Los pactos de Rivera con Rajoy y con Sánchez: similares, aunque con diferencias
Los acuerdos no se diferencian sustancialmente en materia laboral e impositiva. Se separan más en derechos civiles y sociales y en la reforma de la Constitución
El acuerdo de Ciudadanos con el PP no se diferencia sustancialmente del que firmó con el PSOE en materia laboral e impositiva, salvo por el nuevo Estatuto de los Trabajadores que quiso el PSOE y no concretó. El ingreso mínimo vital les separa en materia social. Pedro Sánchez y Albert Rivera sí suprimían las Diputaciones y apostaban por una reforma de la Constitución que ahora es muy limitada. Mariano Rajoy y Rivera no derogan la ley mordaza, pero sí paralizan la LOMCE
"De las 150 medidas de este pacto, cien están en el acuerdo con el PSOE”, dijo este domingo Albert Rivera. El acuerdo que ha suscrito con el PP presenta semejanzas con el que firmó con el PSOE, sobre todo en materia económica y laboral. Se separa en derechos civiles y sociales y en la reforma constitucional. En la comparativa entre ambos documentos se ha de tener en cuenta, además, que el nuevo es un acuerdo solo de investidura, y el que suscribió con Pedro Sánchez era de legislatura e incluso de Gobierno.
El acuerdo entre el PP y Ciudadanos tiene como punto primero el compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad de la UE. Ahí coinciden ambos; aunque no se dice nada ahora de renegociar con las autoridades comunitarias la senda de reducción del déficit, una medida a la que el PP también era favorable.
El régimen de contratación laboral es prácticamente idéntico en ambos acuerdos. Se establecen tres tipos de contrato: indefinido, de formación, y uno llamado de “protección creciente” con una indemnización que va aumentando según la antigüedad. Este último es parecido al contrato único propuesto por Ciudadanos. Tiene una duración máxima de dos años, ampliable 12 meses más, y una indemnización creciente equivalente a 12 días de salario para el primer año, 16 días el segundo año y 20 días el tercero.
El modelo laboral de Rajoy y Rivera incluye la llamada “mochila austriaca”, como con el PSOE, por la cual la empresa hace aportaciones a una cuenta bancaria que el empleado puede usar cuando es despedido o se jubila.
La mayor diferencia estriba en que el PSOE quiso aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, aunque no concretó en qué sentido. Según los socialistas, eso significaba que derogaban la reforma laboral del PP, pero Ciudadanos negó esa interpretación. El PSOE sí incluyó suprimir la prioridad del convenio de empresa sobre los convenios de ámbito superior. El salario mínimo interprofesional no se toca en este acuerdo con el PP, mientras en el del PSOE se subía al menos el 1%.
Revisión de leyes del PP sin derogarlas
Rajoy y Rivera revisan algunas leyes del PP pero sin derogarlas, y de forma más tibia que en el pacto con Sánchez. De la Ley mordaza se dice que se revisa para "mejorar diferentes aspectos de su regulación". Antes tumbaban los preceptos recurridos al Constitucional.
No se revoca la reforma del PP en materia de jurisdicción universal, ni la prisión permanente revisable, ni se deroga el artículo 315.3 del Código Penal sobre el ejercicio del derecho de huelga, como recogía el pacto con el PSOE. Se revisa “el funcionamiento” de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que con el PSOE se derogaba) y no se tocan los acuerdos con la Santa Sede.
Ambos pactos llevan un compromiso de no subir los impuestos a las rentas del trabajo y bajarlos cuando la situación presupuestaria lo permitan. No obstante, Rivera firmó con Sánchez una reforma “integral” del sistema tributario y que una comisión estudiaría “cómo mejorar la tributación de la riqueza”. Rajoy y Rivera han firmado rebajar el IRPF en dos puntos hasta dejarlo entre el 18% y el 43,5% cuando España esté por debajo del 3% de déficit. “Hasta entonces, en ningún caso se subirá el IRPF”, puntualizan.
La reforma del impuesto de sociedades para aumentar la recaudación está en ambos pactos (en el de Rajoy y Rivera esperan obtener así hasta 3.000 millones de euros). Les diferencia la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas que incluyeron Sánchez y Rivera, aunque solo se “estudiaría”. En ambos casos figura también el cumplimiento íntegro de la amnistía fiscal, cobrando a los defraudadores el 10% en lugar del 3%. Los dos recogen suprimir el “impuesto al sol” (autoconsumo energético).
El acuerdo entre Rajoy y Rivera incorpora un plan social por un importe global en toda la legislatura de 28.500 millones de euros, que incluye un complemento salarial a los sueldos bajos, un plan contra la pobreza infantil, la dación en pago y la igualación y ampliación del incremento de los permisos de paternidad y maternidad: en el primer año de legislatura, de 18 semanas a 22, y en el segundo hasta 26 semanas. Es el mismo modelo que con Sánchez, solo que entonces no se estableció un calendario. La diferencia fundamental es que el PSOE incluyó un ingreso mínimo vital como prestación no contributiva para familias sin ingresos. En este acuerdo las familias que no tengan ingresos percibirían solo el plan contra la pobreza infantil, que otorga 100 euros mensuales por hijo.
En materia educativa, Rivera ha arrancado a Rajoy la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE (como con el PSOE), y ha incluido un plan de gratuidad de libros de texto y aumento de plazas de cero a tres años.
Los dos pactos definieron que 12 de los 20 miembros del CGPJ sean elegidos por los propios jueces y no por el Parlamento. Las Diputaciones se suprimían en el acuerdo con el PSOE (aunque se sustituían por Consejos de alcaldes) y en este pacto se mantienen, aunque con una reducción de presupuesto de 1.000 millones. El Senado queda de forma similar: se acuerda transformarlo en una “estricta Cámara territorial” pero Sánchez y Rivera definieron un máximo de 100 senadores y con el PP el compromiso es una “reducción sustancial” de miembros.
La reforma constitucional les separa. Rajoy y Rivera han pactado una mesa de expertos para luego, si hubiera consenso, abrir una comisión constitucional. En el texto se habla de “actualización” del texto constitucional y no de reforma. Con el PSOE, Rivera pactó un plan de reforma constitucional que revisara también el Título VIII. Ambos se oponen a los referendos de independencia.
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