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Marina Castaño responsabiliza ante la juez al patronato de la Fundación Cela

La segunda esposa del Nobel declara como imputada por varios delitos fiscales relacionados con la entidad, que pagaba la nómina de su supuesto mayordomo

Marina Castaño pasa ante unas vecinas por una calle de Padrón a la salida del juzgado.
Marina Castaño pasa ante unas vecinas por una calle de Padrón a la salida del juzgado.ÓSCAR CORRAL

Marina Castaño, segunda esposa de Camilo José Cela, entró con mejor semblante del que llevaba cuando, después de hora y media de declaración como imputada, abandonó esta mañana los juzgados de la localidad coruñesa de Padrón, sede de la Fundación del Nobel y cuna del autor. Por razones de seguridad, el día anterior la cafetería de enfrente del edificio judicial, poco acostumbrado a tanta expectación, había sido obligada a retirar las sillas y mesas de la terraza, pero eso no le restó ni pizca de negocio. Esta mañana, con la terraza desplazada fuera del perímetro acotado, la camarera se hizo bastantes kilómetros entre idas y venidas para atender a una clientela que se disparó para ver a la exmarquesa viuda de Iria Flavia y expresidenta de la Fundación Cela dirigiéndose entre una nube de cámaras a los juzgados. Fuera, Castaño no quiso hacer declaraciones, pero dentro contestó a todas las preguntas (juez, fiscal, abogado del Estado y defensas) salvo a las de Xosemaría Rodríguez, el abogado de Lola Ramos, la vecina que la denunció por amor a la institución más importante del pueblo.

Castaño respondió, pero lo hizo con vaguedad. Pareció sorprenderse de que la juez le hiciese algunas preguntas sobre las cuestiones más graves de la denuncia y semejaba no traer preparadas sus réplicas. Según ella, firmaba lo que se le ponía delante y confiaba plenamente en otras personas a las que su marido puso al frente de la institución. Además, las decisiones importantes no dependían de una orden suya, sino que pasaban por la junta de patronos de la Fundación. La controvertida segunda esposa, imputada por los supuestos delitos de malversación, apropiación indebida y fraude, dijo que ella no llevaba la gestión. Había un gerente, Tomás Cavanna, que hoy también declaró como imputado, que se encargaba del día a día, y el de presidenta era un cargo de carácter prácticamente honorífico.

La titular del juzgado número 2 de Padrón, sin embargo, cree que Castaño y Cavanna derivaron a una sociedad privada durante años las devoluciones del IVA que recibía la fundación (exenta de tributación por ser sin ánimo de lucro). También le atribuye a Castaño el haber disfrutado de un trabajador en su domicilio de Madrid que vivía interno y supuestamente hacía funciones de mayordomo mientras percibía una nómina a cargo de la Fundación Cela, situada en Iria Flavia (Padrón). Por último, la juez sospecha que entre ella y Cavanna, el gerente que rescató Cela de la Ford para confiarle la gestión de su enorme legado en Galicia, pactaron simular el despido de este cuando la institución, en una situación de quiebra, fue rescatada por la Xunta y se convirtió en pública.

Mientras, según algunas fuentes relacionadas con el caso, Tomás Cavanna dio unas respuestas más "técnicas y preparadas" sobre las supuestas maniobras que se le achacan, Marina Castaño se intentó defender con "imprecisiones". Dijo que el supuesto mayordomo cobraba de la fundación porque en realidad su cometido era ordenar y clasificar los importantes fondos documentales y libros que, pese a que existía la fundación, todavía no habían sido trasladados y se guardaban en el domicilio del matrimonio en Madrid. Está previsto que este empleado declare más adelante en Padrón, también en calidad de imputado. 

Respecto al supuesto despido simulado de Cavanna, Castaño no explicó por qué existe un correo electrónico en el que ordena a la sucesora del gerente que se le pague lo que él pida porque así lo decide ella y porque hay que estarle muy agradecidos (la imputada llega a decir que se merece una "ilimitada generosidad") por los servicios prestados. Cavanna -que mientras dirigía la Fundación Cela, según la denunciante cobraba al año 96.000 euros-, redactó su propia carta de despido y recibió al marcharse 150.000. La cantidad era presuntamente conocida por varios miembros del patronato y también por la actual directora, preparada personalmente por Cavanna y nombrada a dedo cuando este se marchó.

Esta mujer es Covadonga Rodríguez, sigue hoy todavía al frente a pesar de que la institución es totalmente pública, y es hija de uno de los hombres más influyentes dentro de la casa, Dositeo Rodríguez, exconselleiro con Fraga y actual miembro del Consello de Contas de Galicia, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas en la comunidad. Tanto él como su hija tendrán que pasar mañana por los juzgados de Padrón para declarar como imputados en esta causa. Dositeo Rodríguez aseguró esta semana que dimitirá de su cargo en el Consello de Contas si continúa imputado una vez explique a la juez su versión de los hechos relativos al generoso despido de Cavanna.

El abogado de Ramos, que ha consagrado buena parte de su vida a pedir que se haga justicia dentro de la que un día fue la fundación de autor más rica de España, situada justo en la acera de enfrente de su casa, cree que la instrucción del caso se va a prolongar todavía más. En su opinión, deberían realizarse aún más pruebas y tendrían que pasar a declarar más personas, entre ellas los miembros del patronato que aprobaron el despido de Cavanna cuando la Fundación Cela enfilaba su metamorfosis de privada a pública.

"No habrá acuerdo con nadie, puesto que se le despide bajo mi presidencia y dispongo que se haga según él y yo decidamos", zanjaba Castaño respecto a la indemnización de Cavanna en el correo que esta mañana se le exhibió, con fecha del 5 de mayo de 2010. La marcha de Cavanna se incluyó en el plan de viabilidad de la Fundación Cela, que tuvo que ser salvada con fondos públicos. A partir de 2010, la Consellería de Cultura ocupó la presidencia y Castaño se conformó con un cargo de honor, con voz pero sin voto, hasta que, al casarse de nuevo, según mandaban los estatutos, quedó definitivamente fuera.

En un auto, la juez destaca que el supuesto mayordomo extranjero que cobraba como ordenanza de la fundación en Iria siempre, entre 2001 y 2010, facilitó el domicilio madrileño de los Cela como dirección durante los trámites que llevó a cabo para "conseguir su regularización en España". Coincidiendo con el trasvase de la fundación al Gobierno gallego, "fue dado de alta por la sociedad mercantil Letra y Tinta, propiedad de Marina Castaño". Esta empresa está en el eje de los presuntos delitos fiscales que se le atribuyen a la segunda esposa del escritor. La fiscalía, donde recaló la denuncia de Lola Ramos antes de llegar al juzgado, encontró indicios de que la agrupación de interés económico Lengua y Literatura, constituida con un 80% de capital de la Fundación Cela (a su vez subvencionada en un 80%) y con un 20% aportado por Castaño a través de Letra y Tinta (que dirigía desde su casa), gestionó las subvenciones y abonó las facturas de la entidad de autor sin ánimo de lucro. Esto, según el fiscal Álvaro García Ortiz, le habría permitido conseguir "grandes cantidades de dinero en concepto de devolución del IVA".

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