Las nuevas vías de corrupción del imputado Marjaliza

La parte del sumario conocida del caso Púnica—60 tomos que incluyen desde informes fiscales sobre los principales imputados hasta conversaciones telefónicas grabadas por decisión judicial— cuenta una historia actualizada de la corrupción en Administraciones públicas con varios protagonistas.

El juez Eloy Velasco tiene gran parte de la investigación avanzada para acreditar el amaño en una decena de Ayuntamientos de contratos para servicios de eficiencia energética que prestó la empresa Cofely; el pago irregular por parte de Gobiernos municipales y autonómicos de servicios de reputación en la red que beneficiaba a determinados gobernantes, o la recalificación de terrenos a cambio de comisiones ilegales.

Pero el magistrado, que mantiene el secreto sobre otra parte del sumario, tiene abiertas nuevas vías de investigación basadas en la confesión de David Marjaliza, el empresario de Valdemoro (Madrid) a quien la investigación considera cabecilla de la mayoría de las tramas corruptas investigadas.

Caída en desgracia

Marjaliza alimentó sus negocios gracias a su amistad con Francisco Granados, hoy exsecretario general del Partido Popular de Madrid, exconsejero autonómico y exalcalde de Valdemoro.

Cuando Granados cayó en desgracia porque su jefa, Esperanza Aguirre, le sacó del Gobierno y le despidió como secretario general del PP madrileño, el empresario ya volaba sólo y tenía sus propios negocios basados en el tráfico de influencias con políticos a los que conocía desde hace años.

El constructor de Valdemoro declaró por última vez ante el juez Eloy Velasco el pasado 25 de junio. Su confesión permanece en secreto y las partes aún no han tenido oportunidad de conocer hasta dónde llegan sus denuncias de nuevas corruptelas.

Una de las nuevas vías de investigación que abre la confesión tiene que ver con la etapa de Granados al frente de Arpegio, una empresa autonómica que primero se encargó de la venta de suelo en polígonos industriales o de servicios, y luego se ocupó de gestionar el multimillonario plan de inversiones municipales que cada año aprobaba el Gobierno autónomo madrileño.

Es justamente en ese terreno, las actividades de Arpegio, donde la confesión de Marjaliza ha abierto una nueva vía de investigación en el caso Púnica que podría afectar a dirigentes políticos que siguen ocupando cargos públicos en la Comunidad de Madrid.