La Casa Asia de Barcelona, bajo amenaza de desahucio

La Generalitat catalana planea ampliar a más del doble su presencia en el extranjero, pasando de siete a 17 embajadas. Pero la Casa Asia, principal foro de proyección hacia la región más dinámica económicamente del mundo y único centro adscrito al Ministerio de Exteriores en Barcelona, está amenazada de cierre. Un juzgado ha ordenado el desahucio de su actual sede, en el Hospital de Sant Pau de Barcelona. El impago de la Generalitat está en el origen del inminente desalojo.

La Casa Asia nació en 2001 con el objetivo de impulsar las relaciones institucionales, económicas, sociales y culturales de España con la región de Asia-Pacífico. Forma parte de la red de casas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, integrada también por Casa América, Casa Árabe y Sefarad-Israel, las tres con sede en Madrid; además de Casa Mediterráneo (Alicante) y Casa África (Las Palmas de Gran Canaria). A diferencia de sus hermanas, Casa Asia se ha volcado en promover las relaciones comerciales con gigantes como China, India o Japón —donde la penetración de las firmas españolas es muy escasa en comparación con otros socios europeos— a través de seminarios, jornadas empresariales y misiones comerciales. La elección de Barcelona, capital de una comunidad con fuerte vocación exportadora, como emplazamiento de su sede central (tiene otra en Madrid) no fue casual, según fuentes diplomáticas.

Esta labor puede quedar brúscamente interrumpida por una sentencia del Juzgado de Primera Instancia 56 de Barcelona, que ha ordenado el desahucio de la sede de la Casa Asia, en el Pabellón de San Manuel del Antiguo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de la capital catalana.

En julio de 2013, la Casa Asia se mudó desde su primera sede, un palacete en la avenida Diagonal de Barcelona, hacia su nueva ubicación, buscando rebajar el coste del alquiler, que rondaba los 600.000 euros anuales.

Con este objetivo se firmó un convenio con la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, titular del recinto modernista. Pero el convenio acabó en marzo de 2015, sin que se haya prorrogado, por lo que la juez ha ordenado a la Casa Asia que desaloje el local, de casi 1.000 metros cuadrados, con la amenaza de proceder a su lanzamiento. Aunque la sentencia es recurrible, su ejecución es inmediata, por lo que el desalojo podría llevarse a cabo en cualquier momento.

En el trasfondo de las desavenencias entre arrendador e inquilino está el impago del alquiler de 124.000 euros anuales por parte de Casa Asia, cuya deuda acumulada supera los 370.000.

La paradoja estriba en que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona forman parte de la fundación que gestiona el hospital de Sant Pau (junto con el Arzobispado de Barcelona) y del consorcio de la Casa Asia. Es decir, son a la vez desahuciador y desahuciado.

Los estatutos de la Casa Asia establecen que el Ministerio de Exteriores costeará el 60% de los gastos ordinarios y de funcionamiento, mientras que el Ayuntamiento y la Generalitat pagarán un 20% cada uno. Sin embargo, los mismos estatutos establecen que estas dos últimas instituciones aportarán el pabellón de San Manuel; así como las oficinas y espacios escénicos y expositivos necesarios para sus actividades.

El problema radica en que, mientras el ministerio y el Ayuntamiento han desembolsado las cantidades comprometidas (1.021.000 euros anuales el primero y 592.000 el segundo), la Generalitat no lo ha hecho. A finales del año pasado, el Gobierno catalán presidido por Artur Mas prometió aportar 340.000 euros, pero solo desembolsó 90.000.

Cuando el consorcio reclamó la cantidad pendiente, el nuevo Ejecutivo catalán de Carles Puigdemont alegó en el Presupuesto de 2016, prorrogado del año anterior, no figuraba ninguna partida para Casa Asia. Fuentes de la Generalitat alegan que es “un problema que viene de lejos”, del que la Consejería de Relaciones Institucionales y Exteriores, que dirige Raül Romeva, es “plenamente consciente”, por lo que ha reclamado una reunión del consorcio, “para ver si hay alguna vía para resolver la situación”.

Los problemas de Casa Asia no acaban ahí. El dueño de su primera sede reclama además el pago del alquiler por los 10 años que se comprometió a ocuparla, casi tres millones de euros en total. El juicio se verá en septiembre.