El futuro de Garoña se decidirá con un Gobierno en funciones
Seis partidos, la mayoría parlamentaria, pide la destitución del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear
La repetición de elecciones hará que los informes definitivos sobre la reapertura de la central de Garoña (Burgos), clave a su vez para el futuro de las nucleares en España, se rematen con un Gobierno en funciones. Una amplia mayoría de partidos y de parlamentarios pidieron en febrero al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que detuviera "el proceso de evaluación" para la reapertura de la central, que está parada desde hace más de tres años. Los propietarios —Iberdrola y Endesa— han pedido al CSN que dictamine si es seguro que vuelva a abrir a pesar de haber cumplido los 40 años de vida útil, una frontera nunca superada hasta ahora en España.
Pese a la solicitud de la mayoría parlamentaria, el CSN —controlado por el PP, que no se sumó a esa reclamación en el Congreso— ha decidido seguir adelante con la evaluación. Fuentes del consejo calculan que los informes definitivos estarán en junio o julio. Al repetirse los comicios, el Gobierno volverá a estar en funciones de nuevo.
Enfrentamiento
Existe un duro enfrentamiento entre el Congreso y el presidente del CSN, Fernando Marti, que se ha negado ya en dos ocasiones a acudir a la Comisión de Industria. Varios cargos del Gobierno han rechazado ir al Congreso por estar en funciones, pero ese no es el caso de Marti. La Comisión de Industria lo había vuelto a citar para hoy. Pero, aduciendo que no se le ha comunicado con tiempo suficiente la convocatoria, ha rechazado acudir. Y ofrece otra fecha (imposible): el 4 de mayo. Está previsto que el Rey firme la disolución de las Cortes el 3.
Ante este pulso, seis partidos pedirán este jueves en el Congreso la reprobación de Marti. Instarán al Gobierno a que lo destituya, según la propuesta redactada por el PSOE y a la se suman Podemos y Ciudadanos.
Que Garoña logre el visto bueno del CSN para funcionar más de 40 años es clave para todo el sector. Aunque no reabra —los titulares han dejado caer que podría no volver a engancharse a la red por motivos económicos— supondría un precedente para el resto de centrales de España.
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