El Poder Judicial apura el plazo para elegir magistrados para el Constitucional

El órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no logró ayer ni amago de acuerdo, si quiera, para determinar el modelo de votación para elegir a dos de los futuros magistrados del Tribunal Constitucional. Las discrepancias se plasmaron tanto entre el sector progresista como en el conservador, que hasta ahora parecía más unificado. Y la evidente ausencia de consenso llevó a que lo único que se sometiera a votación fuera la decisión de aplazar la elección, aunque ni siquiera en esto hubo unanimidad.

La Constitución otorga al Poder Judicial la elección de dos de los 12 miembros del Constitucional. Los plazos para la renovación marcan como límite el próximo día 9, pero el CGPJ tampoco señaló ayer una fecha para convocar de nuevo el pleno y proceder a la elección. “Puede ser la semana que viene”, apuntaron fuentes del Poder Judicial que, sin embargo, admitieron que la votación podría aplazarse hasta el próximo día 30, un día antes de que, previsiblemente, el Consejo de Ministros nombre a los dos magistrados que corresponden al Gobierno.

El Consejo podría esperar al día anterior a que se defina el Gobierno

Los magistrados a relevar en el Constitucional son Pascual Sala, actual presidente, y el conservador Ramón Rodríguez Arribas. A su salida se unirán las de Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, ambos progresistas, que el Ejecutivo sustituirá por otros dos de perfil conservador, con lo que el Constitucional pasará a tener una mayoría conservadora por primera vez en los últimos diez años.

Mientras que hasta ayer el desacuerdo era más visible entre los vocales progresistas del CGPJ que entre los conservadores, las maniobras y reuniones celebradas antes del pleno evidenciaron que el consenso es inexistente tanto en un sector como en otro. Entre los conservadores, el magistrado de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, Ricardo Enríquez, es el preferido para los vocales más próximos al Gobierno. Sin embargo, los pertenecientes a la asociación mayoritaria, los también conservadores de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) apoyan al también magistrado del Supremo José López García de la Serrana, que fue durante años presidente de la asociación. Tanto unos como otros apoyarían al candidato progresista de los vocales que respaldaran su propuesta.

Entre los progresistas, la división es triple. Ni el exfiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ni el presidente de la Sala de lo Civil del Supremo, Juan Antonio Xiol, alcanzan los apoyos mínimos necesarios en una liza en la que también entra el exsecretario de Justicia Juan Carlos Campo.

El presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, trató de propiciar el acuerdo desde primera hora de la mañana, antes de la celebración del pleno. Incluso llegó a retrasarlo instando al consenso y a la posibilidad de someter a votación dos ternas, con un candidato conservador y otro progresista cada una. Una de ellas estaría formada por Ricardo Enríquez y Cándido Conde-Pumpido y la otra por López García de la Serrana y Xiol. Pero pese a que se detectaron momentos de acercamiento, ninguna de las dos logró aunar, en la simulación de la votación realizada en los despachos, los 13 apoyos necesarios para que salieran adelante.

Una votación simulada evidenció el desacuerdo antes del pleno

Según fuentes del mismo Consejo, ninguno de los candidatos provoca un rechazo tajante entre los vocales de uno u otro sector. La mayoría de ellos intercambiaría sus votos con quien apoyara a su preferido. Pero puede llegar el caso de que el consenso solo se logre por la tercera vía, es decir, con la propuesta de un tercer candidato que no decante la victoria ni para una ni para la otra de las subdivisiones en las que está fragmentado cada sector.

El caso es que la elección de magistrados al Constitucional ha quedado, de momento, estancada, aunque el Poder Judicial tiene plazos que cumplir y, por ello, si se mantiene el desacuerdo habrá de fijar, al menos, la fórmula para la elección y un número de votaciones límite que, de momento, no está determinado.