El exconsejero Viera se da de baja en el PSOE y se pasa al grupo mixto

El exconsejero de Empleo inculpado por el Tribunal Supremo de un delito de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos, José Antonio Viera, se ha dado hoy de baja en el PSOE, pero conservará su escaño de diputado, por lo que seguirá aforado, y pedirá su pase al grupo mixto del Congreso, según ha confirmado a EL PAÍS. "Creo que tengo que defender mis intereses personales y al mismo tiempo quitarle presión al partido", ha dicho. Viera ha acudido sobre las diez y media de esta mañana a la sede provincial del PSOE de Sevilla para registrar pesonalmente su baja como militante. 

Mientras, el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, imputados de un delito de prevaricación administrativa por el Tribunal Supremo por el caso de los ERE, pospondrán unos días su renuncia al acta. Según fuentes del PSOE la harán efectiva "la próxima semana".

Viera ha asegurado que el código ético del PSOE establece que los militantes socialistas deben dejar los cargos cuando se abra juicio oral y no cuando se le impute de un delito. "Lo que no voy a hacer es que yo no pueda presentar un recurso a la sala del Tribunal Supremo", ha comentado. Viera ha afirmado que la decisión ha sido "muy dolorosa" y que se va "con una mano delante y otra detrás en lo material". Deja atrás 35 años de militancia socialista partido al que se afilió en 1981. "Son 35 años tirados por la borda, pero voy a defender mis derechos como ciudadano, eso es más importante que el PSOE", ha subrayado.

"Este señor iba en las listas del Partido Socialista y por higiene democrática debería entregar su acta al PSOE que así se lo ha pedido. El PSOE ha puesto su listón en la imputación con delito. Es evidente que no va a haber imputados en el grupo socialista", ha dicho esta mañana la presidenta de la Junta, Susana Díaz, informa Javier Martín-Arroyo.

El ya exdiputado socialista asegura que no estará "más de un segundo" en su escaño si le abren juicio oral.  Esa es la tesis que defendió en noviembre de 2014, cuando la que fuera su secretaria de Organización en el PSOE de Sevilla y hoy presidenta de la Junta defendió que la renuncia al cargo debía producirse cuando se produjera la imputación. "El código no depende de Susana Díaz, sino del comité federal y este habla del juicio oral", señaló entonces.

Viera asegura que en este tiempo ha echado en falta el apoyo de su partido no tanto "en el plano político como en el personal". "Muy pocos me han apoyado", ha destacado. Viera fue secretario general del PSOE de Sevilla desde 2004 a 2012.

La decisión del diputado sevillano de conservar su acta ha irritado en la dirección federal, que le pidió expresamente la renuncia a su acta, según han afirmado fuentes de la ejecutiva del PSOE. También lo ha hecho la presidenta andaluza y la secretaria general del PSOE de Sevilla, donde mlitaba Viera en la agrupación de Coria del Río. “Él se presentó a las elecciones bajo unas siglas y en una lista del PSOE y ya no pertenece al Partido Socialista, así que lo más honrado sería entregar ese acta”, ha dicho la responsable de los socialistas sevillanos, Verónica Pérez.

El juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha dictado dos resoluciones en las que concluye que el expresidente Manuel Chaves y su sucesor en la Junta, José Antonio Griñán, pudieron prevaricar al permitir que durante una década se dieran ayudas a empresas mediante un sistema “claramente ilegal”. Los mismos indicios observa contra los exconsejeros y diputados Gaspar Zarrías y José Antonio Viera. A este último le imputa, además, un delito de malversación.

A lo largo de los 130 folios de la exposición razonada y los 26 del auto de Griñán, el magistrado se abona a la tesis de la juez Mercedes Alaya y de la Intervención General del Estado y concluye que el Gobierno andaluz cometió “auténticas ilegalidades” para agilizar la concesión de ayudas sociolaborales y facilitar que la entrega se hiciera con “discrecionalidad y arbitrariedad”. El juez relata cómo el sistema legal de subvenciones a empresas se cambió por el de transferencias de financiación, una figura que, según Barreiro, se empleó con el único fin de eludir controles administrativos.

El juez cree que los cuatro ex altos cargos prevaricaron porque propiciaron un sistema ilegal de ayudas “a sabiendas de su injusticia”. Este delito no conlleva penas de prisión, pero sí de inhabilitación de hasta 15 años. Barreiro considera que los dos expresidentes mantuvieron en este proceso una “conducta activa patente” que consistía en aprobar “importantísimas partidas de dinero” para ayudas a empresas siendo “conscientes” de su procedencia ilícita.