Un límite a la solidaridad interregional

A última hora, después de meses resistiéndose a hacerlo, la dirección federal del PSOE ha decidido incluir en su propuesta de reforma constitucional el principio de “ordinalidad” de la financiación autonómica, una de las principales reclamaciones del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Ese principio propugna una limitación del fondo de solidaridad interregional para evitar que las comunidades más ricas, tras aportar al fondo común, bajen puestos en financiación per cápita o recursos. Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, confirmó este viernes que la “ordinalidad” estará en el documento que hoy pretende aprobar en Granada el Consejo Territorial del partido.

La cuestión de la ordinalidad había generado un fuerte debate en el PSOE y un pulso con el PSC, que desde el primer momento exigió que ese concepto figurara en el documento territorial. El coordinador del documento, el diputado Ramón Jáuregui, afirmó hace solo tres días que la “filosofía” de “limitar el perjuicio” a las comunidades ricas por su aportación a la solidaridad sí estaría en el texto, pero no el concepto como tal, la “denominación expresa” de ordinalidad, que levanta ampollas en muchos sectores del partido. Este viernes, sin embargo, Rubalcaba confirmó que el concepto estará en el texto, tal y como adelantaba el diario La Vanguardia.

El documento debe ser aprobado este sábado en Granada por los 17 barones territoriales del partido. Anoche, la dirección federal organizó una cena con todos para tratar de llegar con un acuerdo unánime a esa cita clave. El jueves, el líder catalán, Pere Navarro, visitó al secretario general del PSE, Patxi López, en su gira para convencer a otros barones, tras haber ido la semana pasada a Andalucía para hablar con José Antonio Griñán.

Rubalcaba admitió que la ordinalidad había provocado “un gran debate” en el partido, pero subrayó que esa figura “ya está sancionada por el Constitucional”, porque el Estatuto catalán de 2006 recogía el concepto en su artículo 206.5, uno de los que el Constitucional avaló en 2010, aunque interpretándolo y limitando su alcance. “Ese concepto está ya en nuestra jurisprudencia y nosotros, por supuesto, lo asumimos. Repito: en los términos que dice el Constitucional”, señaló.

Lo que dijo el alto tribunal en 2010, con una redacción un tanto ambigua, es que la ordinalidad es constitucional si se interpreta con un “limitado alcance” y no se entiende como una obligación permanente para el Estado. Que el sistema de solidaridad interregional no debe perjudicar a las regiones más prósperas “más allá de lo razonablemente necesario” para que las demás prosperen. Y que los fondos de nivelación deben buscar la “aproximación progresiva” de las comunidades más pobres a las más ricas, siempre y cuando el resultado no sea “la peor condición relativa de quien contribuye respecto de quien se beneficia [de la solidaridad]”.

Aparentemente, eso quería decir —esa es la interpretación que hizo Rubalcaba— que el que más aporta no debe quedar, en el ordenamiento final, por debajo del que se beneficia de su aportación. Pero eso no es lo que pide el PSC, que aboga por que el orden de las comunidades por nivel de riqueza no se altere en absoluto —ni poco ni mucho— tras la aplicación del fondo de solidaridad.

Ese riesgo de que el concepto de ordinalidad, una vez asumido, pueda ser interpretado de manera elástica y utilizado para pedir que se recorte considerablemente la solidaridad interregional es lo que había llevado al PSOE, hasta ahora, a rechazar su inclusión en su propuesta territorial (a pesar de que los socialistas votaron a favor del Estatuto catalán, y por tanto de ese concepto, en 2006). Incluso los socialistas de Andalucía o de la Comunidad Valenciana, partidarios de limitar el fondo de solidaridad o modificarlo porque consideran que genera situaciones injustas, dudaban a la hora de adoptar el concepto de ordinalidad en los términos defendidos por el PSC.

Finalmente, la ordinalidad estará en el documento del PSOE.

La propuesta territorial del partido recogerá también, previsiblemente, propuestas ya avanzadas en estos meses: un reparto más claro de las competencias del Estado y de las comunidades; un capítulo de “singularidades” de ciertas autonomías que les dé un trato constitucional específico, la descentralización de la Justicia para dar más poder a los Tribunales Superiores de las comunidades y menos al Supremo (otra reivindicación nacionalista y del PSC, que los socialistas asumen con límites) y la sustitución del Senado por una Cámara territorial elegida no por los ciudadanos sino por los Gobiernos o los Parlamentos autónomos. Esta es una de las propuestas que más debate han generado: en el caso de que fuera elegida por los Gobiernos, está en cuestión hasta qué punto podría tener poder de decisión sobre la elaboración de leyes una Cámara cuyos representantes no son elegidos en las urnas.

En la última fase de la negociación ha surgido otra propuesta a incorporar al texto con una redacción genérica: la revisión del cupo vasco y navarro, el dinero que aportan esas dos comunidades al conjunto del Estado (por su sistema especial de financiación, el concierto) y que el resto de regiones considera muy escaso.