El calendario judicial dificulta los intentos de investidura
El PP se enfrenta a un otoño cargado de procesos sobre corrupción
El diabólico calendario político de los próximos meses, y las posibilidades de que se produzcan nuevos intentos de investidura de Mariano Rajoy si fracasa la de la semana que viene, se ve complicado también por el horizonte penal de los diferentes procesos judiciales por corrupción. Si la legislatura arranca, lo hará con más de una decena de procesos, con pasos procesales intermedios, con juicios y sentencias. La mayoría de los casos afectan al PP y obligarán a este partido a asumir ese desgaste y complicará que en octubre se retomen las negociaciones.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, repite estos días que, además de la ideológica, una de las razones por la que no apoyan la investidura de Rajoy es la ética, es decir, los casos de corrupción que afectan al PP. Y Albert Rivera ha empezado por imponer un pacto contra la corrupción para que Ciudadanos se siente a negociar el apoyo a la investidura. Esa situación se complicaría aún más si Rajoy, una vez fracasada la investidura la próxima semana, decide en octubre intentar de nuevo recabar apoyos para un nuevo intento. Desde septiembre llegará un rosario de procesos, juicios y sentencias sobre corrupción que dificultarán la posición del PP.
El más evidente es el juicio de caso Gürtel que se inicia el 4 de octubre y que está previsto que acabe a mediados de diciembre. El inicio coincidirá con un hipotético nuevo intento de investidura tras las elecciones gallegas y vascas y, en caso de que fracase, el final de la vista oral caerá de lleno sobre una campaña electoral para el 25 de diciembre. Ese juicio tendrá una especial proyección pública porque están citados como testigos los exdirigentes populares Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, es decir, todos los secretarios generales del PP salvo Rajoy. Fue precisamente el extesorero Luis Bárcenas quien pidió sus comparecencias. Arenas sigue siendo vicesecretario del PP y es el único de todos ellos que permanece en política.
La exministra Ana Mato estará personada como partícipe a título lucrativo de 28.467 euros procedentes de los supuestos delitos cometidos por su exmarido, el exacalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda.
Financiación ilegal
Los próximos meses, además, se celebrará también el juicio del caso Bárcenas, sobre la caja B en la que el PP ingresó donativos ilegales por valor de ocho millones de euros entre 1990 y 2008. En paralelo, si se cumpliera el acuerdo con Ciudadanos o el PSOE sacara adelante su iniciativa, el Congreso abrirá una comisión de investigación en el Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP. Es decir, cabe la posibilidad de que la comisión de investigación marche en paralelo al proceso judicial. El PP podría utilizar para oponerse a peticiones de comparecencia, precisamente, no interferir en el proceso judicial. Si la mayoría de la Cámara impone esas comisiones, los convocados no pueden negarse a acudir, pero lo que sí pueden hacer es guardar silencio ante los diputados para remitirse a sus declaraciones en la vista oral que estará en marcha.
En las sentencias sobre esos procesos penales podría haber referencias a la financiación ilegal del PP, al pago de sobresueldos a sus dirigentes, relaciones con empresarios que pagaron las mordidas y, como mínimo, descontrol en las entradas de dinero en el partido por parte de su dirección nacional. Antes, habrá dos pruebas de fuego para Rajoy: la decisión sobre Rita Barberá y el recurso al procesamiento del PP por la destrucción de los discos duros. En el primer caso, la previsión es que la excaldesa de Valencia sea citada como investigada (antes llamado imputada), lo que obligaría a Rajoy a apartarla en aplicación del pacto con Ciudadanos. Y en el segundo se anticiparía el juicio contra el PP y su actual tesorera, Carmen Navarro. El calendario se completa con la inminente sentencia sobre una rama valenciana de Gürtel, la de los contratos de la Generalitat para Fitur que ya quedó vista para sentencia.
Otros procesos en marcha
Además del 'caso Gürtel', hay otros procesos judiciales o investigaciones por corrupción que cobrarán protagonismo antes de finales de año. Por ejemplo, el caso Pujol, que afecta al expresidente de la Generalitat de Cataluña y al Partit Democratic (antes Convergència).
Al PP le afectará también el caso de los exdiputados Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Aristegui y la investigación a Vicente Martínez-Pujalte. Y otros como el llamado caso Acuamed sobre presunta corrupción en una empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura.
Debe concluir, al menos parcialmente durante otoño, la investigación sobre el caso Púnica, sobre corrupción en el PP madrileño. El ex secretario general del partido en la comunidad Francisco Granados es el único imputado que permanece en prisión provisional. La expresidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, presentó su dimisión el pasado febrero “por la gravedad” de las acusaciones de financiación ilegal de su partido. Ciudadanos ya ha influido al PP en la Comunidad de Madrid para que tome medidas contra los imputados en este caso y, por el momento, lo ha conseguido en cumplimiento del pacto de investidura firmado con Cristina Cifuentes, presidenta autonómica.
Rato en el banquillo
Otra fecha clave es la del 23 de septiembre, días antes de las elecciones gallegas y vascas, en la que se inicia el juicio por las tarjetas black. Serán juzgados Rodrigo Rato y Miguel Blesa, pero entre los 66 procesados hay también antiguos consejeros a propuesta del PSOE y de Izquierda Unida. Está previsto que acabe el 7 de octubre, es decir, los días en los que Rajoy podría intentar una segunda investidura si fracasa el próximo 2 de septiembre. Rato, que fue vicepresidente del Gobierno con José María Aznar, tiene pendiente también dos juicios más, uno de ellos, sobre la salida a bolsa de Bankia.
Rato es uno de los iconos del PP, porque fue vicepresidente del Gobierno con Aznar y estuvo a punto de ser designado por este sucesor y candidato a presidente del Gobierno. La baza en este caso para el PP es que entre los juzgados hay exmilitantes de otros partidos, especialmente, del PSOE. “La corrupción nos está matando a todos”, declaró Aguirre el día de su dimisión, el pasado febrero. Varios miembros de la dirección del PP señalan que ya la corrupción está “amortizada” y que ya han pagado ese precio, Las urnas les dieron parcialmente la razón el pasado junio. Siguen lejos de los 10,86 millones de votos que obtuvieron en 2011 y parece que los porcentajes de entonces nunca volverán, pero empezaron la remontada. En la Comunidad Valenciana, epicentro de los escándalos, subieron dos escaños respecto a diciembre. En Madrid, escenario de la trama Púnica, otros dos.
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