Hacienda intenta desligar a Montoro de la investigación sobre su despacho

El Ministerio de Hacienda se ha desentendido este lunes de la información publicada por EL PAÍS según la cual la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre un contrato firmado en 2012 por la Cámara de Comercio y el bufete Equipo Económico. Las pesquisas de la fiscalía tratan de esclarecer si hubo trato de favor a ese despacho privado, creado en 2006 por Cristóbal Montoro, actual titular de ese departamento, y al que en 2012 la Cámara de Comercio —una entidad mixta sostenida por fondos públicos y de los empresarios— encargó redactar un borrador sobre la ley que regula su funcionamiento interno.

Hacienda remarcó que el ministro se desligó completamente del bufete en 2008, cuando se incorporó al equipo de Mariano Rajoy, entonces jefe de la oposición. Insistió en que el contrato se acordó cuatro años después de su marcha. El ministerio alegó, además, que Hacienda no tiene ninguna responsabilidad competencial sobre la Cámara de Comercio. Y, por último, aseguró que lo que hace la fiscalía es investigar la forma en la que la Cámara adjudicaba todos sus contratos, no solo los suscritos con Equipo Económico, y si ese mecanismo vulnera la Ley de Contratos del Estado.

Ese despacho, dirigido por Ricardo Martínez Rico, mano derecha de Montoro en el Gobierno de José María Aznar, ha difundido este lunes un comunicado sobre el acuerdo que firmó con la Cámara. El bufete sostiene que no participó en los detalles de la adjudicación. “Equipo Económico se ajustó a los requerimientos que para la celebración del contrato se fijaron por el cliente”, dice. Y remarca que este se ajustó a “la Ley de Cámaras de Comercio que, de forma expresa, reconoce que su régimen de contratación es el correspondiente al Derecho privado”. Este es uno de los puntos objeto de la investigación abierta por la fiscalía, que interpreta que los contratos de la Cámara deberían adjudicarse como si fueran concursos públicos e impide la adjudicación directa de los proyectos de más de 18.000 euros. Equipo Económico opina lo contrario y defiende que “este criterio”, esto es, que la Cámara funciona de acuerdo al Derecho privado, “es compartido por muchos expertos en la materia”. El bufete subraya que la Cámara de Comercio “incluyó una cláusula en la que dejaba constancia de que se había cumplido con lo establecido en sus procesos internos”.

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio respaldó igualmente esa posición: “La normativa por la que se rigió en su día el Consejo Superior de Cámaras de Comercio establece que la contratación y el régimen patrimonial de las Cámaras se regirán, en todo caso, por el Derecho privado”, indicó en un comunicado en el que mantiene que “el Consejo de Cámaras no ha sido nunca un organismo público ni una Administración pública”.

La polvareda levantada tras adelantar este periódico la investigación de la fiscalía provocó la reacción de los partidos. Montoro tendrá que responder en el pleno del Congreso de la próxima semana a las preguntas de PSOE y UPyD sobre el caso. “Entre sus clientes y los contribuyentes, el ministro Montoro siempre ha optado por sus clientes”, lanzó el socialista Pedro Saura. “El ministro debe aclarar su relación y la de antiguos colaboradores con esta empresa y con el contrato de 2012”, apostilló.

UPyD solicitó además la comparecencia del presidente de la Cámara de Comercio, Luis Bonet, y pidió que se indague si el ministro intercedió ante la Cámara para dicho contrato. José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, consideró “difícilmente explicable” que en este caso no exista un conflicto de intereses y que, “más allá de los términos legales, es reprochable políticamente”, informa Juan José Mateo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se limitó a afirmar: “Cuando se finalice la investigación tendremos datos que nos permitan tener opinión”.