Consejos bien pagados

La ciudadana A. P. G. perdió el control de su moto en la intersección de la madrileña calle de Deyanira con Campezo en 2011 debido, en su opinión, al mal estado del pavimento: “Estaba mojado sin conocer la causa ni la procedencia del agua”. Tras estar 8 días hospitalizada y 548 sin poder trabajar, reclamó 65.000 euros al Ayuntamiento. En diciembre de 2013, la familia de otra madrileña, C. C. C., pidió a la Consejería de Sanidad una indemnización (sin fijar) por la muerte de la joven, que atribuía al retraso en un diagnóstico de hepatitis. Este tipo de reclamaciones patrimoniales —particulares que piden una compensación pública por negligencias médicas, mal estado de la vía pública, litigios urbanísticos, entre otros— suponen un 80% de los casos que llegan al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, trasladados por las instituciones, para que opine sobre si el ciudadano tiene razón. Asuntos como estos se puede encontrar ahora sobre la mesa Alberto Ruiz-Gallardón, que acaba de incorporarse al órgano.

La remuneración del puesto —100.556 euros brutos anuales—, asegurado para cualquier antiguo jefe de Gobierno madrileño, ha avivado la polémica sobre los puestos vitalicios tras mandato en cargo público y la utilidad de estos organismos. Todas las Comunidades, salvo Cantabria, tienen uno. En total, sus presupuestos anuales suman 30 millones. Su función es dar opinión jurídica a los organismos autonómicos sobre reclamaciones patrimoniales —suelen ser la mayoría de los casos— y también sobre la legislación que sale de los Gobiernos, Parlamentos y Ayuntamientos. Son una réplica del Consejo de Estado, que tiene un presupuesto de 10 millones. “Cuando empezó el Estado de las autonomías, se planteó dónde se podían atender las consultas de las Comunidades; el Constitucional les permitió crear consejos consultivos”, explica Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo. “Son tan prescindibles como muchos otros órganos creados por las Comunidades emulando las instituciones del Estado”, opina el experto, que añade que “la garantía del ciudadano no está en los consejos consultivos, sino en los tribunales”. Además de reclamar a la Administración hay que reclamar a la justicia.

“Nos reunimos una vez
a la semana, pero no solo trabajamos ese día”, explica Joaquín Leguina

Entre decenas de consejeros, llaman la atención diez expresidentes autonómicos que están en ese puesto por su anterior cargo. Además de Gallardón (PP), en Madrid está Joaquín Leguina (PSOE); en Valencia, Francisco Camps (PP); en Andalucía, Rafael Escuredo (PSOE); en La Rioja, Joaquín Espert (PP); en Galicia, Gerardo Fernández Albor (PP), Emilio Pérez Touriño (PSOE) y Fernando Ignacio González Laxe (PSOE); en Castilla y León, José Constantino Nalda (PSOE); En Asturias, José Rodríguez-Vigil. Los que tienen el salario más bajo son el valenciano (57.586) y los gallegos (58.659). En La Rioja, no hay un fijo, sino dietas.

Muchos de los casos
que se atienden reponden a reclamaciones por negligencias médicas

En una entrevista telefónica, Leguina niega que el consejo sea un retiro dorado para políticos: “Nos reunimos una vez a la semana, pero yo vengo al despacho todos los días”. El expresidente asegura que si no hubiera consejos consultivos, el Consejo de Estado tendría que crear secciones en cada Comunidad. Manuel Cruz, catedrático de Filosofía Contemporánea, puntualiza: “Que haya políticos que por su enorme experiencia contribuyan al debate es defendible; pero que estén para revisar muchas veces casos irrelevantes, como por ejemplo sobre el deterioro de la vía pública, y que cobren un pastizal...”. Leguina asegura que ganaría un 10 % más si volviera a su plaza de funcionario en el INE. “Las reclamaciones de los ciudadanos merecen tener un buen asesoramiento”, dice el presidente del Consejo Consultivo de Asturias, Bernardo Fernández.

Tener experiencia como jurista de entre 10 y 15 años suele ser la exigencia más extendida para los candidatos. “La ley gallega restringe el nombramiento de consejeros electivos a juristas de reconocida competencia en materias de derecho público”, explican fuentes del Consello Consultivo, que justifica la entrada de expresidentes por “su experiencia de gobierno”. En la misma línea, el consejo valenciano defiende su “valioso caudal de indudable experiencia en asuntos de gobierno y administración”.

En el caso de Madrid, además de expresidentes y juristas, se contempla la entrada de exalcaldes de la capital, expresidentes de la Asamblea, exconsejeros y exviceconsejeros, y ex altos cargos de la Administración General del Estado. “Hay que potenciar la transparencia en su designación basada en criterios técnicos porque su función es técnica, no política, y suele haber una gran confusión”, opina José Eugenio Soriano García, catedrático de Derecho Administrativo. Un dictamen de peso reciente fue el del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, que avaló la Ley de Consultas. “En más de una ocasión, las decisiones de los consejeros de estos órganos coinciden con las de los grupos políticos que apoyaron su nombramiento”, destaca Manuel Cruz.