Jueces y víctimas de todo el mundo claman contra la reforma del Gobierno

Por defender los derechos humanos en su país, Shirín Ebadi (Hamedán, Irán, 1947) lo perdió todo: su casa, el dinero de su cuenta, su profesión (era juez). Su marido fue torturado, ella encarcelada y finalmente forzada al exilio. A cambio, obtuvo un Nobel de la paz en 2003 —fue la primera iraní y musulmana en hacerlo— y acumuló la autoridad moral para llegar a un lugar como Madrid, al congreso sobre jurisdicción universal organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón y clamar contra el carpetazo del Gobierno de Mariano Rajoy a las causas en España por genocidio.

“¿Cómo es posible que los países que disfrutan de una democracia no sientan la responsabilidad de ayudar a otros sin ninguna posibilidad de aplicar la justicia? ¿Cómo puede ser que cuando hay un terremoto en alguna parte del mundo rápidamente manden mantas y comida y cuando se trata de perseguir a un dictador que mata a 3.000 presos políticos en una semana no les mueva la conciencia?”, preguntó a una audiencia que abarcaba mucho más que el abarrotado teatro donde pronunció su discurso.

“España era un ejemplo para el mundo. Podía decir con orgullo que ordenó detener a Pinochet. ¿Cómo han permitido que el Gobierno les quite eso?”, insistió, antes de confiar en que el país “vuelva a levantar cabeza” y dar un consejo a las víctimas del franquismo: “Si el Gobierno se tapa los oídos, griten más. Griten hasta que no puedan hacerse los sordos”.

Ebadi clausuró ayer un congreso en el que durante tres días jueces, abogados y víctimas de todo el mundo compartieron éxitos y fracasos en su lucha por sentar en el banquillo a los autores de crímenes contra la humanidad. El último fiscal vivo de los juicios de Núremberg, Benjamin Ferencz, de 95 años; el juez que ordenó detener a Augusto Pinochet, Baltasar Garzón; el que redactó la sentencia que acabó con las leyes que amnistiaban los crímenes de la dictadura de Videla, Raúl Zaffaroni; la abuela a la que llamaban loca y que ha dedicado 30 años a buscar a los niños que militares argentinos se apropiaron tras torturar y asesinar a sus madres, Estela de Carlotto; el abogado que hace 20 años defendía a las víctimas argentinas en España y ahora pelea por las víctimas españolas del franquismo en Argentina, Carlos Slepoy... Todos clamaron contra la reforma del Gobierno.

Señalaron los motivos del cambio legal: “Te quito esta querella si me tratas bien la deuda”, denunció el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu refiriéndose a China, que tiene el 20% de la deuda española —la reforma del Gobierno se aprobó diez días después de que otro juez ordenara detener a seis dirigentes chinos por genocidio en el Tíbet—. Los ponentes también celebraron los éxitos, como los 1.000 torturadores procesados en Argentina, las charlas que las Abuelas de Plaza de mayo dan ahora en cuarteles y escuelas, o el banco de ADN para buscar a los niños robados. Y en prácticamente todas sus intervenciones recordaron a las víctimas del franquismo, las que más han esperado a la justicia.

“En España hubo tres genocidios: en 1492, la expulsión de los judíos; en 1609, la de los moriscos; y a partir de 1936, la represión franquista. Y las víctimas de este último siguen aquí”, recordó el jurista Joan Garcés. “Parecía que todo estaba atado y bien atado, pero en estos momentos hay una juez argentina, María Servini de Cubría, tomando declaración a víctimas del franquismo en España y si la sociedad se compromete, no habrá quien pare esta causa”, declaró Slepoy.

Fabricio Guariglia, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), explicó por qué la solución, como declaró el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, no es “pasarle a ellos “la patata caliente”. “La CPI es un complemento, no un sustituto. Siempre va a dejar una brecha de impunidad porque solo puede actuar sobre Estados parte” —EE UU, China e Israel no lo son.

El congreso terminó con una gran foto de familia que reunió a víctimas de ETA, del 11-M, del franquismo, del Tíbet... una declaración de principios que presentó el actor Juan Diego Botto, hijo de un desaparecido de la dictadura argentina, y la promesa de no rendirse. “Carlos Slepoy, nuestro Cholo Simeone, me enseñó que en esta lucha hay que ir partido a partido”, dijo el abogado Manuel Ollé, abogado en las causas de Guatemala, Sáhara o Tíbet abiertas en España.