dos de falsedad documental y malversación de caudales públicos. Un juez y el fiscal de Baleares recorrieron en comisión judicial distintas ciudades de Argentina para interrogar a las personas que intervinieron en el proceso de concentración del sufragio postal en Formentera entre núcleos de emigrantes patrocinados por el Gobierno de Matas.

Tras protagonizar la instrucción del caso Formentera, Antonio Monserrat, que entró en el Tribunal Superior de Baleares a propuesta del PP, fue promovido con el aliento del mismo partido al Consejo General del Poder Judicial, donde sigue como activo vocal del bloque conservador.

Jaume Matas, antes de estar imputado en 2008 en el caso Palma Arena, por el que Matas ya acumula una condena de seis años de cárcel de 2012, fue investigado por el caso del espionaje al correo electrónico del PSOE, el caso Bitel de 2000, en el que solo se juzgó a dos funcionarios -absueltos- por la oposición del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General a investigar al que era ministro.