La trastienda de los jueces estrella

Los jueces españoles –salvo, quizá, una minoría recalcitrante y condenada a la extinción- comienzan a dejar de ser percibidos por los ciudadanos como unos personajes lejanos y situados por encima del bien y del mal, para pasar a ser considerados por amplias capas de la sociedad como los garantes últimos de sus derechos individuales y de los intereses colectivos, sacrificados en el altar de la crisis económica. De esta imagen de los jueces como únicos defensores del bien común, probablemente tan distorsionada como la que los presenta como seres desconectados de la realidad, tienen mucha responsabilidad algunos de los magistrados retratados por los periodistas Javier Álvarez y Luis Fernando Rodríguez en su libro La última trinchera (Ed. Península, 2016). Los autores, con unos cuantos trienios de experiencia en el periodismo de tribunales, presentan la vertiente humana de nueve jueces cuyas investigaciones y sentencias han marcado la actualidad en los últimos años. Hombres y mujeres de distinto talante y vocación dispar, pero con un rasgo común: ser profesionales de la presión.

En la mayoría de los casos a través de entrevistas inéditas, y cuando no ha sido posible, mediante el acceso a fuentes muy próximas a los protagonistas -como familiares, funcionarios o preparadores de oposición a judicatura-, el ensayo supone algo más que una acumulación de perfiles individuales. La obra, al tiempo que retrata con sus anhelos y frustraciones a magistrados como José Castro, Pablo Ruz o Mercedes Alaya, ofrece una panorámica de los problemas cotidianos de la Justicia, como la falta endémica de medios o la lentitud propiciada por unas leyes que sepultan al juez en recursos.

Uno de los capítulos más sugestivos es el dedicado al juez Fernando Andreu, que cierra el libro. El instructor del caso Bankia, que a finales de los 90 abandonó el País Vasco cuando su esposa fue señalada en una carnicería de Hernani (Gipuzkoa), donde vivía la pareja, analiza con severidad el papel actual de la Audiencia Nacional tras el fin del terrorismo etarra. “Creo que está siendo utilizada mediante un criterio de oportunidad según cuáles sean los problemas de la sociedad en cada momento (…) se corre el riesgo de que se pueda acabar eligiendo tribunal para determinados asuntos”, señala. En su entrevista con los autores, Andreu rememora las “presiones” que recibió en 2009 para cerrar el caso abierto contra siete mandos militares israelíes por un bombardeo en Gaza en el que murieron 14 ciudadanos palestinos.

"Nadie cree en la violencia de género"

Otro perfil especialmente logrado es el de la juez Sonia Chirinos, pionera en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Esta magistrada española de origen peruano recuerda cómo en sus inicios otros jueces varones hacían comentarios a sus espaldas sobre su peinado o el largo de su falda. Tras miles de sentencias sobre maltrato a lo largo de una década, Chirinos hace un diagnóstico demoledor: “En el fondo nadie cree en la violencia de género, solo cuando hay una mujer o un niño muertos (…) En el fondo, la admitimos”.

Por las páginas de La última trinchera pasa también Ana Ferrer, la primera mujer que ha llegado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ferrer, instructora del caso Roldán, sobre el desvío de fondos reservados a los bolsillos del ex director general de la Guardia Civil, recuerda cómo dictó el auto de procesamiento minutos antes de darse de baja para dar a luz a su primera hija. Ferrer, hija y esposa de jueces, también tuvo que enfrentarse al inicio de su carrera a episodios machistas que ahora nos llenarían de sonrojo.

Los autores reconocen que tuvieron que hacer un esfuerzo para sacudirse el síndrome de Estocolmo con el juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, conocido por su verbo suelto y sus condenas ejemplares, en las que impone a los jóvenes delincuentes que aprendan a leer o que reparen los daños ocasionados con su conducta. Calatayud es el único de los veinte magistrados que fundaron la jurisdicción del Menor que permanece en ella. En su capítulo destacan las confidencias personales, como la muerte, víctima del cáncer, de su primera esposa, Azucena. Al igual que la mayoría de sus compañeros de libro, Calatayud se presenta a sí mismo como un juez no vocacional. “Las vocaciones son para los frailes, yo nunca he tenido afán ni de justicia ni de puñetas”.

El fin de la justicia universal

“Cuando un poder [en este caso el Judicial] aparece como el salvador de la patria es un problema”, señala otro de los entrevistados, Santiago Pedraz. Este magistrado tímido, con vocación de periodista reconducida por su padre, redactor en El Adelanto de Salamanca y subdirector de la agencia Efe, sirve como eje para repasar los casos de justicia universal. Pedraz, instructor del caso del asesinato del reportero José Couso por militares estadounidenses en Bagdad o sobre el genocidio en Guatemala, ha visto, al igual que sus compañeros instructores de la Audiencia Nacional, cómo los sucesivos Gobiernos del PSOE y del PP recortaban hasta la mínima expresión la competencia de los magistrados españoles para investigar delitos cometidos fuera de su territorio.

La nómina de jueces se completa con el juez de lo Mercantil José María Fernández Seijo, que en 2011 dio por saldadas las deudas de un matrimonio de jubilados de Barcelona incapaces de hacer frente a los pagos y que ha abierto la vía para que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea obligue a España adecuar su ley hipotecaria, desequilibrada a favor de los bancos. Fernández Seijo –y seguramente el resto de entrevistados coincidiría con él- rechaza para sí el calificativo de juez “de trinchera”. “Ahora mismo las trincheras están en los juzgados de Penal, en la lucha contra la violencia de género, en lo Social o en los juzgados mixtos de pueblo. Cuando ves a un juez recién salido de la escuela que en la misma mañana tiene que dictar una orden de alejamiento, juzgar un maltrato psicológico o condenar a alguien que no paga el alquiler… eso sí que es una trinchera de verdad”.