Interior y el Gobierno vasco dan por fracasado el sellado de zulos

Tanto el Ministerio del Interior como el Ejecutivo vasco están convencidos de que el proceso de sellado de los zulos de ETA, en el que estaba embarcada la banda terrorista desde hace dos años, ha quedado interrumpido definitivamente. El Gobierno del lehendakari Iñigo Urkullu, que acusa del fracaso a la “obstinada posición” del Ejecutivo de Mariano Rajoy, ha diseñado un plan para propiciar el desarme de la banda y advierte a esta de que no debe limitarse a esperar a unas elecciones y un cambio de Gobierno “para dar el paso”.

La cúpula del Ministerio del Interior está convencida de que, tras la detención esta semana de los etarras Xabier Goienetxe e Iñaki Reta en la localidad vasco-francesa de Osses, el proceso de sellado de zulos en que estaba embarcada ETA, desde hace casi dos años, ha quedado interrumpido definitivamente. De la misma opinión es el Gobierno vasco, que, a su vez, está convencido de que próximamente la banda terrorista lo confirmará, previsiblemente, con un comunicado a través de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), que preside Ram Manikalimgam.

Mientras el Ministerio del Interior ha limitado toda su estrategia, desde que tomó posesión hace más de tres años, en “lograr la disolución de ETA” a la par que rechazaba su participación en un desarme solicitado por la banda terrorista, el Ejecutivo vasco ha revitalizado un plan b —diseñado desde el pasado diciembre— para propiciar el desarme de los etarras, ante su fracaso en el sellado de zulos.

Fuentes del Gobierno vasco señalan, como primer paso del plan, que “ETA debería pronunciar una declaración pública asegurando que el proceso de desarme es total, incondicional, irreversible y definitivo”. El Ejecutivo de Euskadi recuerda que esa declaración es un compromiso incumplido por ETA ante la Comisión Internacional de Verificación en coincidencia con el “fiasco de desarme”, materializado en el sur de Francia en febrero de 2014.

El siguiente paso, según el Gobierno autónomo, debe consistir en la entrega de un inventario y localización de su arsenal a sus interlocutores: la Comisión Internacional de Verificación y el Foro Social, constituido por personalidades relevantes de la sociedad vasca. Y el tercero, proceder a una primera entrega de material de zulos y almacenes, como “muestra de buena voluntad”.

El Ejecutivo vasco considera que si ETA cumple esas condiciones podrá constituirse un comité para el desarme con participación de representantes de la CIV, del Foro Social y del propio Gobierno vasco, con el objetivo de “ofrecer cobertura institucional y legal al proceso”.

El Ejecutivo vasco plantea esta opción ante “el evidente fracaso del proceso de sellado de armas”, un procedimiento que ha funcionado, como paso previo al desarme, con los movimientos guerrilleros en países latinoamericanos y con el IRA en Irlanda del Norte, que culminaron con la participación de los Gobiernos y la presencia de un tercero, una comisión internacional. Pero en el caso de ETA, “el sellado de zulos celebrado sin verificación ni calendario”, ha resultado imposible ante “la obstinada decisión del Gobierno de Rajoy de no participar en una operación de desarme”, pese a la reiterada petición de la banda terrorista para materializarla desde hace dos años.

Situación de los presos

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha advertido a la izquierda abertzale que “el Ejecutivo de Rajoy seguirá en su posición” y que ETA “no debe limitarse a esperar a que se celebren las siguientes elecciones y se constituya un nuevo Gobierno para dar el paso del desarme”.

Pero el Gobierno vasco también está convencido de que “por muchas detenciones que protagonice el Ministerio del Interior, entre los pocos militantes operativos que tiene ETA, la organización terrorista no se va a disolver mientras la situación de sus presos, más de 400, no esté encauzada”. “No se trata de una amnistía sino de una adaptación de la política penitenciaria a la etapa de cese definitivo de la violencia, al tratamiento de los presos de ETA, similar al de los demás y la revisión de la legislación de excepción”, precisan las mismas fuentes. Esta cuestión ha sido planteada reiteradamente por el lehendakari Urkullu al presidente Rajoy durante los últimos tres años sin ningún resultado.

El Ejecutivo autónomo cree que la posición del Gobierno de Rajoy “está guiada por intereses propagandísticos y electorales”. “No hay precedentes conocidos de un caso como este en que una banda terrorista está dispuesta a desarmarse y el Gobierno no acepta participar en el desarme con el argumento de que la organización tiene que disolverse”.

Para salir de la parálisis, prolongada durante muchos meses, el Gobierno vasco ofrece esta fórmula de desarme a ETA, como paso previo, para garantizar, un “final ordenado de ETA”, pues “sin final ordenado, no hay final de la banda terrorista, no hay disolución”.