El primer caso de corrupción del Gobierno Feijóo lleva al banquillo a 13 acusados

Trece ex altos cargos se sentarán en el banquillo de los acusados por el caso Campeón, una investigación sobre una trama que supuestamente defraudaba subvenciones públicas en Galicia y en la que han sido inculpados varios ex altos cargos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. La primera causa por corrupción en el Ejecutivo autonómico llega a juicio siete años después de que se iniciaran las pesquisas.

El Juzgado de Instrucción 3 de Lugo ha decretado la apertura de juicio oral tras formular acusación la fiscalía contra 13 personas, entre ellas ex altos cargos del Igape (un instituto de crédito dependiente de la Xunta de Galicia) y el considerado como jefe de la trama, el empresario farmacéutico Jorge Dorribo, a quien también acusa la Agencia de la Administración Tributaria.

Aunque el principal delito por el que se inició la causa es contra la Hacienda Pública, las acusaciones incluyen falsedad en documento mercantil, soborno, blanqueo de capitales y delito contable e insolvencias punibles.

Entre los encausados está además un socio de Dorribo en la farmacéutica Nupel, Arsenio Méndez, y cuatro extrabajadores de esos laboratorios así como otros dos empresarios, informa Europa Press. El Ministerio Público acusa también a los ex altos cargos del Igape, el exdirector Joaquín Varela de Limia y el exsubdirector Carlos Silva, nombrados en el primer gobierno de Núñez Feijóo y apartados de sus funciones en 2011, tras conocerse las imputaciones, por el entonces consejero de Economía e Industria, Javier Guerra. Les imputa diversos delitos contra la Hacienda Pública además de los de tráfico de influencias y cohecho.

El Gobierno gallego, del que depende este organismo, no formula sin embargo acusación contra ellos ni tampoco contra el exdiputado del PP Pablo Cobián, que sí figura como acusado de la Fiscalía y que renunció a su escaño en el Parlamento de Galicia al trascender la investigación.El exconsejero de Industria del BNG en el gobierno bipartito con el PSOE, Fernando Blanco, que también renunció a su acta parlamentaria al abrirse la instrucción, figura en una pieza aparte.

La instrucción se abrió como consecuencia de la investigación de una presunta corrupción empresarial, política y policial, la Operación Carioca, destapada por dos juezas de Lugo, que tenía como epicentro un burdel de esa ciudad: el Queen's, frecuentado por policías y guardias civiles y donde circulaba presuntamente el dinero de ayudas públicas y contratas obtenidos supuestamente a base de sobornos a políticos del PP, PSOE y BNG.

Las escuchas de la Carioca llevaron a la juez a abrir la Operación Campeón y posteriormente la Pokémon, con numerosos políticos de distinto signo imputados —algunos alcaldes renunciaron a sus cargos— desde 2012 y que todavía sigue abierta.

Entre el centenar de investigados del caso Campeón figura el exministro de Fomento socialista José Blanco, imputado por cohecho, tráfico de influencias y prevaricación tras haber sido involucrado por Dorribo. El supuesto jefe de la trama relató un encuentro entre ambos en una gasolinera en el que aseguró que había pagado a Blanco 200.000 euros a cambio de que este le gestionase unas ayudas públicas. El Tribunal Supremo archivó definitivamente la causa contra el socialista a finales de 2013, tras un año y medio de instrucción, tras rechazar la existencia de indicio alguno de delito.

El considerado cabecilla de la trama ingresó en prisión, detenido en la Operación Campeón, en la primavera de 2011. Junto a él fue arrestado, entre otros, el entonces director del Igape, Joaquín Varela, con quien el empresario negociaba subvenciones para sus empresas. Puesto en libertad condicional, Dorribo mantuvo intacta su actividad empresarial e inició un nuevo proyecto dedicado a la venta de quesos y muebles en el norte de Portugal. Su nueva aventura fue truncada en noviembre de 2014 cuando quebrantó la condicional al no presentarse en el juzgado. La juez ordenó su nuevo ingreso en la cárcel valorando el riesgo de fuga al conocerse que el fiscal pide para él 24 años de prisión y multas por más de 16 millones de euros.

El auto dictado este lunes por el juzgado de Lugo declara a la Audiencia de Lugo órgano competente para celebrar el juicio. Se trata de una resolución firme contra la que no cabe recurso, excepto en lo que respecta a la situación personal de los acusados.