El fiscal allana el camino para sacar al juez López del tribunal de Gürtel

La fiscalía allanó este lunes el camino para que la Audiencia Nacional aparte al juez Enrique López del tribunal que juzgará el caso Gürtel de corrupción, tras ser recusado por varias acusaciones. El ministerio público considera “reforzada” la “apariencia de falta de imparcialidad” del magistrado conservador por su relación con el Partido Popular (PP), formación que se sentará en el banquillo como “partícipe a título lucrativo” de la trama corrupta. La fiscalía también ve base en la recusación planteada contra la magistrada Concepción Espejel.

Enrique López, designado ponente (redactor) de la sentencia del caso Gürtel, fue recusado por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) y el PSOE, acusaciones populares en la causa. La fiscalía ve “acreditados” los “hechos” sobre los que las acusaciones sustentaban las dudas sobre la imparcialidad de López, participante en medio centenar de ponencias de la fundación FAES —vivero ideológico del PP— y aupado por la formación conservadora a los cargos de vocal del Consejo General del Poder Judicial y de magistrado del Tribunal Constitucional.

En su informe sobre López, la fiscalía hace referencia a la “vinculación” del magistrado con FAES y la “decisiva intervención” del PP en los nombramientos del magistrado “para ocupar algunos de los más altos y reconocidos cargos en el Poder Judicial”. Y va un paso más allá. El ministerio público se apoya en el escrito del propio López en contra de su recusación para considerar “reforzada” la apariencia de falta de imparcialidad de este. En aquel pliego de descargo, López expresaba sus “naturales sentimientos de agradecimiento” por aquellos nombramientos, aunque se mostraba convencido de que no afectaban a su capacidad para juzgar el caso Gürtel de forma neutral.

El ministerio público también se pronunció este lunes respecto a la recusación de la magistrada Concepción Espejel, presidenta de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia —y por tanto presidenta del tribunal del caso Gürtel—. En este caso, la fiscalía se muestra algo menos tajante y únicamente ve acreditadas “algunas” de las dudas de los recusantes sobre la idoneidad de Espejel para formar parte del tribunal. El aspecto más relevante para la recusación de esta magistrada es que también fue nombrada, a propuesta del PP, vocal del Poder Judicial.

En ninguno de los dos casos la acusación pública pide directamente el apartamiento de los magistrados y en ambos se limita a solicitar a la Sala de lo Penal de la Audiencia que “analice el cumplimiento de los cánones de imparcialidad” exigidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También pide al órgano encargado de decidir sobre la recusación que “valore” si un “observador objetivo” tendría razones para dudar de la imparcialidad de López y Espejel.

El principio de que los jueces no solo deben ser imparciales sino parecerlo, para preservar la confianza de los ciudadanos en los tribunales, no está recogido entre las causas legales de inhibición o recusación de los magistrados. Sin embargo, forma parte de la doctrina del Tribunal Constitucional y de diversos organismos internacionales de los que España forma parte.

La fiscalía cita, entre otros, un informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del año 2013, en el que se destaca que “existe una creciente preocupación por temas de corrupción que, en el ámbito judicial, se plasmaría en la impresión de que intereses partidistas podrían estar interviniendo en las decisiones judiciales”.