El Congreso votará la destitución de Federico Trillo como embajador

El pleno del Congreso debatirá y votará en el próximo pleno la destitución de Federico Trillo como embajador de España en el Reino Unido por haber cobrado 9.000 euros al mes mientras era diputado de una empresa constructora, según desveló EL PAÍS.

El PSOE ha presentado una moción consecuencia de interpelación en la que "se insta al Gobierno" a proceder a acordar el “cese inmediato” del embajador de España en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, tras haberse conocido que mantuvo, mientras fue diputado en esta Cámara, “relaciones profesionales remuneradas con una empresa que resultó beneficiada por decisiones de la Junta de Castilla y León”.

En principio, cuenta con el rechazo del PP que impedirá que se apruebe en el pleno del 12 de mayo, ya que los populares y el Gobierno han defendido la legalidad de la actuación de Trillo. El PP, además, defiende mantener y flexibilizar el régimen de compatibilidades de los diputados. Solo CiU apoya esta posición del PP.

Además de él, también cobró 5.000 euros al mes de la misma empresa el aún diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte. Por eso, el texto del PSOE pide "un acuerdo para promover las modificaciones normativas necesarias para disponer y hacer efectivo el principio de dedicación exclusiva de los miembros de las Cámaras a sus tareas de representación política. Para ello, insta a impulsar la ampliación del régimen de incompatibilidades establecido en la ley electoral”.

De la incompatibilidad, según los socialistas, solo debería exceptuarse la creación literaria, la docencia y la simple administración del patrimonio. En concreto asegura que debe autorizarse solo “las actividades privadas relativas a la mera administración del patrimonio y la producción y creación literaria, científica, artística o técnica, y las publicaciones derivadas de ellas, así como -siempre que no se perciba remuneración- la pertenencia a órganos directivos o de representación de partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales, asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, la colaboración en actividades docentes, o la participación en conferencias, seminarios y actividades análogas o la colaboración en medios de comunicación".

La moción del PSOE pide que se amplíen las competencias de la Comisión del Estatuto del Diputado para que "pueda comprobar la veracidad de las declaraciones sobre actividades y bienes patrimoniales de los diputados".