El español que pasó preso 21 meses en Italia pide 240.000 euros por el error

Óscar Sánchez Fernández, el lavacoches de Montgat (Barcelona) que fue confundido con un narcotraficante uruguayo, ha solicitado al Ministerio de Justicia 240.300 euros de indemnización por el error judicial que lo llevó a pasar 625 días en una cárcel de Nápoles (Italia). El juez de la Audiencia Nacional solo le preguntó en 2010 si el era Óscar Sánchez Fernández. Respondió la verdad, que sí, y fue encerrado en Soto del Real y, al mes, extraditado a Italia.

Condenado a 14 años de cárcel por seis delitos de narcotráfico y de colaboración con la Camorra, sus familiares defendían entonces que un hombre tan simple no podía ser el capo de una red internacional de tráfico de drogas. La justicia lo identificó con el coordinador en España del tráfico de drogas entre Suramérica e Italia para los clanes Bianco y Iadonisi, de la Camorra. Habría enviado 100 kilos de cocaína a Italia entre 2004 y 2006, con beneficios de cientos de milies de euros. Su sencillez de espíritu lo llevó probablemente a prestarle el DNI a una compañera de trabajo que se lo pidió para hacer llegar a España a un amigo suyo sin papeles. En las sucesivas cárceles italianas donde cumplió la pena que no era suya fue maltratado, apaleado y humillado por los otros reos.

Sánchez, de 46 años, arrastra aún la angustia de esa pena pero exige al Ministerio de Justicia que le indemnice con 90.660 euros por los 625 días de privación de libertad, 24.650 en concepto de lucro cesante y 125.000 por daños morales. Fue condenado en primera instancia por un juzgado italiano, pero se libró de las rejas después de que Tribunal de Nápoles lo declarara inocente en marzo de 2012. El juez concluyó que la voz del narcotraficante que usaba su identidad no era la suya. Sánchez reclama una indemnización por lo que considera un error judicial, puesto que cumplió la prisión provisional solo porque su nombre coincidía con el de un supuesto delincuente.

El Consejo General del Poder Judicial, que ha analizado su caso, considera que, al tratarse de un error judicial, no entra en su competencia valorar la actuación del juez que se equivocó, y que solo cabe indemnización si así lo dictamina un tribunal de mayor rango al que ha cometido el error. Para ello la víctima tiene que acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo.