Castro reprende a la Abogacía y niega su exigencia sobre la venta del palacete

El juez José Castro ha rechazado este viernes la pretensión de la Abogacía del Estado para que consigne la obligación de los duques de Palma de pagar el 3% del impuesto inmobiliario para no residentes como una de las condiciones para la venta del palacete de Pedralbes. El instructor del caso Urdangarin, para argumentar su negativa, ha señalado que dicho trámite se ha efectuado fuera del plazo y ha reprochado, además, la falta de atención o pasividad de la representación estatal.

Castro reprende a la letrada del Estado —que representa los intereses de Hacienda— porque, según añade, ha tenido "sobradas oportunidades" para posicionarse y expresar su petición. El magistrado recalca que "algunas" de las vías que ha abierto para la representación jurídica oficial han sido de "dudoso encaje procesal". Pero el juez no concreta ni cita casos específicos.

En estas circunstancias, el instructor "se ve abocado" porque, cuando se abrieron los plazos oportunos, la Abogacía no informó. El juez entiende que ahora no cabe recalcar esa exigencia tributaria y señala, además, que "entre sus funciones no está el asesorar a los duques de Palma sobre los cargos tributarios que devenguen sus transacciones".

La jefa territorial de abogacía estatal aludida, Dolores Ripoll, ha actuado en el caso Nóos siempre en alianza con el fiscal anticorrupción Pedro Horrach. Ambos han encabezado de manera coordinada la oposición a las tesis del juez –y de la Audiencia de Palma- en la imputación de la Infanta por supuesto delito fiscal. Castro había dejado caer censuras técnicas para ambos en otros autos.

El juez Castro autorizó en diciembre la venta del palacete de Pedralbes (Barcelona) tras levantar el embargo con el que trabó la mitad de la propiedad, para garantizar la primera fianza civil de 62,millones del duque de Palma. Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina han cerrado la venta del inmueble, por 6,9 millones por el que pedían 9,8. La fianza de responsabilidad civil que deben afrontar ambos supera los 16 millones: 13,5, Urdangarin; y 2,6, la Infanta.

Los duques han cobrado por la operación de venta de su mansión 300.000 euros de paga y señal. El juez recalcó que, de la suma global ingresada, 2.372.602 euros son para la fianza, una vez que se liquide la hipoteca de 4,3 millones con La Caixa.

El magistrado vetó que Urdangarín con los ingresos logrados abone de 253.000 euros de impuestos pendientes con Hacienda y que, además, los duques de Palma liquiden una deuda financiera de 437.000 euros generada en 2010 con La Caixa, una especie de seguro de crédito agregado a la hipoteca de 2004. Urdangarin asegura que no tiene dinero para pagar a Hacienda y presiona al juez para que le "permita" saldar sus deudas tributarias (237.705 euros).