Prisiones sanciona a un funcionario por grabar al testaferro de Díaz Ferrán

Un funcionario de la cárcel de Estremera (Madrid) fue suspendido de empleo y sueldo el pasado 16 de octubre por intentar enviar a la Audiencia Nacional una grabación subrepticia sobre corrupción que él mismo hizo, dentro de la prisión, a Ángel de Cabo, acusado de actuar en connivencia con el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán para desmantelar las empresas del grupo Marsans. En las grabaciones, De Cabo narra supuestos casos de corrupción que implican a jueces, políticos y banqueros.

El funcionario, que trabajaba como educador en el módulo 11 de la prisión, remitió el pasado 16 de septiembre a la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, que dirige Ángel Yuste, un pen drive que contiene varias horas de conversaciones entre él y De Cabo. Este último, ignorante de que estaba siendo grabado, parece sincerarse con el funcionario y describe supuestas tramas corruptas en las que implica a jueces, altos cargos del PP y a un conocido exbanquero.

La intención del funcionario, cuyo identidad se corresponde con las iniciales de H. O. S., era que la grabación fuese remitida por Prisiones a los jueces de la Audiencia Nacional para que estos valorasen e investigasen su contenido por tener relación con causas abiertas en la actualidad en este órgano judicial. Aparte de las propias manifestaciones de De Cabo, el funcionario adjuntó también un croquis dibujado por el empresario en el que detalla supuestos delitos de blanqueo de capitales, pactos judiciales y créditos irregulares que atribuye a jueces y altos cargos de la política nacional. La grabación se efectuó en diferentes días del pasado marzo, cuando De Cabo cumplía prisión preventiva en la cárcel de Estremera por el caso Marsans. A través de su abogado, De Cabo se ha desentendido de la citada grabación sin precisar si es o no cierto su contenido.

El trabajador dice que los jueces han aceptado otras veces sus grabaciones

El funcionario aporta asimismo una petición de permiso manuscrita por de De Cabo con la que trata de acreditar que, también el croquis, es obra del hombre que ayudó a Díaz Ferrán a ocultar de los juzgados mercantiles gran parte de su patrimonio para esquivar las deudas contraídas con los trabajadores de Marsans y numerosos acreedores hosteleros. Díaz Ferrán lleva dos años en la cárcel, mientras que De Cabo está en libertad bajo fianza.

La grabación efectuada por el funcionario, suspendido de empleo y sueldo, dura casi dos horas. La envió el pasado 16 de septiembre y no obtuvo respuesta de Prisiones hasta el pasado 2 de octubre, cuando varios inspectores se trasladaron a Estremera para interrogarle. Le telefonearon a casa urgentemente y, según cuenta el trabajador en un escrito, le retuvieron todo el día. Fue un encuentro muy tenso.

El funcionario también trató de grabar su interrogatorio, pero no se lo permitieron e incluso trataron de “arrebatarle por la fuerza” el bolígrafo grabador que portaba. Por este motivo, requirió la presencia de los guardias civiles de la cárcel para que levantasen un atestado de lo sucedido.

El día anterior al interrogatorio, EL PAÍS se había puesto en contacto con Prisiones para preguntar por el destino dado a la grabación. La secretaría general afirmó que “no quiere decir nada” sobre este asunto, al preguntársele si la grabación, como pedía el funcionario, había sido remitida por Yuste a los jueces.

En el expediente sancionador del funcionario de Prisiones se justifica la suspensión del trabajador en la ilegalidad de la grabación y en el hecho de que tratara de grabar a los inspectores y a los superiores que le interrogaron.

Tras la suspensión, el funcionario decidió remitir el pen drivey el croquis a la Fiscalía Anticorrupción, para que esta determine la legalidad de la grabación y, sobre todo, juzgue si deben investigarse las graves acusaciones a jueces, políticos y banqueros que vierte Del Cabo en esas dos horas de conversación. El funcionario asegura en sus escritos a Prisiones posteriores a su suspensión que, en ocasiones anteriores, ha grabado a internos a petición de responsables penitenciarios, que saben de sus grabaciones a diferentes internos desde 2009, y que además puede acreditar que hay jueces que han admitido dichas grabaciones para sus pesquisas. Señala además que, en todo caso, deben ser los tribunales y no los responsables de Prisiones quienes valoren tanto la legalidad como el contenido de la grabación hecha a De Cabo.