iPads y viajes gratis cercan a cargos del Gobierno de Melilla

Nada ni nadie mueve de su puesto a Francisco Díaz, viceconsejero de Festejos de la ciudad de Melilla, gobernada por el PP. Ni su arresto el 12 de enero. Ni las pesquisas de la Guardia Civil, que lo considera el eje de una red de corrupción que recibía obsequios a cambio de adjudicaciones, según el sumario de la Operación Tosca. Una investigación que también señala a la secretaria particular del presidente de la ciudad, Juan José Imbroda. Y sigue la pista a dispositivos electrónicos comprados por la trama y registrados a nombre de cargos del Gobierno y sus familiares.

"En la práctica se ha podido evidenciar que Díaz participaba, intervenía e influía de forma activa en los procesos de contratación pública con diversos proveedores", concluyen los investigadores de la Operación Tosca, en el sumario de una pieza aparte de casi 1.000 páginas al que tuvo acceso EL PAÍS y que gira, principalmente, en torno al papel del actual viceconsejero de Festejos en una supuesta red de corrupción que recibía contraprestaciones (viajes y dispositivos electrónicos) a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Toda una batería de acusaciones por las que el juzgado de instrucción número 4 de Melilla abrió diligencias secretas a principios de 2015 para esclarecer los supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación.

Entre otras líneas de investigación abiertas, los agentes mantienen que un matrimonio de empresarios de la ciudad detenido en enero, Amal Sel-lam y Benaisa Ahmed —que facturaron 3,64 millones con el Gobierno de Melilla entre 2008 y 2013—, compraron 24 dispositivos electrónicos de la marca Apple —iPads, iPhone y ordenadores Mac, entre otros— por valor de 23.570 euros que fueron finalmente registrados a nombres de funcionarios, cargos públicos o personal de confianza del Gobierno autonómico.

"Uno de los testigos afirmó que Benaisa compraba la última tecnología Apple y que se la daba a dirigentes de la ciudad", destaca el instituto armado en un auto firmado el 12 de febrero de 2016, donde también concluye que "parece verosímil que los dispositivos recibidos por Díaz [por valor de 3.172,11 euros] pudieran corresponder con una contraprestación por contratos públicos promovidos por Festejos".

Entre los dispositivos bajo sospecha se encuentran, según el sumario, dos iPad por valor de 1.354,24 euros: uno registrado a nombre de Francisca Conde, viceconsejera de Acción Social y mujer del presidente de Melilla, Juan José Imbroda; y otro a nombre del hijo de ella. Aunque, sobre este último, la Guardia Civil incide en que "parece verosímil que lo adquiriera directamente de Fabián S., desconociendo las circunstancias en las que este las había adquirido". Los investigadores también siguen la pista a 10 dispositivos que "habría recibido" el jefe de Gabinete de Presidencia, Alejandro S., hermano de Fabián —este último era gestor administrativo de Presidencia—.

La secretaria del presidente

Según la Guardia Civil, el director del hotel Tryp Melilla también regaló a Díaz y a su familia una estancia de 12 días en un hotel de Marbella como "contraprestación" para la obtención de contratos. Y fue la empresaria Sel-lam la que abonó los 421 euros de gastos extra derivados de este hospedaje, añaden los agentes, que investigan otro viaje a Milán pagado por otro empresario de la ciudad y al que acudió el propio Díaz; así como el fallecido José Imbroda, extesorero del PP en la ciudad y miembro del área de Festejos; y otros dos funcionarios de este departamento.

El sumario también señala a Trinidad Unzueta, esposa de Díaz y secretaria de Presidencia, imputada por cohecho. "Instaba a proveedores habituales de la ciudad para que estos contrataran a personas previamente designadas" por ella, dicen los agentes, que apuntan más alto: recalcan que ella no tiene "capacidad de contratación", así que sospechan de la intervención de un funcionario o un cargo con "capacidad para influir en varias consejerías" en este sentido. Unzueta, contactada este martes por EL PAÍS, no ha querido hacer declaraciones.

Facturas troceadas

Los investigadores, en sus informes, ahondan en el modus operandi utilizado por la supuesta trama. Explican que, para adjudicar estos contratos a las empresas investigadas, se fraccionaban los importes con el objetivo de eludir la convocatoria de concursos públicos. Los agentes también sospechan que se inflaron facturas.

La oposición ya ha pedido la creación de una comisión de investigación. El presidente de Melilla, que ha respaldado y mantenido en el cargo al viceconsejero de Fiestas, ha pedido "prudencia" ante las acusaciones vertidas. Díaz, por su parte, aseguró en una rueda de prensa que la investigación de la Guardia Civil está basada en "informaciones erróneas y correos sesgados", que "es falso" que le hayan regalado una estancia en un hotel o un viaje; y que el sumario contiene "múltiples errores de fechas, de números de facturas, de conceptos o de correos sesgados y fuera de contexto".