Guerra total entre Gobierno y oposición por las preferentes

¿Qué ha pasado entre enero y marzo para que el supuesto acuerdo entre PP y PSOE sobre las llamadas preferentes haya saltado por los aires? Esto es lo que ha ocurrido después de que ambas formaciones políticas lanzaran hace dos meses que había un principio de acuerdo para que los afectados por la adquisición de esos productos recuperaran buena parte de lo invertido. Pero una de las partes del acuerdo, el PSOE, no se reconoce en el decreto ley  que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes. Considera ahora que la recuperación de lo perdido es imposible y que la quita de hasta el 61% es desorbitada. Si no hay cambios, el PSOE irá a los tribunales mientras que Izquierda Plural (IU, ICV y CHA), y el BNG hablan directamente de “estafa”, en tanto que CiU llama a reparar esta injusticia.

No se presenta pacífico en absoluto el debate para la convalidación del decreto ley sobre preferentes que llegará al Congreso después de Semana Santa. El Gobierno tiene asegurada esa convalidación con su propia mayoría pero no sin escándalo y denuncia. ¿Es esto lo que pactó el PP y el PSOE?, pregunta con intención el coordinador general de IU, Cayo Lara. No, responde el PSOE que para mostrar su radical disconformidad anuncia llevar a los tribunales al Gobierno porque lo aprobado ni se corresponde con lo pactado hace solo dos meses, ni con las recomendaciones de la Defensora del Pueblo. El decreto aplica el canje y la quita a la totalidad de los titulares, “sin tener en cuenta quien ha podido ser engañado y quien no y aplica unos recortes desorbitados”. Esta es la esencia de la denuncia del portavoz adjunto de Economía del Grupo Socialista, Antonio Hurtado, muy implicado con los grupos organizados de preferentistas con quienes él mismo y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunieron la semana pasada.

A modo de síntesis el portavoz socialista critica la solución dada por el Gobierno ya que impone una quita que oscila entre el 38 y el 61% a los tenedores de preferentes que, además, se ven abocados al canje de acciones “que día a día pierden valor”. La solución debería pasar por una auditoría elaborada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para no tratar a todos igual porque no todos los casos son iguales. Así los casos de “engaño” evidente, deberían estar fuera de esta solución homogénea que pasa por la pérdida de la mayor parte de lo invertido que, además, tampoco será del todo recuperado porque se obliga a canjearlo por unas acciones inciertas.

La complejidad es total porque no hay homogeneidad en lo ocurrido pero sí hay mucha unidad entre los afectados, que exigen soluciones al poder político, como se pone de manifiesto en muchas partes de España. La primera reacción del PP ha venido del portavoz de Economía del Grupo Popular, Vicente Martínez–Pujalte, que ha llamado “irresponsables” a los socialistas y al resto de los partidos de oposición que rechazan la solución inicial dada por el Gobierno. Pujalte acude a la herencia porque “si hablan de estafa esta se produjo en tiempos de Zapatero y de Rubalcaba”, Les pide que elijan entre “hacer política o solucionar los problemas de los ciudadanos”.