De la amnistía a la retirada de ETA

Uno

“40 urte eta gero hau”. Las paredes del País Vasco se cubrieron de carteles con esa leyenda (que podría traducirse como “40 años para esto”) en los primeros años tras la muerte de Franco. “Esto” era la situación política que siguió al acontecimiento del que ahora se cumplen otros 40. El pulso entre la reforma del franquismo y la ruptura estaba a punto de decantarse del lado de la segunda opción, sin que sus partidarios estuvieran muy convencidos: porque tenían una visión idealista de lo que esa ruptura debía suponer y porque veían demasiada continuidad en los comportamientos del aparato del Estado heredado del franquismo.

La frase fue ideada por un exmilitante de ETA que había pasado diez años en prisión y participado luego en la fundación de Euskadiko Ezkerra, el partido de Mario Onaindía, uno de los seis condenados a muerte (y luego indultados) en el famoso juicio de Burgos (1970). Onaindía contó en uno de sus libros su encuentro en Biarritz, algo después de ser “extrañado” (indultado y expulsado) a Bruselas, con un conocido suyo de Eibar, empresario que había prosperado en Sudamérica, que le reprocha, a él y a los otros reclusos excarcelados, haber arruinado la movilización por la amnistía al aceptar acogerse a ella. “Para mí -le dice- saliendo de la cárcel habéis dejado de ser vascos; es más: si yo fuera de ETA os pegaba un tiro”.

Al final se llegó por una vía diferente a la que durante años se consideró más verosímil: la de una negociación en términos de paz por presos

A la muerte de Franco había en las cárceles españolas unos 400 presos vascos, de los que más de la mitad  condenados por delitos de terrorismo. Desde el primer indulto real, de 25 de noviembre de 1975, y el que siguió al nombramiento de Adolfo Suárez como presidente, en julio de 1976, cientos de presos antifranquistas que seguirían saliendo de prisión, y muchos exiliados regresando del destierro, de forma que en vísperas de las primeras elecciones democráticas, en junio de 1977, casi todos los presos que seguían en prisión eran de ETA. Bastantes de ellos detenidos después de la muerte de Franco, porque la banda, que había mantenido una tregua tácita desde el agravamiento de la salud del dictador, había vuelto a matar: 29 víctimas entre 1976 y 1977.

ETA mata para demostrar (tautológicamente) que no hay democracia, porque si la hubiera ETA no mataría. Así, decenas de sus miembros vuelven a repoblar las cárceles. Con todo, la oposición presiona al Gobierno para que lleve al Parlamento una ley de amnistía para todos los “delitos de intencionalidad política”, lo que finalmente ocurre el 14 de octubre de 1977. De aquella jornada queda memoria sobre todo del discurso de Arzalluz, que invoca una “amnistía de todos para todos, porque hay que recordar, aunque sea por última vez, que aquí nos hemos reunido personas que hemos militado en campos diferentes, que hasta nos hemos odiado y hemos luchado unos contra otros, gentes que han padecido largos años de cárcel y de exilio junto a otros que han compartido responsabilidades en gobiernos que causaron esos exilios y esas cárceles”. Y sin olvidar que “hechos de sangre ha habido por ambas partes”.

El 9 de diciembre de 1977 abandona la prisión de Martutene el último preso de ETA, Fran Aldanondo, que había sido detenido en marzo de ese año. Por algún tiempo no habrá ningún preso de ETA. Pero la dinámica atentados-presos-más atentados no se detiene. El año siguiente, el de la aprobación de la Constitución, ETA asesina a 68 personas, y el posterior, el de la aprobación del Estatuto de Gernika, a 76.

Dos

En los 40 años transcurridos desde entonces ha habido otras noticias más trascendentes, pero ninguna tan esperada como el anuncio del fin del terrorismo de ETA, el 20 de octubre de 2011. A ese desenlace se llegó por una vía diferente a la que durante muchos años se consideró más verosímil: la de una negociación en términos de paz por presos. Esa vía quedó sin sentido tras la evidencia, en el atentado de Barajas, a fines de 2006, de que ETA de ninguna manera estaba dispuesta a dejar de matar sin conseguir sus objetivos políticos. Pero esa constatación provocó reacciones que cambiaron el curso de los acontecimientos.

Entre 2008 y 2010 hubo 305 detenidos relacionados con ETA. Esa era la condición necesaria. La suficiente era que el brazo político del entramado presionara a los de las pistolas para que las abandonaran

Hacia el año 2009 Arnaldo Otegi, principal dirigente de la izquierda abertzale, había llegado a la conclusión de que la vía armada provocaba más perjuicios que beneficios a su causa, por lo que planteó a un grupo de notables de la antigua Batasuna la conveniencia de abandonar la estrategia político-militar. Abandono que para ser creíble debería ser unilateral, no condicionado a acuerdos previos. Paralelamente, expertos antiterroristas del Gobierno también se habían convencido de que el fin del terrorismo debería ser una decisión voluntaria de la propia ETA, pues la alternativa, captura o exterminio de todos sus miembros y de su relevo generacional, era utópica. La conclusión era que la estrategia antiterrorista debía orientarse a conseguir que los jefes de la banda asumieran que la violencia había dejado de ser rentable en términos de coste-beneficio: más detenidos que atentados, más presos que nuevos activistas.

Para ello la clave era la eficacia policial en la detención de miembros de la banda y el desmantelamiento de sus arsenales, como ocurrió en los años y meses previos al alto el fuego de enero del 2011 que precedió al anuncio del cese definitivo, en octubre. Entre 2008 y 2010 hubo 305 detenidos relacionados con ETA. Esa era la condición necesaria. La suficiente era que el brazo político del entramado, Batasuna y sus marcas, presionara a los de las pistolas para que las abandonaran. Esto implicaba evidenciar que mientras ETA estuviera en activo la izquierda abertzale no recobraría la legalidad perdida en 2003. Y para ello resultaba decisivo que sus jefes asumieran que no volvería a haber una negociación política.

Entre el año 1968 y la muerte de Franco ETA había asesinado a 43 personas. En los cinco primeros del posfranquismo, a 275, en su gran mayoría policías, guardias civiles y militares. Los políticos y cargos públicos asesinados suponían en torno al 2% de las víctimas. Esto cambió a partir de mediados de los años 90. De las 85 personas asesinadas entre 1995 y 2005, el 30% eran adversarios políticos de ETA. Sobre todo, concejales o militantes de los partidos constitucionalistas. En tan solo un año, el 2000, fueron asesinados 11 concejales. Esta situación fue un factor crucial en la decisión de ilegalizar a Batasuna en 2003. No era lógico ni admisible que pudiera participar en las elecciones, y a través de ellas en instituciones representativas, un partido que formaba parte de una estructura dirigida por una banda armada que acosaba y eventualmente asesinaba candidatos, cargos públicos o militantes de las demás formaciones que concurrían a los comicios. Así lo corroboró el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en 2009.

Esa ilegalización acabaría siendo el factor esencial de la dinámica que llevó a la retirada de ETA. Entre diciembre de ese año y febrero del siguiente tuvo lugar en las estructuras de la izquierda abertzale un debate sobre estrategia cuya conclusión esencial fue que sus objetivos eran alcanzables sin violencia, contra lo que había sostenido ETA desde su fundación. Conclusión planteada con las ambigüedades habituales tendentes a presentar como compatibles la renuncia a la violencia con su consideración como necesaria en el pasado para poder defender hoy lo mismo sin pistolas; pero con suficiente carga de ruptura con ese pasado como para ser tomada en serio. Los de Otegi tuvieron la habilidad de presentar el resultado del debate como un mandato de las bases que ETA estaba obligada a atender.

La ilegalización de Batasuna creo las condiciones para que surgiera un conflicto entre los intereses del brazo político y los del militar

Así pues, la ilegalización de Batasuna creó las condiciones para que surgiera un conflicto entre los intereses del brazo político y los del militar. La eficacia policial debilitó la capacidad de este último para intervenir en el debate interno a bombazos, como había ocurrido otras veces. Y la ruptura en Barajas de la tregua de 2006 evidenció no solo que la responsabilidad de la ruptura de las negociaciones era de la banda sino que era falsa la idea de que la violencia de ETA era “una propuesta extrema de negociación”, como defendieron algunos teóricos. Todo ello confluyó para que la izquierda abertzale presentase un partido que claramente trataba de dar continuidad a Batasuna, pero en cuyos estatutos se incluía una renuncia expresa a la estrategia de la violencia. Los buenos resultados de la coalición Bildu, que incluía partidos legales junto a otros del entorno de ETA, en las elecciones locales y provinciales de 2011, reforzaron la posición interna de los promotores de la ponencia de Otegi y compañía para empujar a la jefatura de ETA a dar el paso del anuncio del cese definitivo, aquel 20 de octubre.