El Gobierno entra en la guerra del agua que libran las autonomías del PP

Sobre el enésimo capítulo de la guerra del agua entre las comunidades gobernadas por el PP sobrevuela ya un recurso de inconstitucionalidad. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha afirmado este miércoles que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional la ley de Aguas y Ríos de Aragón si el Ejecutivo de esta comunidad no modifica los apartados que afectan al Ebro.

Varias autonomías, que también están dentro de la cuenca del río, habían instado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a recurrir la ley aragonesa al entender que invade competencias estatales. La Rioja, Valencia y Murcia —todas gobernadas por el PP, al igual que Aragón— han sido las más beligerantes. Entienden que la "reserva de agua" de 6.550 hectómetros cúbicos que esa ley fija "para uso exclusivo de los aragoneses" es inconstitucional.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) también había solicitado al Gobierno que recurriera la ley aragonesa. Y ha sido precisamente en un acto con esta federación donde la ministra ha dicho que habrá recurso si Aragón no cambia la norma.

Al dejar esa puerta abierta —la de la modificación voluntaria— este asunto no explotará durante la campaña de las elecciones regionales que se celebrarán el mes que viene en 13 comunidades. En vez de acudir directamente al Constitucional, el Ejecutivo de Rajoy ha preferido convocar una comisión bilateral para negociar con Aragón. Esto supone que la presentación del recurso se puede retrasar hasta seis meses más, con lo que ya habrían pasado unos comicios que parecen complicados para los populares. El Gobierno no ha actuado de la misma forma durante esta legislatura y con otras leyes ha presentado directamente el recurso, lo que implica la paralización cautelar de la norma autonómica recurrida. El portavoz del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, ha respondido que en la comisión bilateral tendrá que haber "cesión de ambas partes".

Íñigo Nagore, consejero de Agricultura de La Rioja, ha aplaudido el anuncio de la ministra porque entiende que en la norma aragonesa hay "bastantes preceptos que son inconstitucionales". Ha recordado que su Gobierno ya llevó este asunto al Constitucional. La Rioja recurrió el Estatuto de Aragón, donde ya se fijaba esa reserva de agua del Ebro. Pero el tribunal decidió no anular esos apartados del Estatuto.