Un año electoral marcado por las causas judiciales contra el PP

El PP se juega en 2015 su inmenso poder en tres citas electorales: municipales, autonómicas y generales. En ese año en el que las urnas decidirán el mapa político, el PP afronta tres juicios que pueden afectar a la continuidad de algunos de sus dirigentes. La Fiscalía desempeñará un papel protagonista como acusador en estos procesos abiertos por tramas corruptas vinculadas al PP. La nueva fiscal general del Estado tiene la autoridad legal para imponer su criterio a los fiscales que intervengan en las macrocausas, aunque el Estatuto del Ministerio Público establece condiciones y cautelas.

“El fiscal que recibiere una instrucción que considere contraria a las leyes o estime improcedente, se lo hará saber a su Fiscal Jefe. De proceder la instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá reconsiderándola o ratificándola”, reza el Estatuto. “Si la orden fuere dada por el Fiscal General de Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala”. Estos son los tres juicios clave que afronta el PP en 2015:

Delito electoral, cúpula del PP valenciano. Los manejos de la red Gürtel en las campañas electorales del PP valenciano en 2007 y 2008 han llevado al juez, con el impulso de la fiscalía, a procesar a 18 personas (cinco de ellas ex dirigentes populares) por fraude y delito electoral. La fiscalía pidió en este caso la imputación de los dirigentes del PP por falsear las cuentas del partido. El juicio está previsto para los próximos meses.

‘Caso Gürtel’, fase I. El juez Pablo Ruz está a un paso de dictar la apertura del juicio oral con 45 imputados por numerosos delitos vinculados a la corrupción en la denominada primera fase del caso Gürtel. La fiscalía ha respaldado con sus escritos la imputación de dos decenas de dirigentes del PP, entre ellos tres ex tesoreros del partido que controlaron las cuentas durante 20 años.

‘Caso Bárcenas’. La caja b del partido del Gobierno. Es el caso más delicado para los intereses del PP nacional. El juez Pablo Ruz pretende concluir la instrucción de esta causa antes de finales de marzo, cuando tiene previsto dejar el juzgado. El magistrado considera acreditada la financiación ilegal del PP. La Fiscalía Anticorrupción, que inició la investigación de esta causa, tendrá que pronunciarse respecto a las responsabilidades penales de los dirigentes del PP y del propio partido.