Filesa acabó en una comisión de investigación

La diferencia entre la presión parlamentaria que sufrió el último Gobierno de Felipe González en los años noventa a propósito de los escándalos y la que sufre ahora el de Mariano Rajoy es la que va de una mayoría relativa a una mayoría absoluta. Es decir, entonces el Gobierno hizo lo imposible también para intentar evitar las comparecencias de los implicados, empezando por el presidente, pero acabó cediendo en algunos casos y hasta se vio obligado a dar vía libre a comisiones de investigación. Ahora la mayoría absoluta le permite al PP bloquear todas las iniciativas. Entonces el PSOE tenía que negociar con CiU y PNV para frenar las peticiones del PP de José María Aznar y la IU de Julio Anguita.

Con esos apoyos, González logró poner en marcha la estrategia de impedir que el presidente compareciera en el pleno, más allá de las sesiones de control y el debate sobre el estado de la nación. En una sesión del estado de la nación fue cuando Aznar pronunció su “¡Váyase, señor González!”. Pero, incluso con mayoría absoluta, el PSOE tuvo que aceptar que el 1 de febrero de 1990 compareciera en el pleno el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, para dar cuenta del escándalo por las actividades de su hermano. Contribuyó la división entre los socialistas, simplificada entre renovadores y guerristas. Luego, con mayoría relativa entre 1993 y 1996, no pudo impedir que compareciera en el pleno el entonces vicepresidente, Narcís Serra, para dar cuenta de las escuchas del CESID, que acabaron con su dimisión.

La oposición no consiguió forzar ninguna comparecencia monográfica en el pleno de González para dar cuenta de la guerra sucia de los GAL o del llamado caso Filesa, sobre la financiación ilegal del PSOE. En el primer caso, el Gobierno tuvo el apoyo de CiU para bloquear la petición del PP de crear una comisión de investigación sobre los GAL. Los populares de Aznar trasladaron la petición al Senado, donde, encabezados por Ángel Acebes, se propusieron investigar la guerra sucia. El 26 de enero de 1996, el PP liquidó la comisión GAL tras saber que un general iba a ampliar a ellos las responsabilidades por la guerra sucia. Dos meses después se celebraron las elecciones y ganó el PP de Aznar.

Sobre Filesa, la presión del PP y la debilidad del PSOE provocaron la creación de una comisión de investigación. Los socialistas la ampliaron al caso Naseiro, que afectaba al PP, y a escándalos vinculados a CiU. Aquella comisión terminó con un catálogo de recomendaciones, de las que salió una propuesta de legislación sobre financiación de partidos, pero no hubo depuración de responsabilidades o aclaración de hechos. Tan débil era la posición del PSOE, que inicialmente quiso que esa comisión no fuera de investigación, sino de estudio, pero el plante de dos diputados independientes provocó el cambio. Los dos diputados eran Baltasar Garzón y Ventura Pérez Mariño.

También forzaron los populares comisiones de investigación sobre el caso Roldán, para averiguar las actividades del exdirector de la Guardia Civil, y sobre la venta de terrenos de Renfe. De la primera, celebrada a puerta cerrada, salieron datos para abrir un sumario de la llamada trama navarra, que acabó con el presidente foral Javier Otano. De la segunda, salió la dimisión del ministro Julián García Valverde.