El fiscal rebatirá la acusación a la Infanta; pedirá 18 años para su esposo

El caso Urdangarin avanza hacia la apertura del juicio oral. El juez José Castro recibirá este martes los escritos de calificación de las acusaciones, que estipularán el abanico de delitos, el listado de acusados y las posibles penas. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach —impulsor con Castro de este causa— presentará un escrito de cerca de 600 folios, con dos anexos, que el juez deberá diseccionar antes de resolver quiénes estarán en el banquillo de los acusados ante el tribunal de la Audiencia de Palma, que será el sentenciador.

El fiscal tiene previsto reclamar penas que suman más de 18 años cárcel para Iñaki Urdangarin y 11 años de cárcel al presidente balear Jaume Matas. Pedro Horrach mantendrá en su alegato que no hay indicios concretos ni mecanismos de interpretación de la ley para sentar en el banquillo a la infanta Cristina de Borbón, a quien el juez Castro y Audiencia ven sospechosa de dos delitos fiscales.

Horrach no acusa a la hermana del rey Felipe VI, pero sí le exigirá que, como responsable civil a título lucrativo, cerca de 600.000 euros, los que disfrutó de la partida ilícita obtenida por Urdangarin. En este sentido, ella sería parte (civil) en la vista pública y debería estar representada al inicio del juicio.

En este caso, otros principales imputados —además de la infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarin— son Diego Torres y su esposa Ana María Tejeiro y dos hermanos de ésta, Miguel y Marco, todos ellos gestores del Instituto Nóos. Además se sentarán entre los acusados el expresidente Jaume Matas (PP) y cuatro ex altos cargos de su Gobierno balear, que han colaborado con la fiscalía. Por la rama valenciana del caso, hay cinco cargos políticos encausados, encabezados por el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (PP) y, además, tres dirigentes de la Fundación Madrid 2016, con la exconsejera de la candidatura Mercedes Coghen.

El juez Castro, con los escritos acusatorios sobre la mesa —incluidas las reclamaciones de responsabilidad civil— tendrá que determinar si incluye a la infanta Cristina en el listado de acusados para el juicio, o, por el contrario, estima la tesis del fiscal, que exonera a la esposa de Urdangarin de ser cooperadora en los delitos fiscales por su esposo, idea que también defiende la Abogacía del Estado.

Con una sola acusación contra la Infanta, la popular del pseudo sindicato ultra Manos Limpias —que pedirá ocho años de cárcel para la hermana del Rey—, el juez debe barajar la aplicación de la llamada doctrina Botín del Tribunal Supremo, que sostiene que si el Estado, como parte perjudicada —en un fraude fiscal—, no acusa no cabe celebrar un juicio por el asunto, con una sola acusación privada. Es posible, por otra parte, asumir una tesis adversa, la llamada doctrina Atutxa que, según valoraciones jurídicas, avala la acusación. La doctrina Atutxa, ideada para aplicarla en un delito de desobediencia, permite que, al carecer de un perjudicado concreto, una única acción popular sirve para instar la apertura de juicio contra la infanta Cristina.

La Audiencia de Palma dejó la resolución del papel final de la Cristina de Borbón a criterio del instructor y remarcó que “existe un matiz” en la Infanta, porque ella está imputada como cooperadora de los delitos fiscales que cometió su esposo Iñaki Urdangarin, fraudes por los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado sí actúan. El fiscal rechaza la potestad del juez para decidir la situación final de la hermana del Rey.

El fiscal Horrach rechaza la potestad del juez para decidir la situación final de la hermana del Rey

Un total de veinte personas figuran actualmente como imputados, tras las agregadas en su último auto por la Audiencia. La sala mantuvo la imputación de la Infanta y añadió, a última hora, un delito de blanqueo a Iñaki Urdangarin, que ya cargaba con supuesta malversación de caudales públicos, delito fiscal, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, tráfico de influencias y estafa.

La investigación penal fue abierta en 2010 por el juez Castro y el fiscal Pedro Horrach, como una pieza separada del caso Palma Arena, de 2008, un escándalo de corrupción centrado en las supuestas malversaciones y enriquecimiento del expresidente balear Jaume Matas (PP).

Un total de veinte personas figuran actualmente como imputadas

La pieza del también denominado caso Nóos fue dedicada inicialmente a investigar el supuesto desvío de 2,3 millones de euros públicos del Gobierno de Baleares de Jaume Matas hacia el Instituto Nóos, de Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres, en el que la infanta Cristina fue directiva.

El rastreo se amplió a la actividad de Nóos y Urdangarin en la Comunidad Valenciana, al detectarse un posible fraude con el instituto de más de tres millones públicos de la Generalitat de Francisco Camps y la alcaldía de Rita Barberá. Ambos políticos aforados fueron exonerados por el Tribunal Superior valenciano pero señalados por el juez José Castro y, más recientemente, por la Audiencia de Palma. Serán juzgados los subordinados de Camps y Barberá, no aforados.