El exconsejero de los ERE atribuye el fraude a sus subordinados

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera negó ayer en el Tribunal Supremo tener alguna responsabilidad en el fraude de los ERE. Viera, que ocupó el cargo entre 2000 y 2004 y es aforado por ser diputado en el Congreso, intentó convencer al instructor del alto tribunal de que su papel era exclusivamente “político” y “no entraba en el detalle” del control del dinero destinado a las ayudas a empresas que la juez de Sevilla Mercedes Alaya considera irregulares.

Viera es el primero de los cinco ex altos cargos de la Junta citados a declarar como imputados en los próximos días ante el Supremo, entre ellos, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. De los cinco, el exconsejero de Empleo es el más señalado en la instrucción de Alaya, que le considera “uno de los creadores” del sistema de ayudas a empresas en crisis que puso en marcha en 2001 el Gobierno andaluz.

En la exposición razonada que Alaya envió al Supremo, Viera figura como uno de los responsables de que la Junta optara por cambiar el sistema de concesión de ayudas a empresas para entregarlas mediante transferencias de financiación, una decisión que se plasmó en un convenio que él firmó como consejero de Empleo.

El diputado dice que su gestión era “política” y delegaba lo económico

Viera admitió ayer haber intervenido en esta decisión, pero aseguró que lo que se buscaba era instaurar “un sistema ágil” para ayudar a empresas con necesidades urgentes. A preguntas del instructor, Alberto Jorge Barreiro, el exconsejero negó que con esta fórmula se pretendiera eludir ninguna fiscalización ni control de las ayudas que repartía su departamento y aseguró que ni él sabía que este procedimiento era inadecuado ni recibió ningún informe que le advirtiera de ello, según recoge el acta de la declaración en el Supremo, a la que ha tenido acceso este periódico.

El magistrado y los fiscales centraron su interrogatorio en conocer el papel que jugaba Viera como consejero de Empleo en la adjudicación de las ayudas supuestamente fraudulentas. Y todas las respuestas llevan a un mismo argumento de defensa: él se dedicaba a la acción política y tomaba la decisión de ayudar o no a una empresa, pero era la Dirección General de Trabajo la que “daba forma” a esa ayuda. Al frente de esa dirección estaba entonces Francisco Javier Guerrero, al que Alaya considera uno de los cabecillas de la supuesta trama fraudulenta que ha puesto contra las cuerdas a la Junta de Andalucía.

Explica que sintió “vergüenza”

Viera no acusó a Guerrero de cometer ningún fraude, pero le señaló en varias ocasiones como máximo responsable de la gestión “administrativa” de los expedientes que están bajo sospecha. A preguntas del fiscal, el exconsejero de Empleo aseguró que mientras estuvo en el cargo nunca supo que se concedían ayudas directas sin que mediara ningún convenio y solo con la firma del director general. Cuando lo supo, que según dijo fue a raíz de los informes de la Intervención general de la Junta, sintió “sorpresa y vergüenza”, aseguró.

Entre enero de 2003 y marzo de 2004, Viera presidió el organismo de su Consejería encargado de adjudicar las ayudas, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), pero asegura que delegó en Guerrero las labores “ejecutivas” y él se limitaba a dar el visto bueno a los expedientes que le presentaba. Además, según admitió, en esas fechas estaban ya próximas las elecciones de marzo de 2004 y él dedicaba casi todo su tiempo a “viajar” por Andalucía para explicar la gestión de su Consejería, por lo que el día a día del IFA lo llevaban los directores generales.

Una de las acusaciones de Alaya a Viera se basa en informes de la Guardia Civil que atribuyen al exconsejero un papel “esencial” a favor de empresas de la Sierra Norte de Sevilla, una comarca de 30.000 habitantes que acaparó más de la mitad de las ayudas directas a empresas entre 2001 y 2010. El diputado rechazó estas acusaciones y admitió solo dos o tres encuentros con el alcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo, y empresarios de la zona, que le pidieron ayuda para varios proyectos que él consideró “importantes” y en los que decidió que participara la Consejería.

En una de estas reuniones estaban el hijo del alcalde, José Enrique Rosendo, y su socio José María Sayago, concejales socialistas y dueños de las empresas más beneficiadas por las ayudas directas de la Junta, pero Viera asegura que ni tenía relación con ellos ni sabía que eran los dueños de estas sociedades. Cuando supo cómo se beneficiaron del fondo de los ERE sintió “estupor y vergüenza”, sostuvo Viera, que se escudó en su falta de preparación para controlar los detalles económicos. Él, dijo, es maestro y no tiene “formación jurídica” para escrutar los instrumentos presupuestarios que se empleaban en la concesión de ayudas, por lo que delegaba en sus subordinados, en los que confiaba “plenamente”.