La tesis secreta de Francisco Camps

Tiene 697 páginas. Se titula Propuestas para la reforma del sistema electoral. Y es un documento secreto. Ningún investigador, estudiante o profesor puede consultar la tesis doctoral que el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps defendió en 2012 en la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante). El trabajo de Derecho Constitucional recibió un sobresaliente cum laude.

Camps dio orden de blindar su investigación. Así lo recoge la base de datos interna del centro. “Esta tesis no se puede consultar ni prestar por deseo del autor”, admite la directora de la biblioteca de la Miguel Hernández, Encarna Rodríguez. Una trabajadora de esta universidad detalla así las medidas de seguridad aplicadas al documento: “La tesis está custodiada. Hay una copia en la biblioteca. Pero ni nosotros tenemos acceso”.

Camps respondió de este modo a la llamada de EL PAÍS.

— ¿Por qué impide ver su tesis?

— Es la primera información que tengo. No tenía ni idea. Me alegro de que alguien se interese por mi trabajo.

El profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pública de Navarra Jorge Urdánoz descubrió el carácter confidencial del tratado académico de Camps el pasado septiembre. La Miguel Hernández negó entonces a este especialista en sistemas electorales la consulta de una copia aludiendo que estaba desautorizada por el autor. Urdánoz, que precisaba la información para un ensayo sobre la reforma electoral, volvió a la carga. Solicitó hace tres semanas un ejemplar al director de la investigación, el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València Vicente Garrido. Después, contactó con el propio Camps a través de su secretaria. Ninguno contestó a sus correos. La directora de la biblioteca ya le había advertido de que el político pidió “por escrito” que nadie accediera al texto.

"El texto está custodiado", dicen en la Universidad de Elche

Dos semanas después de ser absuelto de un delito de soborno por recibir trajes de la red corrupta Gürtel, Camps leyó durante 40 minutos su tesis. Fue el 10 de febrero de 2012. Un día antes de la entrada en vigor de una disposición del Real Decreto 99/2011 que obligaba a los doctores a publicar y colgar sus investigaciones en formato PDF para su consulta pública. La norma que amparó la investigación del expresidente de la Generalitat Valenciana, de 2007, no exigía la difusión pero sí autorizaba la consulta en la biblioteca de la universidad, donde se deposita un ejemplar en papel, según el vicerrector de Investigación de la UNED, Ricardo Mairal. La Miguel Hernández vetó también a este periódico ver el texto en sus instalaciones. “El autor no lo permite”, justificaron en la biblioteca. El centro que concedió a Camps el título de doctor en Derecho se sumó en 2013 al movimiento Open Access (acceso abierto) para divulgar gratis tesis, trabajos fin de carrera y artículos.

“Todas las tesis son públicas de forma obligatoria”, indica Alfred Giner, jefe de la sección de Postgrado de la Universitat de València. La norma, explica, no ampara el blindaje voluntario. La confidencialidad solo se justifica cuando se trata de proteger una patente o un descubrimiento científico. No es el caso de Camps. Solo tres de las 409 tesis leídas en la Universitat de València en 2014 estaban protegidas.

En la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), donde el pasado año se defendieron 600 tesis, reiteran la idea que manejan las cinco universidades consultadas: “Los trabajos se hacen públicos sí o sí”. Un portavoz de la Secretaría de Estado de Investigación (Ministerio de Economía) se muestra tajante: “Resulta inaudito que un estudiante oculte su tesis. Los textos se hacen para divulgarlos. Los doctores quieren ser citados por otros y que sus descubrimientos se recojan en libros y artículos”.

La tesis de Francisco Camps fue dirigida por el profesor de la Universitat de València Vicente Garrido Mayol, quien ocupa desde 2003 la presidencia del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) de la Comunidad Valenciana. Camps designó a Garrido en el cargo. Y cuando el expresidente valenciano dimitió de la Generalitat para sentarse en el banquillo por el caso Gürtel entró a formar parte del CJC como miembro nato de este organismo jurídico con un sueldo anual de 58.000 euros. También disfruta de coche oficial, despacho y secretaria.

El tribunal de cinco expertos que distinguió al político con un sobresaliente cum laude incluía también al entonces presidente del CJC de Murcia, el catedrático de Derecho Constitucional Mariano García Canales, quien aterrizó en este puesto designado por la Asamblea regional controlada por el PP.

Cuando Camps leyó su tesis sobre la reforma del sistema electoral —donde reclamó las listas abiertas en circunscripciones uninominales para elegir diputados, senadores y parlamentarios regionales— dijo ser un “hombre feliz”. “Me encantaría poder enseñar todo lo que he aprendido durante estos años”, añadió.

El expresidente inauguró entonces su carrera como docente en la Universidad Católica San Vicente Mártir, propiedad de una fundación del Arzobispado de Valencia. El pasado curso participó en un programa dirigido a preparar a candidatos a doctor en Derecho. Y este año forma parte de un equipo de 14 profesores de un postgrado en legislación marítima. También dirige el seminario permanente Grandes temas de actualidad.

El principal activo de la universidad privada que emplea a Camps es la carrera de Medicina. Su autorización llegó en 2007 en una polémica decisión del expresidente autonómico. El político llegó a desafiar a los rectores valencianos y al Ministerio de Ciencia, entonces en manos del PSOE, para conseguir que el centro católico impartiera el codiciado título.

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