La Constitución frena la consulta

La Constitución, invocada como una realidad política infranqueable por el 86% del Congreso de los Diputados, ha frenado este martes la proposición de ley del Parlamento de Cataluña para promover una consulta independentista en esa comunidad. El Congreso ha rechazado el plan catalán por 299 votos frente a 47 síes y una abstención.

Siete horas de debate para poner de manifiesto la ausencia de cualquier punto de coincidencia para buscar una salida al conflicto territorial. Las posiciones básicas discurren como líneas paralelas: entre la voluntad de los partidos nacionalistas e independentistas de seguir adelante por otras vías; la inconcreción de la oferta de diálogo de Mariano Rajoy y su negativa a abordar una reforma de la Constitución; y la propuesta federal de Alfredo Pérez Rubalcaba que no tiene el apoyo de los demás y niega la consulta. No hay sorpresa ni asomo de cambio en favor del consenso, aunque ha sido un debate correcto, sin descalificaciones y cargado de argumentos.

Rajoy dice estar dispuesto a dialogar sin concretar sobre qué contenido

Han sido los votos de PP, PSOE, UPyD, UPN y Foro Asturias (que suman 301 escaños en la Cámara), unidos en la defensa de una interpretación de la Constitución que impide el referéndum de autodeterminación, pero con discrepancias sobre la medicina a aplicar. Frente a los de CiU, PNV, ERC, ICV y el resto del Grupo Mixto, que defienden el llamado derecho a decidir y, más concretamente, la cesión a Cataluña de la competencia para convocar la consulta no vinculante de autodeterminación.

Rubalcaba pide una negociación para una reforma constitucional

“No es posible atender lo que nos solicita el Parlament de Cataluña porque no lo permite la Constitución”, ha respondido en un discurso contundente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Esta tesis básica ha sido compartida también por el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la líder de UPyD, Rosa Díez, aunque con diferencias entre los tres al llegar al momento de los caminos propuestos para encontrar una salida. Rajoy solo ha adimitido “diálogo dentro de los límites que nos exige la Constitución”, sin precisión alguna sobre el contenido. Y ha asegurado que “hay una puerta abierta de par en par para aquellos que no estén conformes con el actual estado de cosas: iniciar los trámites para una reforma de la Constitución. Quienquiera que desee modificar la Constitución, quienquiera que pretenda que España se disuelva, se fragmente, cambie de nombre… lo que sea… en vez de solicitar a esta Cámara lo que no está en manos de esta Cámara, ha de emprender el camino de la reforma constitucional. Se lo acaba de recordar también el Tribunal Constitucional”. Pero el PP tiene mayoría de veto para esa reforma. En el pasado lo ha hecho siempre que se ha planteado esa posibilidad, salvo en los dos mínimos retoques introducidos desde 1978 y siempre por exigencia europea. No hay por eso opciones para pensar en la apertura de un proceso de diálogo sobre la reforma de la Constitución, más allá de la retórica de sus palabras sobre puertas abiertas que no llevan a ningún sitio. De hecho, el presidente del Gobierno ha advertido, en un ataque de sinceridad para enfriar las expectativas de diálogo: “Ni con un café, ni con 500 con Artur Mas podría hacer algo que fuera en contra de la Constitución”.

Por su carril, Rubalcaba ha defendido “abrir un proceso de negociación, de acuerdo sobre nuevas normas de convivencia, un proceso dialogado, transparente, acordado, participativo y legal” para negociar una reforma federal de la Constitución, para cambiar la distribución de competencias y modificar el Senado, entre otras.

Y por su propia vereda, Rosa Díez (UPyD) ha asegurado con vehemencia que “no hay nada que dialogar, solo hay que cumplir la ley y las resoluciones de los tribunales. Lo esencial no se discute”. “No podemos solucionar desde la política las obsesiones de los nacionalistas que tienen otro tipo de tratamiento, pero no político”, ha dicho.

Con esas posiciones tan diferentes y tan fosilizadas, aunque coincidieran en el voto, y, sobre todo, con la voluntad de los partidos catalanes de seguir adelante en todo caso, el resultado ha sido un debate que no pone fin al proceso soberanista. Solo se ciega una vía y se deriva ahora hacia otras, como la aprobación de una ley de consultas en el Parlamento de Cataluña o, la más extrema, la de la declaración unilateral de independencia.

“No desistiremos e impulsaremos otras vías”, “es un proceso sin retorno” y “a pesar de lo que hoy sentencien en esta cámara, la mayoría del pueblo se mueve y se seguirá moviendo”, han replicado los representantes de los partidos catalanes para dejar claro que no cejan en el empeño de llegar a la consulta del 9 de noviembre.

“¿Qué esperan para negociar todo?”, ha preguntado reiteradamente el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, para exigir un diálogo que acabe en una consulta popular no vinculante. Clamando en el desierto para salir del empate infinito ha asegurado que “no es un problema jurídico, sino político”. Duran seguirá desde este miércoles con sus gestiones hasta ahora infructuosas para encontrar la coincidencia imposible entre Rajoy y Mas.

La tarde ha tenido la solemnidad de una larga sesión parlamentaria con trascendencia histórica a la que solo le ha faltado la presencia del principal impulsor de la vía soberanista: el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. En su lugar han defendido la propuesta Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV).

CiU, ERC e ICV aseguran que el proceso es ya “irreversible”

“Si se quiere se puede”, ha insistido el primero con el argumento de la falta de voluntad del Estado para facilitar la capacidad de decidir de los catalanes. Rovira ha apelado al sentimiento con una especie de independentismo afectivo desde su arranque, lanzando abrazos a los escaños y con un discurso naif que incluyó expresiones como “queremos un Estado que invierta en trenes cargados de oportunidades y empleos. Un Estado que persiga el interés general” y referencias a la futura ley del aborto para justificar la independencia de Cataluña.

Anuncian que seguirán por otras vías para llegar a la consulta

Herrera ha hablado de la historia, de cómo “la Constitución hoy está secuestrada y no la sentimos como propia”, y de la necesidad de buscar un nuevo pacto de convivencia. Ha culpado a la sentencia del Tribunal Constitucional que “decapitó el Estatuto de Cataluña” del sentimiento de incomodidad con España del 80% de los ciudadanos de esa comunidad.

El presidente del Gobierno ha tomado la palabra para rebatir sus peticiones con el argumento de que la Constitución impide delegar la función de convocar referendos y, además, la soberanía reside en el conjunto de los españoles y no se puede trocear.

“Independientemente del uso que se le quiera dar, se trata de una competencia indelegable. El referéndum es una manifestación de un derecho fundamental, el derecho de participación política. Si este Parlamento tuviera la potestad de transferir la titularidad de todas las competencias exclusivas, estas Cortes tendrían la potestad de liquidar la Constitución y el Estado mismo sin el concurso ni la aprobación del conjunto de los españoles” y “lo que tampoco está permitido es autorizar un referéndum cuyo propósito sea radicalmente contrario a la Constitución. La soberanía española corresponde a todos los españoles”.

Su otro argumento ha sido rechazar lo que ha llamado “relato de opresión” del Estado sobre Cataluña, para acabar con el elogio a esa comunidad —“amo y creo en Cataluña más que ustedes”— y la advertencia de las pésimas consecuencias de la independencia: “Será más pobre, saldrá del euro y la Unión Europea, no podrá estar en la ONU y quedará fuera de los tratados internacionales que garantizan sus derechos”.

Sobre su discurso previsto y repartido al inicio, ha improvisado la diferenciación con el proceso de Escocia, por historia y porque esa región de Gran Bretaña no tiene ni de lejos las competencias de Cataluña.

Rubalcaba ha coincidido con Rajoy en asegurar que ese derecho a decidir invocado no existe en ninguna constitución del mundo y rechazando que se levanten “fronteras para separar”.

Gran parte de intervención se ha centrado en la posición coincidente con el Gobierno de no poder trocear la soberanía popular de la Constitución. “No cabe una pregunta que afecta al conjunto de los españoles”, ha sido su argumento para reforzar su posición contraria a la consulta a la que ha conseguido arrastrar a la dirección del PSC y a todos los diputados socialistas catalanes que han votado este martes con el PP y con el PSOE.

Izquierda Unida, integrada en el grupo de la Izquierda plural, ha votado en favor de la consulta y ha dejado la fijación de su posición en manos de Joan Coscubiela (ICV) que, obviamente, ha defendido el proceso soberanista y el llamado derecho a decidir democrático de los catalanes.

Para completar la tarde de los desencuentros y los carriles que discurren en paralelo, los portavoces de PNV y Amaiur, Aitor Esteban y Xabier Miquel Errekondo, respectivamente, con distinta intensidad han extendido la reivindicación del derecho a decidir al País Vasco. “La euskalpatata”, dijo Esteban para referirse a la “patata caliente” con la que los distintos gobiernos se queman desde hace años con lo que llamó la “posición defensiva del nacionalismo español con la Constitución como trinchera”.